En febrero se derivó a los jóvenes alojados en Marcos Paz hacia los pabellones A y B del Complejo Federal de Jóvenes Adultos (Unidad Carcelaria 24), pero el juez dictó de todas formas un fallo para evitar futuras situaciones similares en el encierro de detenidos de esas edades "con alta potencialidad conflictiva".
Lo curioso es que el juez valoró los esfuerzos de las autoridades del SPF para solucionar una situación que, según el propio magistrado, es de por sí compleja.
"Se observa un concreto mejoramiento del abordaje que se dispone sobre los internos y también claros esfuerzos de los profesionales actuantes, tendientes a brindar una contención psicológica y humana a dichos jóvenes" y "no me escapa que la labor emprendida resulta dificultosa", reconoció Salas.
Pero advirtió en el fallo al que accedió DyN que "resulta imperativo que el SPF adopte nuevas medidas tendientes a mejorar la contención que hasta el momento se realiza con relación a aquellos jóvenes que presentan problemáticas con la adicción a estupefacientes, más precisamente con relación a la escasa cantidad de cupos que en la actualidad se encuentra en el Centro de Rehabilitación de Drogodependientes".
"Dada la complejidad que conlleva el objeto de estos actuados y la disparidad de criterios" entre el SPF y los denunciantes, "estimo necesario fijar a los fines indicados un plazo ordenatorio de sesenta días corridos para elaborar un protocolo con puntos de acuerdo básicos atendiendo a los parámetros que emanan de la presente decisión", dijo el juez.
Así, el SPF deberá trabajar con la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que fueron parte de la causa.
En noviembre pasado la Procuración, a cargo de Francisco Mugnolo, denunció que internos del Pabellón 3 del Módulo residencial V (Unidad 24 SPF) del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz estaban siendo "sometidos a un régimen de sectorización que implicaba un encierro en celda individual de tiempo excesivamente prolongado".
Según la causa, los jóvenes permanecían encerrados en esas celdas de dos metros por tres durante 22 horas y media diarias porque tenían "características 'conflictivas' o problemas para convivir con el resto de la población".
Los jóvenes "no podían contactarse con sus familiares ni con sus abogados, por impedimentos de horarios", mientras también se veían perjudicados en el "desarrollo de actividades educativas, recreativas y laborales", decía la denuncia.
Salas pidió diligencias en la causa, como los antecedentes penales e informes de conducta de los alojados en esas celdas.
De allí se desprendía que, entre el grupo, uno de los ellos estaba procesado por una decena de graves delitos, otro había atacado a un policía por qué sí en la calle ("esta vez te salvaste 'cobani' de mierda, en la próxima te la doy", le dijo), y había otro joven que provocó un incendio en un pabellón.
El SPF explicó que la derivación en ese sector era "una medida transitoria y excepcional frente a los reiterados hechos de violencia registrados" y respondía a "la necesidad de buscar una solución alternativa" a una "situación crítica".
Además negó una "segregación" y explicó que se buscaba "reducir la violencia y aspirar a la protección de la integridad física y la vida de todos los privados de libertad".
Al analizar todo el escenario, el juez enfatizó el agravamiento de una detención 22 horas y media de encierro, pese a que los alojados allí no hayan sufrido -según se reportó- consecuencias psicológicas.
Y destacó que "más allá de la obligación de garantizar los derechos de que debe gozar toda persona privada de su libertad", la ley impone especial atención en los jóvenes adultos para que accedan a aéreas de educación, "aún teniendo en cuenta el desinterés que expresamente alegaron algunos internos".
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