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Proyecto de ley propone que ARBA recupere la facultad de secuestrar autos en mora

El Poder Ejecutivo bonaerense remitió hoy a la Legislatura un proyecto impulsando la reincorporación a la legislación vigente de una herramienta que permitirá a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) proceder a la detención de un automotor en la vía pública y "en resguardo del cobro de deudas fiscales generadas por el vehículo, que se constaten fehacientemente en ese momento, disponer su secuestro".
Esta facultad estaba incluida en el Código de Tránsito hasta que esa ley fuera reformada a del año 2008, cuando se la eliminó.

La iniciativa remitida al parlamento provincial busca recuperar esta facultad para el organismo recaudador, al incluirla en el Código Fiscal. Arba explicó que "para que la medida se efectivice, el proyecto instala ciertas condiciones; debe constatarse la falta de pago de las obligaciones provenientes del impuesto a los Automotores relacionadas con el vehículo por un importe equivalente a un porcentaje de su valuación fiscal, que en ningún caso podrá ser inferior a un diez por ciento de ese valor fiscal o adeude un treinta por ciento o más de las cuotas vencidas".

Asimismo, la medida solo podrá concretarse sobre automotores de alta valuación (más de $40.000 de valuación fiscal), de una antigüedad no mayor a 5 años y podrá mantenerse hasta tanto se regularice la deuda o hubiera fallo judicial que decidiera la suspensión del secuestro. Arba destaca que "no se trata de una disposición novedosa, habida cuenta que la Ley 13.405, de fines de 2005, la introdujo en el marco del Código de Tránsito por entonces en vigencia y sobre la base de esta legislación fue que se aplicaron en su momento medidas de este tenor".

"Posteriormente, la Ley 13.927, de fines de 2008, introdujo profundas modificaciones al Código referenciado, sin incluir esta herramienta tributaria entre sus disposiciones", añadió.

El proyecto ingresado en las Cámaras impulsa su reimplementación, "pero ahora a través del Código Fiscal, que fija la política impositiva, proponiendo que la autoridad de aplicación pueda recurrir a la fuerza pública para cumplimentar la medida".

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