El letrado, como ante muchos otros defensores en otras causas penales que también fracasaron con ese planteo, había impugnado la constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito, porque invierte la carga de la prueba y el imputado debe demostrar su inocencia.
Jaime fue procesado por supuesto enriquecimiento ilícito por el juez federal Sebastián Casanello, quien consideró que el ex funcionario no pudo justificar con sus ingresos y declaraciones juradas el multimillonario incremento de su patrimonio.
