Para Di Lello, Macri incurrió en los delitos de asociación ilícita y falsedad ideológica de instrumento público en la intervención telefónica a su cuñado Néstor Daniel Leonardo.
Por los mismos delitos, pero en más casos (escuchas a Sergio Burstein, al empresario Carlos Avila y a dos gerentes del hipermercado Coto) Di Lello requirió la elevación de la causa a juicio con respecto a Palacios y James.
El fiscal atribuyó a Narodowski haber introducido a James en la estructura del Ministerio de Educación porteño, donde no registraba tareas, pagándole con fondos del Estado, lo que Di Lello calificó como administración fraudulenta.
Según el fiscal el ex juez de Posadas Luis Rey fue uno de los dos magistrados de esa capital (el otro, Horacio Gallardo, falleció durante la investigación) que autorizaron las escuchas ilegales, por lo que lo responsabilizó por asociacion ilícita, violación de secreto y prevaricato.
El requerimiento de elevación a juicio se completó con los nombres de los comisarios Raúl Alberto Rojas, Rubén Quintana, David Santiago Amaral y Antonio César Fernández, quienes, para el fiscal, cometieron abuso de autoridad, violación de sus deberes y falsedad ideológica de documento público.
Fuentes vinculadas a la fiscalía indicaron que todos quienes fueron objeto del pedido de juicio por asociación ilícita serían integrantes de “la misma comunidad delictiva”.
Según constancias del sumario que instruye Oyarbide, los teléfonos eran intervenidos por la oficina de observaciones judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con órdenes que Rey y Gallado emitían por pedidos policiales sobre supuestas investigaciones, fraguadas para esos fines.
En abril de 2010, el Jurado de Enjuiciamiento de Misiones destituyó a Rey y Gallardo por incumplimiento de los deberes a su cargo, tras concluir que no controlaron la operación de las escuchas e incurrieron en irregularidades.
En julio de 2010, al confirmar el procesamiento de Macri (medida luego ratificada en Casación Penal), la Sala I de la Cámara Federal acotó que el jefe de gobierno porteño “conoció y prestó su conformidad para instalar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires un aparato de inteligencia prohibido, del cual se habría servido”.
Para los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, para eso fue contratado Ciro James -ex policía- en el Ministerio de Educación de la ciudad como asesor, tarea que nunca realizó y para la que no contaba con antecedente alguno, de acuerdo con las pruebas de la causa.
Los camaristas dijeron que la prueba de que Macri está implicado en la causa son las escuchas a su cuñado y a Burstein, éste un crítico del jefe de gobierno. (Télam)
