Al mismo tiempo, la fiscal que estaba a cargo del caso, Claudia Muñoz, se apartó hoy de la causa para evitar sospechas sobre su independencia, y el gobierno reclamó a la OEA un "fuerte respaldo" ante lo que consideró un "hostigamiento" en su contra.
El grupo de la ONU aceptó realizar la investigación bajo la condición de que se respete escrupulosamente su independencia, según explicó su director, Carlos Castresana, quien prometió que la indagación avanzará "hasta donde deba llegar".
Rosenberg grabó un video en el que preanunció que sería asesinado, como ocurrió después, y responsabilizó por ello al presidente Colom, a funcionarios de su gobierno y a la esposa del mandatario.
El abogado dijo que investigaba acciones de corrupción en las que, afirmó, está implicado el gobierno, que a su vez sostiene que está en marcha un complot para desestabilizarlo.
La primera labor de la comisión de la ONU será establecer si el video con el mensaje del abogado es o no auténtico, consignó la agencia Ansa.
Los reclamos de independencia en la investigación sumaron la voz de la premio Nobel de la Paz y ex candidata a presidente en la última elección, Rigoberta Menchú, quién le envió una carta a Colom y le pidió que separe de sus cargos a los funcionarios acusados por Rosemberg.
La renuncia de la fiscal Muñoz abrió básicamente dos posibilidades: una, que el caso siga a cargo de otro funcionario de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, y otra, que quede exclusivamente en manos de la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad, de la ONU.
Dirigentes del opositor Partido Patriota pidieron hoy en una reunión al fiscal general, Amílcar Velásquez, que Muñoz, quien estaba presente en la reunión, fuera apartada.
La fiscal se retiró ofuscada y luego anunció ella misma que renunciaba a seguir con el caso.
Todo ocurrió un rato después de que el gobierno le pidiera a la OEA su "decidido respaldo" a la gestión de Colom ante el "hostigamiento" que asegura sufrir a raíz de las acusaciones, que atribuye a "intereses del crimen organizado para subvertir" la democracia, informó la agencia DPA.
"Guatemala hace un vehemente llamado a todos los países miembros de la OEA para que presten al pueblo de nuestra nación la solidaridad hemisférica y otorguen su decidido respaldo al gobierno constitucional y democráticamente electo del presidente Colom", dijo el canciller guatemalteco, Haroldo Rodas.
Rosenberg -asesinado el domingo a tiros- era representante legal de Khalil Musa, prominente empresario de 74 años asesinado a tiros hace tres semanas, junto a su hija de 49, después de su elección para presidir el banco Banrural.
De acuerdo con la versión de la víctima, su muerte está relacionada con una conspiración derivada de oscuros intereses en la disputa por la conducción del floreciente banco Banrural, uno de los más fuertes del país y el de mayor crecimiento en 2008.
En el video que dejó para ser distribuido a los medios, Rosenberg señaló como "asesinos, ladrones y narcotraficantes" a Colom y a su esposa, junto a otros incriminados: el secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario vinculado al gobierno Gregorio Valdez.
Mientras, el bloque de diputados del derechista Partido Patriota (PP) llamó a su sala dentro del Legislativo al fiscal general Velásquez, a quien le cuestionaron una reunión privada que sostuvo el martes con Colom.
El líder del PP, Otto Pérez, sostiene que la reunión privada entre Colom y Velásquez evidencia "injerencia" y prueba que "no hay independencia en la investigación".
La reunión tuvo lugar el martes en una casa del partido oficialista en un exclusivo sector de la capital guatemalteca.
Periodistas de un matutino local sorprendieron a Velásquez al salir de la vivienda y éste lo justificó: "nos reunimos una vez a la semana; no es nada del otro mundo. No hay un fiscal general que no tenga relación con el Ejecutivo".
