Durante el cónclave, los empresarios decidieron no tomar una decisión conjunta y dejar la adhesión al congelamiento de precios dispuesto por el gobierno a cada una de las empresas asociadas.
La reunión se desarrolló dentro de un “clima armónico” y aunque se llegó a una posición común, surgieron diferencias entre los hombres de negocios sobre dos puntos, según trascendió.
El presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, consideró que el “congelamiento es un acuerdo entre supermercados, por lo que hay que ver cómo se manejarán con sus proveedores”.
“Todos queremos estabilidad macroeconómica y no queremos inflación”, indicó el directivo.
Para algunos industriales de la alimentación todo dependerá del precio de los insumos que componen los costos. “Los insumos no cuestan lo mismo aquí en la zona metropolitana que en el interior del país por lo que resulta imposible asegurar los mismos precios”, destacó un representante de una empresa del norte del país.
Otro empresario explicó que existen productos que cuentan con un mayor porcentaje de insumos importados y otros que cuentan con una mayor utilización de la cadena de frío o bien de los costos de logística. “Es muy difícil uniformar a todos los productores de alimentos, cada uno tiene una incidencia distinta en su costos. Tampoco es lo mismo, un productor de alimentos que un fabricante de bebidas”, detalló uno de los presentes.
El otro punto donde no hubo convergencia fue en como enfrentará el sector empresario las próximas negociaciones salariales donde existen diferentes categorías de remuneraciones, lo cual conlleva a una incidencia diferente en los costos de producción.
Funes de Rioja indicó que el acuerdo de precios por 60 días que el Gobierno selló con supermercados, “dará lugar a conversaciones con proveedores” para garantizar que los precios no se muevan.
El empresario consideró también que “no sé si cada sector puede mantener y sostener los precios”. Además, evaluó que las paritarias del sector de la alimentación, que arrancarán el mes próximo, “deben tener en cuenta los objetivos de competitividad de las empresas”, por lo cual reclamó “razonabilidad” a los reclamos de los sindicatos del sector.
Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó su “rotundo desacuerdo con los controles de precios establecidos por el gobierno nacional”.
En un comunicado, la SRA remarcó que “instaurar el control de precios como medida para frenar la inflación que carcome los ingresos de la población ya ha demostrado su fracaso a lo largo de nuestra historia”.
“La inflación no se frena a través de la prohibición de la publicación de las ofertas de los supermercados en los diarios. La inflación no se frena a través de un relato mentiroso que busca el silencio de quienes opinan diferente, ni con actitudes contrarias a la libertad de expresión. Si realmente se desea frenar la inflación, el gobierno debería solucionar los graves desajustes macroeconómicos y otorgar incentivos para la producción en un ambiente amigable para invertir”.
