09.05.2018 - 17:29 | Política

Para el Massismo: “Detrás del aumento de las tarifas hay un gran negociado"

Durante el debate por el proyecto de "Emergencia Tarifaria", elaborado por los bloques del Frente Renovador y Argentina Federal, el cual elimina las subas en las facturas de los servicios públicos en 2018 y condiciona nuevos aumentos al alza salarial, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscan aprobarlo. Sobre este tema, la presidenta del Bloque del FR, Graciela Camaño, aseguró: “El Congreso puede y le corresponde actuar, porque tiene la potestad constitucional para proteger los derechos de los usuarios”.

Durante el debate por el proyecto de "Emergencia Tarifaria", elaborado por los bloques del Frente Renovador y Argentina Federal

En el marco del debate en la Cámara de Diputados donde se busca darle media sanción al proyecto que busca limitar los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de acuerdo a la variación salarial, Camaño expresó: “Queremos que quienes hoy votan, lo hagan sabiendo que atrás de todo este proceso de incremento de tarifas hay un tremendo negociado. Que nadie venga a decirnos que somos demagogos, o que vamos atrás de tal o cual”.

“Hay una rentabilidad excesiva e irracional por parte de las empresas de servicios. Se logró cartelizar el precio de los servicios. No hay compromiso de inversión. No hay absolutamente nada”, precisó.

Y añadió: “Lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad, lo estamos haciendo desde el minuto uno, con mucha dedicación y mucho trabajo, con los equipos técnicos observando, como corresponde que lo haga el Congreso de la Nación, como Poder de una Estado Republicano. Y como Poder Republicano, estamos haciendo nuestro trabajo de controlar al Estado. Lo que están haciendo es vergonzoso, y los argentinos ya no toleran más tanta mentira”.

Por último, destacó: “Si algo queda claro, es que este Congreso tiene la autoridad para proveer protección a los ciudadanos. El Congreso puede y le corresponde actuar, porque tiene la potestad constitucional para proteger los derechos de los usuarios. Tenemos que prestar atención a la equidad social y a la capacidad contributiva, a la realidad, esa que nosotros como legisladores no podemos obviar".