La Fiscalía Federal investiga posibles “maniobras de corrupción pública” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, que involucrarían a la droguería Suizo Argentina y a otras firmas proveedoras de medicamentos.
El fiscal Franco Picardi presentó un dictamen en el que delimitó la “plataforma fáctica del caso”, luego de que se levantara el secreto de sumario y tras la decisión del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, de designar un defensor oficial. Según fuentes judiciales, Spagnuolo presentó un escrito en el que solicitó defensa oficial, y resultó designado Hernán Silva.
En su dictamen, Picardi señaló que la investigación, por ahora, “se circunscribe a la investigación de posibles maniobras de corrupción pública desplegadas en el seno de la ANDIS desde diciembre del 2023 a agosto del 2025”. También busca “la determinación de sus características, el conocimiento respecto de su entramado y la identificación de sus responsables”.
Tras 20 días de secreto de sumario, la Fiscalía sostuvo que estos hechos “habrían ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado Nacional y, en particular, a los destinatarios de las políticas públicas de discapacidad”.
Según el dictamen, parte del esquema “estaría dado por el rol que le cupo” a la Suizo Argentina “y otras droguerías en la recaudación o erogación de pagos indebidos, destinados a funcionarios/as públicos/as del Gobierno Nacional”. Picardi advirtió que esto se habría concretado “a partir de la participación en procesos de compra y/o adquisiciones realizadas por ANDIS de forma irregular, con el involucramiento intencionado de funcionarios/as públicos/as”.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien aportó audios de Spagnuolo difundidos en la prensa. En esas grabaciones, el exfuncionario alude a supuestos pagos de porcentajes por parte de droguerías que terminarían en manos de funcionarios nacionales, mencionando a “Lule” Menem y Karina Milei.
Por su parte, la defensa de los dueños de la Suizo Argentina, la familia Kovalivker, pidió la nulidad de la investigación por considerar que esas grabaciones se obtuvieron de forma ilegal. El planteo deberá ser resuelto por el juez de la causa, Sebastián Casanello.
