El cadáver fue recuperado el 14 de junio, pero la causa estuvo paralizada hasta ahora por una cuestión de competencia que acaba de resolver la Cámara Federal porteña.
Para esas fechas, la Aduana secuestró electrodomésticos y juguetes de origen chino que habían sido ingresados de contrabando por un monto de un millón de dólares, que tenían como destino Ciudad del Este, en Paraguay.
Entre los productos secuestrados había auriculares, consolas de juegos, alrededor de 39.000 videojuegos, más de 100.000 baterías para celulares y unos 13.000 juguetes.
El juez federal Sergio Torres y su colega de instrucción Salvá sostenían recíprocamente que la causa le correspondía al otro, y la Sala Segunda de la Cámara Federal determinó que debe ser la justicia ordinaria la que lleve adelante el caso, pese a que el hecho ocurrió en territorio federal.
“La sola circunstancia de que un hecho se produzca dentro del perímetro reservado exclusivamente al Estado nacional no basta para reputarlo sujeto a la competencia federal, ya que para que ello ocurra es preciso que se hayan afectado intereses federales o la prestación del servicio del establecimiento nacional”, dijeron los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.
Pese a que “el fatídico suceso tuvo lugar en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires, no se ha comprometido la libre navegación ni se han producido daños a bienes del Estado Nacional”.
