El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, dispuso la suspensión de su aplicación hasta que el Congreso defina partidas presupuestarias específicas.
Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 —toda norma con erogaciones queda suspendida hasta incluir partidas— y el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a precisar fuentes de financiamiento.
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue enviado al Parlamento el 15 de septiembre, y que allí deberá definirse la asignación de recursos que permitan ejecutar la ley.
La norma había sido vetada en agosto mediante el Decreto 534/25, pero el Congreso insistió con los dos tercios necesarios en Diputados (20/8) y Senado (4/9). Finalmente, el 8/9 fue remitida al Ejecutivo para su promulgación.
Qué dispone la Ley (no ejecutable aún)
- Declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año.
- Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional. Será compatible con empleo registrado hasta dos salarios mínimos, se suspenderá automáticamente al superar ese tope y podrá rehabilitarse de inmediato. Las PNC vigentes se convertirán de oficio.
- Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y de las prestaciones contempladas en la Ley 24.901.
- Declara de interés público los servicios de los prestadores de la Ley 24.901 y establece una compensación de emergencia por la brecha entre aranceles e IPC (diciembre 2023–diciembre 2024). Fija aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y exige un estudio anual de costos.
- Amplía de uno a tres años la exención del 50% de contribuciones patronales a empleadores que contraten trabajadores con discapacidad, según el artículo 87 de la Ley 24.013.
- Fortalece a ANDIS en la gestión del CUD y en auditorías con debido proceso inclusivo. Además, obliga a presentar informes anuales de ejecución y pagos.
Cifras oficiales de financiamiento
El propio Ejecutivo estimó el costo de la ley en:
- Pensión No Contributiva por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 (0,26% del PBI) y $4,70 billones en 2026 (0,47% del PBI).
- Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 (0,07% del PBI) y $1,23 billones en 2026 (0,12% del PBI).
- Compensación a prestadores (art. 13): $278.323 millones (0,03% del PBI).
- Necesidad total de crédito en 2025: $3,02 billones (0,35% del PBI).
El crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales” asciende a $2,30 billones, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.
Qué queda frenado hasta que haya partidas
- Altas y conversiones de la nueva pensión no contributiva, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.
- Compensación a prestadores de la Ley 24.901 por la brecha aranceles–IPC y la movilidad respaldada en el Presupuesto.
- Incorporaciones al Programa Incluir Salud vinculadas a la nueva PNC.
- Despliegue operativo de ANDIS en auditorías y metas de transparencia condicionadas al financiamiento.
