Incluso, la agrupación aseguró que “es de lamentar que el gobierno bonaerense, a pesar de los años, persista en su enfoque punitivista, como si con las reformas legales, con el incremento de la prisionización y con la construcción de nuevas cárceles automáticamente se pudiera mitigar la criminalidad”.
“Peor todavía. Se recurre a la convocatoria de personal policial y penitenciario retirado, cuando no se sabe a ciencia cierta cuántos de esos efectivos fueron dados de baja de esas reparticiones provinciales, durante la gestión de León Arslanian, a raíz de fundadas sospechas de corrupción o de complicidad criminal”, se añadió.
La agrupación sostuvo también que la decisión de restringir por un año “el derecho excarcelatorio de las personas sometidas a proceso penal” viene “desde las épocas de Carlos Ruckauf y Felipe Solá”, aunque “hasta el presente no pudo reducir los índices de criminalidad, aun cuando duplicó el encierro penitenciario, en muchos casos bajo condiciones de infrahumanidad que fueran motivo de reiteradas denuncias ante organismos interamericanos por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)”.
Para la entidad, encabezada por los jueces Pedro Rodríguez y Adriana Lucía Nanni, “las medidas relativas al narcotráfico, más allá de su eficacia, son de la competencia exclusiva de la justicia federal (salvo los delitos menores y de mediana gravedad en materia de estupefacientes), por lo que mal puede la provincia de Buenos Aires legislar o disponer sobre la materia”.
“Y lo propio sucede respecto de la pretendida equiparación entre los delitos de tenencia y portación de armas, así como entre los calibres de las armas civiles con las armas de guerra, pues son incumbencias que le corresponden, con exclusividad, al Congreso de la Nación (art. 75 n° 12 de la Const. Nacional)”, se añadió.
En ese marco, la Red de Jueces Penales bonaerense afirmó que “las medidas anunciadas por el gobernador lejos de aplacar la acuciante situación en materia de seguridad, van a generar nuevos problemas para la provincia no sólo a raíz de la superpoblación y el hacinamiento carcelario (en la mayoría de los casos, “presos sin condena”), sino también por el retorno a la actividad (policial y penitenciaria) de efectivos que, en su momento, fueron dados de baja por la existencia de fundadas sospechas de corrupción o complicidad criminal”.
