La Legislatura bonaerense analiza un proyecto de ley que busca transparentar los aumentos de combustibles en la provincia, obligando a las empresas productoras y expendedoras a informar con al menos 72 horas de anticipación cualquier modificación en los valores de nafta, gasoil y gas natural comprimido.
El objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho de los consumidores a recibir información adecuada y veraz. “Los aumentos sorpresivos, de la noche a la mañana, afectan al trabajador, al comerciante, a quien utiliza el auto como herramienta de trabajo para llegar a fin de mes”, expresó la diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, al defender su propuesta.
Obligaciones para petroleras y estaciones de servicio
El proyecto establece que las empresas abastecedoras deberán notificar a la autoridad provincial cualquier cambio en los precios con al menos 72 horas de antelación. Las estaciones de servicio deberán publicar esas modificaciones en cartelería visible al público, en surtidores y en sus canales digitales oficiales con un plazo no menor a 48 horas antes de su vigencia.
Para garantizar el cumplimiento, se prevén sanciones económicas. Las petroleras que incumplan podrán recibir multas equivalentes al precio de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, se contempla la suspensión temporaria de la habilitación comercial. Por su parte, las estaciones de servicio podrían recibir multas equivalentes a entre 100 y 500 litros de nafta, además de la clausura preventiva si reinciden.
“Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras ni de los grandes operadores del rubro”, agregó Rasquetti durante la presentación del proyecto.
Fundamentación y antecedentes
El proyecto destaca que la derogación a nivel nacional de la obligación de informar los aumentos generó un vacío normativo que afecta a los usuarios. La provincia busca recuperar atribuciones en defensa de los consumidores, basándose en la Constitución Nacional y normas como la Ley 26.197 (“Ley Corta de Hidrocarburos”).
El texto también recuerda fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como Provincia de La Pampa c/ Mendoza (2017), que ratificaron la titularidad provincial sobre los recursos naturales y la potestad de adoptar medidas de control. Además, menciona la jurisprudencia del caso Halabi (2009), que reafirmó el carácter colectivo del derecho a la información.
Rasquetti subrayó: “El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás. Por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados”.
El proyecto también establece que las multas en litros de nafta se actualizan automáticamente, evitando que pierdan eficacia frente a la inflación y asegurando que la norma mantenga su capacidad disuasiva a lo largo del tiempo.
Próximos pasos
Si la ley se aprueba, entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo provincial definirá la autoridad de aplicación y podrá firmar convenios con municipios para fiscalizar el cumplimiento.
Rasquetti enfatizó que la iniciativa forma parte de una agenda destinada a “recuperar el rol del Estado como regulador, protector y garante de derechos”. Y agregó: “Los bonaerenses no tenemos que ser rehenes de las decisiones de cuatro empresarios petroleros que suben los combustibles saqueando la economía de cada familia”.
Con este proyecto, el massismo busca instalar un tema sensible para consumidores y empresas, en un contexto donde los precios de los combustibles impactan directamente en el transporte, la producción y la vida económica de la provincia.
