El decreto reconoce la existencia de un sistema de transporte público fluvial con crecimiento exponencial de los costos unitarios de explotación, por lo cual resultaba necesario y urgente la creación de un sistema de compensaciones que cubriera el desequilibrio entre ingresos y egresos de las empresas transportistas.
Además, se designa a la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Buenos Aires como autoridad competente para la formulación de un procedimiento de liquidación y distribución, a través de la aplicación de una metodología de cálculo de costos de operación.
Asimismo, se reconoce la importancia de este servicio para la población del Delta y para el turismo de la zona, y también se especifica que es incumbencia del Estado garantizar la prestación del mismo, preservando su economía sin imponer recargos excesivos al usuario particular.
Este es, sin dudas, un paso muy importante hacia un sistema de transporte público fluvial de pasajeros eficiente, ordenado y económico para todos los habitantes y visitantes del Delta.
