Según los opositores, el Pacto Fiscal de 1992 estableció una cesión del orden del 15 por ciento de fondos coparticipables para financiar el sistema de Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).
Cuando el sistema previsional regresó al Estado, ese acuerdo debió haber cesado, lo que -indica la presentación- le habría permitido al gobierno bonaerense obtener sólo en 2012 unos 5.200 millones de pesos adicionales a su presupuesto.
"Las circunstancias que generaron el aporte solidario de las provincias cambiaron sustancialmente, por lo tanto pedimos la devolución de esos fondos que son imprescindibles para el presupuesto provincial para los servicios esenciales de salud pública, educación, seguridad, justicia, rutas, entre otros", sostuvieron los legisladores.
