Luego de conocerse denuncias en la Justicia presentadas por empleados y profesionales de la obra social, que describen un mecanismo aceitado entre empresas prestadoras de servicios y la falta de controles, en el bloque massista consideran que será primordial que el Ejecutivo provincial avance con la intervención del organismo.
En ese sentido, Garate aseguró que “el gobierno de Daniel Scioli dejó una deuda con el IOMA de 2.600 millones de pesos” y “de ahí la sospecha de que se habrían cometido serias irregularidades sobre todo en concepto de sobreprecios”.
“Cabe destacar que integran el actual Directorio representantes de los gremios que habrían convalidado los hechos que se denuncian en la Justicia. Para poder separar a esos funcionarios, la única manera es la intervención”, enfatizó el diputado del Frente Renovador.
Y completó: “Ya han pasado 100 días del cambio de gobierno y hay hechos demostrados que determinan rápidamente los motivos de una intervención, como la que autorizamos a realizar mediante este proyecto”.
Sobre los hechos denunciados que requieren una pronta investigación, Garate recordó que “medios periodísticos han dado cuenta recientemente de que existirían intentos de parte de autoridades del IOMA de eliminar unas 4 mil cajas con documentación muy valiosa relacionada a negociados realizados con medicamentos oncológicos de alto costo y recetas truchas”.
El proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados dispone que el interventor del organismo deberá ser designado por el gobierno provincial y tendrá las facultades y deberes del Presidente y Directorio.
La norma también obliga a contratar una Auditoría Externa de gestión y de corte para saber el estado real en que se encuentra la obra social y realizar los sumarios administrativos disciplinarios pertinentes.
Por otra parte, indica que se deberá conformar una Comisión Bicameral con equipos técnicos interdisciplinarios para realizar los estudios e investigaciones sobre irregularidades y hechos de corrupción que habrían ocurrido en el IOMA e identificar a los funcionarios, empleados o actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esas acciones irregulares.
