El 30 de abril de 2008, los trabajadores de cementerios realizaron una jornada de huelga en reclamo de reivindicaciones laborales, pero las autoridades de Jardín del Pilar les requirieron a sus dependientes "la realización de la tarea y aquéllos se negaron sin otra justificación que la abstención de prestar tareas en el marco de la supuesta medida de fuerza que estaban llevando a cabo".
La protesta fue pacífica: "no se acreditó (y ni siquiera se invocó) que los reclamantes hayan participado en actos de violencia contra las personas o bienes materiales del empleador ni que obstaculizó el trabajo de los restantes trabajadores administrativos o jerárquicos". Para la Cámara, la negativa de los trabajadores a realizar sus tareas habituales "resultó una consecuencia propia de la medida de acción directa y, desde tal perspectiva el referido incumplimiento no resultaba impeditivo del mantenimiento del vínculo" laboral. El fallo también descarta que la inhumación de cadáveres sea un "servicio mínimo" exigible en el marco de una huelga, pues no reviste carácter de "esencial".
"La actividad cumplida en los cementerios no es un servicio esencial en la acepción estricta de la norma ni existe declaración que así lo prevea, resultando insuficiente al efecto la mera indicación del convenio colectivo de trabajo del carácter de servicio público impropio", subrayaron los camaristas.
El fallo ordena indemnizar a todos los trabajadores cesanteados por la causal de "despido injustificado".
