Al ala kirchnerista del PJ-FPV, que demandó cambios al proyecto desde un principio, se les sumaron el Interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá, senadores del interbloque UNA e independientes como Lucila Crexell, del MPN, sumando un total de 44 voluntades.
El oficialismo, en consecuencia, votó en contra de todas las modificaciones durante la votación en particular mientras que el sector del PJ-FPV que tenía pensado acompañar la aprobación de la ley se acopló a la mayoría opositora que reclamaba cambios.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, establece que “toda persona humana o jurídica, pública o privada” puede solicitar información pública sin necesidad de contar con un patrocinio legal ni exponer la motivación de su solicitud.
También señala que están obligados a brindar información los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos y el Banco Central, entre otros.
La neuquina Lucila Crexell, del MPN, pidió que “se elimine el inciso que excluye” del régimen de acceso a la información “a las sociedades anónimas con capital mayoritario del Estado que coticen en bolsa”, como puede ser el caso de YPF, y esa modificación fue aprobada.
Este cambio fue muy criticado por el oficialista Federico Pinedo, quien sostuvo que “si la empresa tiene participación mayoritaria del Estado, que tiene que competir en la Argentina y en el mundo, le tiene que abrir toda la información a su competencia”.
Crexell, conjuntamente con Mario Pais, del PJ-FPV, respondieron que las empresas pueden hacer uso de la excepciones contempladas en el proyecto, referidas a información sensible o información en disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF).
“No hay ningún elemento que pueda alterar a las empresas”, concluyó Pais.
El proyecto crea además la Agencia de Acceso a la Información Pública como órgano encargado de dar curso a los pedidos de información,cuyo director será designado por el Poder Ejecutivo, que también podrá removerlo del cargo, lo que también fue modificado.
En este sentido, se estableció que el director de ese órgano debe contar para su designación con el acuerdo del Senado y, en segundo lugar, se eliminó un artículo que establecía que los funcionarios de esa Agencia no podía haber ejercido cargos electivos ni partidarios en los cinco años previos a su designación.
El proyecto determina que el Estado debe brindar la información requerida -a menos que se trate de datos relaciones con la seguridad nacional- dentro de un período de 15 días, con posibilidad de una prórroga de 15 días más
