La gobernadora María Eugenia Vidal ordenó a su gabinete gestionar con el objetivo de salir a ganar las elecciones en la provincia este año para “ratificar el rumbo” y los docentes plantean uno de los mayores focos de conflictividad.
Tras haber acordado un aumento de sueldo del 18% en noviembre con los estatales para 2017 -con una cláusula de ajuste por inflación-, la Provincia tendrá que llegar a un punto común con Baradel, jefe de Suteba, y los otros cuatro secretarios generales del Frente Gremial Docente Bonaerense.
La batalla está planteada: el sindicalismo denuncia un ajuste sobre la educación pública y los funcionarios responden que sólo están cambiando viejas estructuras que llevaron a la educación a uno de sus peores momentos en la historia del país.
El sindicalismo expresó este año su rechazo a la reciente resolución que prohíbe la actividad político partidaria en los edificios escolares durante fines de semana o feriados, decisión
tomada después de que se vieran banderas de La Cámpora flameando
junto a la de Argentina en establecimientos.
En el Gobierno provincial señalan, en ese sentido, a Suteba como responsable de actividades de “nítido adoctrinamiento, una bajada de línea unívoca, contraria al necesario pensamiento amplio y reflexivo” en las escuelas.
Y consideran puertas adentro del Gabinete que Suteba planteará un enfrentamiento abierto como nunca antes, con acusaciones fuertes como la “utilización de chicos y su futuro, su educación, como rehenes”.
“Si no hay paritaria nacional, habrá conflicto”, avisó Baradel, y desconoció las meras motivaciones políticas, pero en el Gabinete de Vidal insisten en que su objetivo es “deformar” la paritaria y hacerla tribuna opositora.
Los asesores más cercanos de Vidal están convencidos de que Baradel querrá levantar su perfil este año porque busca el sillón de la CTA unificada a partir de 2018, tras el retiro de Hugo Yasky y Pablo Miceli.
“A Scioli no le hicieron paros en 2015 porque era su candidato”, se escucha en los pasillos de estilo renacentista de la casa de gobierno provincial, centro de observación y armado de estrategias del “vidalismo” para el 2017 electoral.
La desconfianza oficial para con Baradel es total, dado que se opuso a todas las propuestas de la actual gestión, como el operativo Aprender y el plan de Formación Docente Permanente, que pone en jaque a los cursos que dictan los sindicatos y por los cuales los afiliados deben abonar $800 para materiales.
Baradel también denunció déficits del Servicio Alimentario Escolar, pero en el Gobierno lo niegan y sostienen que el sindicalista “esconde” el dato que el por el servicio de almuerzo a la llegada de Vidal se abonaban 6,30 pesos, mientras que en 2016 fueron 12 pesos y este año aumentará un 30%.
El gobierno provincial está impulsando la nominalidad del sistema educativo para informatizar los datos de cada uno de los alumnos, sus características socioeconómicas y si reciben algún tipo de asistencia o beca estatal.
Entienden que esa nominalidad es imprescindible, también, para construir las bases de datos de los beneficiarios del Boleto Estudiantil, y completar su dificultosa implementación sobre todo cuando se trata de viajes interjurisdiccionales.
Pero también esa informatización es clave para que el Estado pueda controlar en el “minuto a minuto” el ausentismo docente y el impacto de, por ejemplo, una medida de fuerza, además de eficientizar la cantidad real de docentes por alumnos en cada una de las instituciones.
Sin medias tintas, afirman funcionarios que la actual información, una “niebla” encerrada en cientos de miles de planillas manuales, permitió “inflar ficticiamente el número de alumnos y, de su mano, los cargos docentes asignados”.
Tras llegar al Ejecutivo, la gestión de Vidal detectó escuelas con 18 personas cobrando el sueldo de director y, afirman los asesores de la gobernadora, las carencias del propio sistema permiten un ausentismo superior a toda instancia.
Baradel y toda la conducción de Suteba niegan abiertamente estas acusaciones y contraatacan con que la gestión de Vidal busca tapar que el año pasado los docentes perdieron “cerca del 15%” del poder adquisitivo de sus salarios.
Y cuestiona también Baradel, con apoyo de gremios como UDA, Sadop, CEA y AMET, que el gobierno bonaerense está especulando con los tiempos electorales porque ya debería haber convocado a la paritaria docente como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.
Del otro lado, en La Plata, responden que son los sindicatos los que no quieren sentarse a negociar hasta no tener en manos el dato de inflación de enero y estiman que la paritaria será convocada el próximo lunes 6 de febrero.
La disputa salarial podría, así, empantanarse en el barro político y el inicio de las clases previsto para el 6 de marzo es, hasta ahora, un misterio.
