La JIFE que es un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas, se estableció en el año 1968 y con su publicación anual, brinda un examen exhaustivo de la situación en materia de fiscalización de drogas en varios países del mundo, trata de detectar y prever tendencias peligrosas y sugiere medidas que pudieran ser necesarias para implementar.
Werner Sipp, presidente de la JIFE, señala que “se trata de cambiar las percepciones y recordar a las personas, en particular a los encargados de formular políticas, la importancia de proteger los derechos de las mujeres que consumen drogas o que han cometido delitos relacionados con las drogas, así como los derechos de sus familias”.
Según el informe publicado este jueves, las mujeres y las niñas constituyen una tercera parte de los consumidores de drogas a nivel mundial, y sus niveles de consumo son más elevados en los países de ingresos altos.
Sin embargo, se indica que, sólo una quinta parte de quienes reciben tratamiento por abuso de drogas son mujeres, ya que para acceder a él deben superar importantes obstáculos sistémicos, estructurales, sociales, culturales y personales.
“Nuestro informe muestra que, para poder aplicar políticas eficaces y amplias, se debe atender a las necesidades de las mujeres y abordar los obstáculos que les impiden acceder al tratamiento, entre ellos el estigma”, explica Sipp.
Y agrega: “El objetivo fundamental del sistema de fiscalización internacional de drogas sigue siendo la protección de la salud y el bienestar de la humanidad, y debe garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias sicotrópicas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su tráfico, cultivo y producción ilícitos y uso indebido”.
Tras el relevamiento realizado durante el año pasado en diferentes países, la FIJE condena la persecución extrajudicial de personas presuntamente implicadas en actividades ilícitas relacionadas con las drogas; exhorta a los Estados a abolir la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas; y alienta a los Estados a que consideren medidas sustitutivas de la privación de libertad por delitos leves relacionados con las drogas.
“Las medidas sustitutivas de la privación de libertad para delitos relacionados con las drogas siguen infrautilizándose”, se destaca en el informe y se remarca que los tratados de fiscalización de drogas no disponen que se deba encarcelar a los consumidores de drogas ni a las personas que cometen delitos leves relacionados con estupefacientes.
Asimismo, reafirma que la legalización del cannabis con fines no médicos es incompatible con las obligaciones jurídicas internacionales.
