Paralelamente, Bonadío, que investiga la tragedia ocurrida el 22 de febrero en el andén 2 de Once, en donde murieron 51 personas al impactar una formación contra el paragolpes de la terminal, rechazó una apelación a su decisión de considerar al Estado nacional parte querellante en el caso.
"No se descarta que con la difusión de esos datos parciales se quiera construir e imponer mediáticamente una versión que luego no se ajuste con la realidad que determinen los distintos peritajes o constancias de la causa respecto de los hechos investigados", advirtió Bonadío en la resolución sobre el secreto pericial a la que accedió Télam.
De esta manera, según el juez, quedan estos peritajes confrontados con la “imagen mediáticamente construida” que el conjunto de la población se haya hecho".
"Atento la proliferación de noticias muchas de ellas parciales o contradictorias", consideró el juez, se hizo necesario imponer el secreto de sumario hasta que esté concluida.
Bonadío prohibió ayer la salida del país del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, de los directivos de Trenes de Buenos Aires, la empresa concesionaria del ferrocarril Sarmiento, entre ellos su titular Claudio Cirigliano, del responsable de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Eduardo Sicaro, y de otros posibles futuros imputados en la causa.
Además, esta mañana rechazó una apelación del abogado Gregorio Dalbón, que representa a uno grupo de sobrevivientes del accidente, contra su decisión de considerar al Estado querellante en la causa por entender que "el remedio procesal intentado por el apelante para perseguir la separación de unos de los querellantes no es el correspondiente" ya que "el recurso de apelación no es la vía apta para cuestionar la admisión del querellante o, dicho de otro modo, para obtener su separación una vez admitido como tal".
"Por otro lado, el querellante carece de la facultad para interponer la vía recursiva, toda vez que solo quien soporta el proceso, es decir, el imputado o su defensa, pueden oponerse a la intervención de las partes acusadoras" explicó Bonadío.
La decisión podrá ser recurrida en queja dentro de los tres días de ser notificada ante la Cámara Federal porteña por parte de Dalbón.
