“Hay mucha gente ya con proceso penal abierto. Las causas que aglutinaban llamados (con intimidaciones) son 120, tanto en el orden federal como en el provincial”, señalo Ritondo, quien subrayó que las autoridades bonaerenses iniciarán una “causa civil contra los padres para que se hagan responsables” porque “lo que le cuesta al Estado estas cosas que creen que son una broma es muchísimo”.
“Más de 12 lugares distintos con chicos fueron allanados. Hay lugares con mayores que están siendo allanados también y todos los días tenemos entre 15 y 20 allanamientos de la justicia provincial y federal, operativos vinculados con las amenazas a escuelas”, enfatizó el funcionario.
El gobierno provincial anunció el último viernes que promovería demandas por daños y perjuicios contra los padres de aquellos alumnos menores de edad que sean identificados como autores de amenazas de bombas a las escuelas, tras el aumento exponencial que se verificó desde el inicio de septiembre en este tipo de intimidaciones.
Al respecto, trascendió que entre el último jueves y el pasado lunes se sumaron alrededor de 400 llamadas al 911 por amenazas en escuelas, lo que elevó la cifra a 2.800, publica el Diario Popular.
En tanto, la Policía demoró este miércoles a cuatro personas tras distintos operativos llevados a cabo en las zonas oeste y sur del Conurbano bonaerense por realizar falsas amenazas de bombas en escuelas.
Ante la gran cantidad de amenazas a escuelas, el gobierno bonaerense dispuso que los directores deberán denunciar las situaciones de conflicto graves en los establecimientos, que vulneren los derechos de los alumnos o configuren delitos dentro de la institución.
En el caso de amenazas de bomba, esta denuncia “le permitirá a la Dirección de Escuelas actuar como querellante en la investigación judicial que se lleve adelante para detectar los autores de la amenaza”, se explicó, agregando que “se estableció un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a las escuelas”.
El protocolo establece que al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo del establecimiento que recibió la amenaza “deberán formular de inmediato la denuncia en la aplicación ‘provincia seguridad', en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía de turno”.
