La norma publicada en el Boletín Oficial no sólo beneficia a los propietarios de una única vivienda familiar con valuación fiscal no superior a los 200.000 pesos, que se encuentren en proceso de ejecución hipotecaria, sino también a los propietarios de unidades productivas con similar valuación fiscal.
De este modo, las autoridades de la provincia buscan contemplar los casos de familias que por efectos de la crisis del último año sufrieron deterioro en su capacidad de pago de los compromisos.