Para el CELS, el fallo de Casación fue "un claro mensaje al Poder Ejecutivo provincial y a la Policía Bonaerense sobre la necesidad de prohibir el uso de armas de fuego ante situaciones de protesta o conflictividad social como en este caso".
El 3 de febrero de 2011 un tren descarrilló, vecinos quisieron apoderarse de la mercadería que llevaban y, tras un operativo policial, murieron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, con disparos policiales, mientras que un tercer joven, Joaquín Romero, de 19 años, resultó herido. En marzo de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Martín condenó al subteniente de la Policía Bonaerense Gustavo Vega a siete años de prisión por la tentativa de homicidio simple de Joaquín Romero y absolvió al sargento Gustavo Rey por el homicidio de Mauricio Ramos y Franco Almirón.
Pero ahora la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad, según informó el CELS.
En un comunicado, la entidad advirtió que Casación ubicó a Rey en el lugar de los hechos a través de testigos y pericias, mientras que responsabilizó a Vega por el mismo delito pero "calificado por abuso de la función policial y por el empleo de arma de fuego". "La decisión de la Cámara de Casación Penal es un mensaje claro dirigido a los jueces sobre cómo hay que interpretar situaciones en las que la intervención policial con armas de fuego en conflictos sociales ocasiona muertes", sostuvo el CELS.
Según señaló, "el fallo reafirma que los policías que usan la fuerza letal en estas situaciones deben ser condenados con un plus de disvalor por haber abusado de la función que tienen" y "es también un claro mensaje al Poder Ejecutivo provincial y a la Policía Bonaerense sobre la necesidad de prohibir el uso de armas de fuego ante situaciones de protesta o conflictividad social como en este caso".
"Este fallo de segunda instancia muestra la necesidad de que los tribunales juzguen de forma más estricta las violaciones a los derechos humanos en las que se pone en juego el derecho a la vida y a la integridad física de los sectores de la sociedad que sufren la violencia policial en la vida cotidiana", se destacó.
El CELS añadió que "las autoridades del Departamento Judicial de San Martín deben profundizar la investigación para dar cuenta de la responsabilidad de los superiores jerárquicos de los policías Vega y Rey, por la planificación y la ejecución del operativo violento, así como por el intento de encubrimiento posterior".
