Explicaron que la Policía Judicial, "es un viejo proyecto cerrado en la década del '60 y que fue nuevamente tratado –y aprobado- por la Constituyente del año 1994, que plantea como una de las reformas institucionales indispensables desplazar a la Policía Bonaerense de la instrucción de los expedientes penales, evitando de este modo la práctica recurrente del armado de causas".
Concretamente plantea que la policía dependa directamente de la Suprema Corte, "para desplazar a la Policía Bonaerense de la instrucción de los expedientes penales y de esta manera evitar algunos vicios del Poder Ejecutivo en la práctica recurrente del armado de causas".
En cuanto al informe anual de la Comisión, Cañón comentó que "realiza una evaluación sobre lo que tiene que ver con la tortura, una práctica que tenemos que hacer cada vez más visible porque los gobiernos tratan de naturalizarlas como hechos aislados y le quitan importancia".
"Por eso dentro del estudio nos referimos a las políticas penitenciarias, de seguridad y niñez en las provincia de Buenos Aires, pero hacemos hincapié en las prácticas de las fuerzas de seguridad y las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro: cárceles, comisarías e institutos de menores", aseveró.
El documento da cuenta de "un incremento en la persecución policial sobre los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables a través de detenciones sin orden judicial", y considera como "pilares de problemas a superar, el discurso de mano dura y la demagogia punitiva, el autogobierno policial y la falta de transformación de la policía, el Servicio Penitenciario bonaerense y los cuerpos de custodia de los jóvenes".
"Somos conscientes de que la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerenses son verdaderas corporaciones y como tal actúan y defienden sus poderes arbitrarios", expresa el informe en uno de sus puntos.
Sostiene además que el Gobierno provincial "ha profundizado políticas de seguridad basadas en la mano dura y la demagogia punitiva". Asimismo, alerta que en 2010 "se dispusieron cambios que incrementaron el autogobierno de las fuerzas policiales, y en ese sentido se inscriben la unificación de las carteras de Seguridad y Justicia y la delegación en el Jefe policial del diseño de políticas relacionadas con la seguridad pública". También señala que "los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo", sino que "son las iniciativas dirigidas a la inclusión social las que posibilitan que los jóvenes construyan proyectos de vida".
La Comisión reafirma así los postulados del Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). Respecto de la situación carcelaria, el informe asegura que, no obstante la construcción de nuevas cárceles y alcaidías, el nivel de sobrepoblación sigue siendo crítico. "El sistema penitenciario, conforme estándares internacionales, determinó que su capacidad de alojamiento es de 15.600 plazas y en la actualidad en la provincia el número de personas detenidas al mes de marzo de 2011 es de 26.971 en 55 cárceles y 2.433 en más de 300 comisarías, el doble de personas que podría alojar legítimamente", concluye el documento.
