La norma establece una pensión de 6000 pesos para aquellos que durante la última dictadura militar fueron condenados por un Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
También es otorgada a sus hijos, si eran menores al momento de la detención y quedaron bajo el cuidado de otras personas.
Para otorgar la pensión se utiliza como base el Registro Provincial de ex-presos políticos, impulsado por la Provincia "con el objetivo de conocer la cantidad potencial de beneficiarios y además realizar aportes al esclarecimiento de sucesos ocurridos durante la última dictadura".
Hasta el momento son 1602 los beneficiarios de la ley 14.042 registrados en la provincia de Buenos Aires, de los cuales el 75% son hombres y el 25% restante, mujeres.
A su vez, los beneficiados reciben la cobertura del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de manera gratuita.
