Los auditores kirchneristas retiraron ayer sorpresivamente un proyecto que recorta las facultades del presidente de la Auditoría General de La Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, ante las airadas quejas de la oposición y un grupo de ONGs.
La polémica iniciativa oficial quitaba a Despouy el control de los temas a investigar, la dirección de los debates y su difusión periodística, pese a que la Constitución determina que la auditoría debe ser controlarla un miembro de la oposición.
La AGN está integrada por dos auditores de la oposición (además de Despouy) y una mayoría de cuatro del oficialismo (Ver "¿Qué es...") liderada por el ex diputado Oscar Lamberto.
Sin embargo, los auditores oficialistas impusieron a último momento por mayoría y sobre tablas otra iniciativa polémica: en situaciones no contempladas por el actual reglamento de sesiones de la auditoría se aplicará en forma supletoria el reglamento de la cámara de Diputados. Y así el kirchnerismo podría usar su mayoría.
Mientras tanto, se discutirá un nuevo reglamento de funcionamiento en el término de 60 días. Al aprobarse esta última iniciativa por mayoría, la diputada de la Coalición Cívica Marcela Rodríguez se retiró de la sesión gritando que era "una farsa" y que "esto es un Caballo de Troya" de Lamberto. Rodríguez advirtió a Clarín que "hicieron una maniobra para contrabandear legislación" en el futuro reglamento de funcionamiento y adelantó que querellará al ex diputado por Santa Fe.
Sucede que el funcionamiento de la AGN nació en la ley 24156 de 1992, en la que se basa Lamberto, pero la decisión de que la presida un opositor se estableció en el artículo 85 de la Constitución de 1994, que la oposición pide se reglamente.
En sintonía con Rodríguez, Juan Carlos Morán (CC) dijo que con esa jugada "los temas a incluir en la orden del día para ser tratados podrán ser elegidos por la mayoría oficialista y no por el Presidente de la AGN", sobre todo en un año electoral.
La sesión de ayer había comenzado con la aceptación por consenso de la presencia de público en esas reuniones de la AGN donde se aprueban informes, se pide más datos a los técnicos que los hacen o se los cajonea. Esta medida fue aplaudida por casi una veintena de diputados y senadores de la oposición presentes y representantes de Poder Ciudadano, CIPPEC y FOPEA.
Entre otros estaban Claudio Lozano (Proyecto Sur), Esteban Bullrich (Pro), Silvana Giúdici (UCR), Silvia Ausburger (PS), Norma Morandini (independiente) y la senadora María Eugenia Estenssoro (CC).
Seguidamente, se retiró de la orden del día la propuesta original de Lamberto que se había lanzado en enero luego de que el kirchnerismo se quejó por la difusión del informe que pide investigar si hubo sobreprecios en un tendido de alta tensión de Electroingeniería en Santa Cruz.
Y cuando se habían aprobado nueve de los diez puntos, se incluyó el uso del reglamento de Diputados. Lamberto explicó a Clarín que con ello: "tratamos de llenar baches que podían originarse con el reglamento vigente hasta hoy".
La sesión terminó en escándalo cuando Lamberto gritó: "¡Es un insulto!", al referirse a palabras de Despouy que los había calificado como mayoría "kirchnerista", mientras el público se reía.
EL AVANCE DEL KIRCHNERISMO EN OTROS ORGANISMOS DE CONTROL
El avance del oficialismo en la Auditoría General de la Nación se suma a otros intentos similares en otros órganos de control del Gobierno. Así, el Consejo de la Magistratura, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Oficina Anticorrupción (OA), la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) y la Defensoría del Pueblo de la Nación sufrieron recortes de funciones o estocadas por parte del kirchnerismo.
"Es sistemático, es parte de una estrategia de no permitir que la oposición controle al oficialismo, lo cual es básico en cualquier sistema republicano de gobierno", se quejó el diputado Oscar Aguad, jefe de la bancada radical.
El caso más notorio, o de mayor repercusión pública, en su momento, fueron los cambios en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de promover la selección y remoción de jueces.
En un proyecto que logró imponer en el Congreso, pero que generó la primera movida opositora conjunta contra el kirchnerismo, el oficialismo bajó hace tres años de 20 a 13 el número de miembros del Consejo.
La movida concentró el poder en las mayorías, neutralizó a las minorías y permitió a los representantes políticos del oficialismo de turno bloquear por sí solos votaciones claves como la promoción del juicio político de un magistrado.
"El argumento era agilizar el trabajo, pero ahora hay iguales o peores demoras que antes", se quejó la diputada Marcela Rodríguez, ex representante del ARI en el Consejo. Su colega, pero oficialista, Diana Conti defendió la reforma, y dijo que el Consejo "adquirió notoriedad pública y dejó de ser un órgano cerrado y encriptado".
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) quedó en la mira después que allí fuera designada como directora adjunta la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido en el 2003. Alejandra Minnicelli finalmente dejó ese cargo con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner a la Presidencia.
Pero hubo otras movidas sutiles y no tan sutiles. El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció a fines del año pasado una supuesta maniobra para quitarle poder y dejarlo sin participación en las causas penales en las que se encuentran denunciados funcionarios públicos.
Garrido se cruzó fuerte con el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien defendió la resolución que el fiscal objetaba y dijo que éste podía actuar en cualquier tipo de causa, ya que su disposición fue para ordenar el trabajo de los fiscales y que no hubiera superposición de tareas.
Por su parte, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, está convencido de que el kirchnerismo no le renovará el mandato en su cargo, que vence este año y depende de una ratificación parlamentaria. Finalmente, la Oficina Anticorrupción, creada por el gobierno de la Alianza, sufrió diversos recortes de presupuesto y personal y hasta de facultades para sus investigadores. Y ahora, parece, le tocó el turno a la AGN.
LAMBERTO DEFENDIÓ LOS CAMBIOS
“Es un insulto". A los gritos y con vehemencia, golpe de puño a la mesa incluido, el auditor oficialista Oscar Lamberto respondió al Presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, que, en plena sesión, lo acusó de formar parte de "una mayoría kirchnerista que quiere recortar las funciones" de la presidencia del organismo.
Una vez terminada la reunión, ya más calmo, Lamberto explicó que no cree que el retiro del proyecto sea un paso atrás: "La idea es llegar a consensos, siempre trabajamos por el buen funcionamiento de la AGN. Es totalmente irrelevante en términos de funcionamiento" haber retirado un punto de la orden. Además, defendió los cambios de reglamento: "Es algo transitorio para llenar baches en nuestro reglamento", afirmó.
INFORMES DE LA AGN: CARRIÓ HIZO OTRA DENUNCIA
Algunos de los informes de la Auditoría General de la Nación fueron utilizados por la líder de la Coalición Cívica y diputados de su partido para nutrir una denuncia por asociación ilícita realizada a fines de 2007 contra el ex presidente Néstor Kirchner, funcionarios de su gobierno y empresarios favorecidos por la obra pública.
En su última ampliación de denuncia, Elisa Carrió pidió que se investiguen las obras realizadas en la ruta 3, en el acceso a Río Gallegos, la capital santacruceña.
LA OPOSICIÓN VOLVIÓ A CERRAR FILAS DETRÁS DE LOS RECLAMOS DEL CAMPO
Un clima de escepticismo sobre el resultado del diálogo recién iniciado entre el Gobierno y el campo copó ayer el enorme Salón Azul del Senado, donde los dirigentes de la Mesa de Enlace compartieron una audiencia pública con legisladores de casi toda la oposición.
"Los problemas no se resuelven si no se tocan las retenciones", dijo el jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, y cosechó la primera ovación de los 300 productores que hicieron de hinchada. A partir de allí, la baja de las retenciones a los granos, medida que el Gobierno ya calificó de innegociable, se erigió en el reclamo central de los ruralistas.
Las dudas sobre las verdaderas intenciones de la Casa Rosada rondaron los discursos de los que llevan la voz cantante en el conflicto: Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria; Hugo Biolcati, de la Sociedad Rural, y Mario Llambías, de CRA. Pero esta vez, la sorpresa la dio Carlos Garetto, el habitualmente moderado titular de Coninagro, que se robó los aplausos con un vibrante tono de barricada.
"Mirá vos, éste que parecía tan mansito", comentaba una productora santafesina alineada con los "autoconvocados". Es que Garetto lanzó el mensaje más político, al denunciar -a viva voz y con el rostro enrojecido- que "el Gobierno está destruyendo el aparato productivo del interior" y advertir que "en lugar de exportar los alimentos que el Mundo necesita, vamos a exportar hambre".
En otro tramo más reflexivo, el dirigente cooperativo cordobés sostuvo que "el nivel impositivo es tan alto que hace bajar la productividad. Si bajan las retenciones, vamos a producir más y habrá más dinero para políticas sociales".
Como maestro de ceremonias actuó el senador y jefe de la UCR, Gerardo Morales, quien de entrada diagnosticó que "la sequía y la crisis global agravaron la situación, pero los problemas centrales del campo son por causas domésticas y obedecen a la ausencia de políticas públicas".
El senador socialista Rubén Giustiniani se mostró más optimista: "Cuando se reinicien las sesiones del Congreso vamos a conseguir los votos para sacar las leyes que necesita el campo". El macrista Chistian Gribaudo, vice de la Comisión de Agricultura, estimó que "hoy somos cien" y llamó a obtener los 129 votos que se necesitan en la Cámara baja para reunir mayoría y torcerle el brazo al oficialismo.
Buzzi y Llambías anunciaron que desfilarán por el Congreso para sumar voluntades, como lo hicieron el año pasado. El mandamás de la Federación Agraria se quejó de que "los funcionarios son conciliadores adentro y cuando salen de negociar dicen todo lo contrario". Biolcati acusó al Gobierno de hacer "operaciones tramposas" por la divulgación de sus contactos reservados con el ministro Julio De Vido. "Pero estamos más unidos que nunca", remató.
POR SEPARADO, LAS ENTIDADES ANALIZAN PROPUESTA DEL GOBIERNO
Las cuatro entidades agropecuarias iniciaron ayer un período que llaman de “análisis y reflexión” sobre las medidas que anunció el martes el Gobierno, las cuales incluyen la eliminación de las retenciones a las exportaciones de leche, la baja del 50% en las aplicadas a las ventas externas de las economías regionales y el pago del precio pleno del trigo en el mercado local.
El próximo martes, la Mesa de Enlace volverá a reunirse con el Gobierno, aunque por el momento no se sabe qué funcionario concurrirá al encuentro y se descarta que sea la propia Cristina de Kirchner quien los reciba. El campo intentará abordar el tema de las retenciones a la soja -que no fue mencionado en la primera reunión- y la apertura de las exportaciones de carne.
Ayer, algunos dirigentes volvieron a mencionar los derechos sobre las exportaciones de granos. Carlos Garetto, titular de Coninagro, dijo que es “imprescindible que el sector vuelva a capitalizarse y que tenga una perspectiva de sustentabilidad”. Agregó que “una merma importante en las retenciones a la soja y girasol, y la suspensión a las de trigo y maíz permitiría recuperar ingresos y remontar la rentabilidad negativa que tienen en la mayoría de los casos los pequeños y medianos productores”.
Mario Llambías, de Confederaciones Rurales Argentinas, reclamó “cordura” a los productores e informó que el consejo directivo de la entidad se reunirá hoy para debatir todos los temas en profundidad.
Por su parte, Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria, volvió a defender el proyecto presentado en el Congreso por su entidad, que plantea aplicar retenciones segmentadas. “En todos lados hay iniciativas que tienden a que las retenciones sean distintas según la escala del productor”, recordó. Señaló, además, que “con esta política de aplicar el mismo porcentaje a la soja a todos, a los más chicos se los debilita más rápido y se favorece la concentración”.
PARA EL GOBIERNO, LOS RURALISTAS “SE COMPORTAN COMO DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN”
La visita de la Mesa de Enlace agropecuaria al Senado, donde los dirigentes patronales se entrevistaron con toda la oposición, causó cierta preocupación y malestar en las primeras filas del Gobierno. Para la Casa Rosada, la prolongada audiencia que mantuvieron Eduardo Buzzi, Mario Llambías, Hugo Biolcati y Carlos Garetto con los legisladores opositores confirmó las prevenciones oficiales sobre las motivaciones más profundas de las entidades rurales: “Se comportan como dirigentes de la oposición”, dijeron desde el entorno del ministro del Interior, Florencio Randazzo, uno de los negociadores del Gobierno con el sector.
La posición del Ejecutivo fue transmitida públicamente por el diputado cordobés Alberto Cantero Gutiérrez. “Aprovechan al sector del agro para sus propios fines mediáticos y electorales”, cuestionó el legislador del Frente para la Victoria a los bloques de la oposición.
La presencia de los cuatro dirigentes en el Congreso al día siguiente de la reunión con el Gobierno alimentó la impresión que reina en el Ejecutivo en esta nueva etapa del conflicto rural. Para los funcionarios involucrados en la negociación, la Mesa de Enlace no sólo está preocupada por los intereses de sus representados. Sobre todo, estaría decidida a influir en la campaña electoral favoreciendo a los candidatos más permeables a sus demandas: centralmente, las dos coaliciones opositoras.
La postura de la Casa Rosada quedó sintetizada en las declaraciones que brindaron ayer desde el mismo Congreso el diputado Cantero y la secretaria del bloque del FPV, Patricia Fadel. “Es un intento de quienes no tienen proyectos para el país orientado a profundizar los conflictos en una instancia de diálogo”, advirtieron Cantero y Fadel.
“NADIE SE SALVA SOLO”, DIJO CRISTINA FERNÁNDEZ
“Nadie se salva en términos individuales”, advirtió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No hay posibilidad de realización o éxito individual si no se realiza el país en su conjunto y, para eso, se requiere un proyecto nacional”, indicó. Por si quedaban dudas de que se refería al reciente lockout de los entidades del agro, la Presidenta indicó que “nunca los intereses sectoriales pueden primar sobre el conjunto, porque se de-sintegra la sociedad”.
“Hay que pensar en quienes aún no tienen trabajo, un buen salario o no accedieron aún a su casa o a la educación. En nombre de esos argentinos, requiero unidad y solidaridad. Es preciso contribuir a la paz social e impedir que nos vuelvan a dividir con falsas antinomias”, sostuvo la Presidenta en un acto en Córdoba, junto al gobernador Juan Schiaretti.
“Las convicciones de la redistribución del ingreso y del sostenimiento del trabajo y la producción son las mismas que tuve siendo legisladora y ésa es la calidad institucional que desean los argentinos”, aseguró.
CAMBIO DE TIMÓN EN LA POLÍTICA LECHERA
Nadie lo va a admitir, aunque muchos lo disfruten en silencio. Las nuevas medidas para la producción láctea implican que el Gobierno terminó por aceptar el fracaso de la intervención del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en dicho sector.
La mejor prueba de ello es que el Ministerio de la Producción decidió citar para la semana próxima al Grupo Lácteo, que integran representantes de los tamberos y las industrias. Discutirán cómo hacer para mejorar el precio de la leche cruda, algo que Moreno prometió y no logró cumplir.
Entre las medidas anunciadas el martes por la ministra Débora Giorgi, además, figuran dos que van a contrapelo de lo que proponía el polémico secretario. La asignación de un subsidio de 200 pesos a los tamberos que decidan criar los terneros machos pone fin a la disparatada idea de Moreno de crear gigantescos feed lots en tierras fiscales para engordar esos overos. Esta medida había sido anunciada --en dos ocasiones-- por Cristina Kirchner desde la residencia de Olivos.
Por otro lado, a instancias del secretario, la Presidenta también anunció en octubre pasado que los tamberos iban a comenzar a cobrar $1 por litro de leche cruda, cifra a la que siempre se resistió la industria láctea y que en definitiva nunca se cumplió: hoy el litro de leche se paga entre 65 y 85 centavos, y con un gran atraso que llega hasta 90 días. De allí que Giorgi haya anunciado el regreso de las compensaciones a productores pequeños: el Fisco les dará 10 centavos por litro.
"La política de Moreno para la leche fracasó", resumió un muy alto funcionario. De allí que se baraje y se reparta de nuevo.
SILBIDOS EN EL DEBUT DE SOLÁ
Para Felipe Solá fue el debut junto a los bloques de la oposición. No fue bien recibido por algunos productores, que lo silbaron cuando ingresó con su flamante socio, Francisco De Narváez. Un vocero de los "autoconvocados", sin nombrarlo, le advirtió: "Espero que los que dejan el kirchnerismo no lo hagan por conveniencia".
A su turno, el diputado del PJ disidente, hizo reír al público, cuando recordó: "Yo creé el ONCAA, pero me cortaría las manos por cómo funciona ahora, en contra del productor".
CRÍTICA A BIOLCATI EN EL SENO DE LA RURAL
Aunque estaba prevista, la reunión de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural dio una sorpresa ayer en la sede de la calle Florida. Se trataba de la primera aparición del presidente Hugo Biolcati ante ese comité de 30 miembros tras la revelación de sus negociaciones secretas con Julio de Vido.
La comisión, integrada entre otros por Bruno Quintana ( titular del Jockey Club) el ex Terrabusi, Carlos Reyes y Carlos Blaquier (Ledesma), funciona en esa entidad como si se tratara de una junta de accionistas a los que hay que rendirles cuentas y en la Rural es cada 15 días.
El encuentro de ayer se extendió más de lo habitual, de 9,30 a 13,30. Biolcati explicó que existía un hilo conductor invisible entre esa negociación y lo que el gobierno concedió al campo el último martes. Más aún, mostró el documento que había pactado con De Vido donde, en párrafos pintados de verde, figuraban los anuncios.
Pero de pronto uno de los directores dijo: "esto no encaja". Luis Amadeo Lastra, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, reprochó a viva voz que la Rural mantuviera diálogo con este gobierno, contó un testigo. Al menos ayer, Biolcati tuvo suerte. El resto lo apoyó.
CRISTINA RESPONDIÓ CRÍTICAS DE BINNER Y REUTEMANN: "HUBO RÉCORD DE FONDOS PARA SANTA FE"
Lejos de aprobar el reclamo de "federalismo" lanzado por Carlos Reutemann al romper con el oficialismo, y de reconocer las demandas de Hermes Binner para obtener más fondos de la Nación, Cristina Kirchner jugó ayer una carta fuerte en su visita a Rosario, intentando desautorizar a los dos actores más fuertes que ofrece el tablero político santafesino.
Aunque evitó referencias personales, la sola mención de "un récord de fondos de coparticipación para Santa Fe, con más de $ 4.600 millones de transferencia automática", sonó como una reprimenda a Binner, quien la observaba a pocos metros con gesto adusto.
El gobernador socialista evalúa por estos días demandar al Estado nacional por deudas de la coparticipación que ascenderían a $ 4 mil millones. En caso de no recibir respuestas en los próximos 30 días, se iniciará la acción ante la Corte.
"Miraba lo que era la coparticipación de Santa Fe, allá por 2002, y apenas superaba los 800 millones. Nunca podía perforar los mil millones", recordó la Presidente antes de destacar el "récord".
Cristina habló además de otras transferencias automáticas "que no dependen del humor del presidente o de la presidenta, sino que se transfieren porque así corresponde", que le permitieron a Santa Fe recibir 6.100 millones en 2008. "Prácticamente más de la mitad del presupuesto del año de la provincia", graficó la mandataria.
El tiro por elevación también le apuntaba a Reutemann, quien la semana pasada, al renunciar al bloque K, cuestionó el reparto que el Gobierno hace de los fondos. El senador advirtió entonces que planteará reparos cuando se aborden temas como "coparticipación, impuesto al cheque o cuestiones donde la provincia no recibe lo que tendría que recibir".
DE REUTEMANN PARA KIRCHNER: "YO NO FUI COLGADO DE NADIE"
“Yo no fui colgado de la pollera de nadie". Con esas palabras, el senador nacional Carlos Reutemann le contestó ayer al ex presidente Néstor Kirchner, quien había dicho que los peronistas que se alejaron del oficialismo se habían "colgado de la boleta" del kirchnerismo para obtener una cargo.
Hace una semana, Reutemann confirmó su alejamiento con el oficialismo. Y hasta el martes a la noche, la distancia era relativamente pacífica. Kirchner, incluso, el día que se alejó el ex piloto de F-1 se había referido a él "como un amigo". Pero el primer enfrentamiento directo fue justo una semana después, cuando el titular del Partido Justicialista lanzó la primera bomba, tras la huida en fila india, entre otros, de Felipe Solá, Reutemann, Juan Carlos Romero, tres diputados nacionales santafesinos y una decena de diputados provinciales.
Kirchner, con la lista en la cabeza, dijo el martes: "Cristina pone la cara todos los días mientras otros que fueron colgados de su boleta se esconden tras un sillón o se sientan en la mesa del enemigo. El que traiciona una vez, traiciona siempre". Reutemann se acercó a los micrófonos un día después, y disparó: "Yo defiendo a la gente que en su momento me eligió por más del 50% de los votos. Yo fui elegido en Santa Fe por los santafesinos, yo no fui colgado de la pollera de nadie en ninguna lista".
El que también salió a pegar ayer fue el salteño Romero, otro de los senadores que se alejó y quien ya formó el bloque "8 de octubre" con su comprovinciana Sonia Escudero: "No me siento aludido por Kirchner porque nunca fui kirchnerista. El traidor es él, que se enfrenta con la sociedad".
UCR BONAERENSE: UN COBISTA DE VUELTA AL COMITÉ
El intendente de Junín, Mario Meoni, se convirtió ayer en el primer cobista expulsado de la UCR en volver a pisar el comité bonaerense.
Lo hizo como emisario del vicepresidente para negociar su integración al frente opositor, invitado por el ex subsecretario del Interior, César Martucci, ligado a Federico Storani,
PEDIDO DE OYARBIDE A LA SIDE POR MILITANTES POLÍTICOS
El juez federal Norberto Oyarbide pidió a la SIDE que le envíe toda la información que posea sobre los miembros de un partido político trotskista. La solicitud del juez forma parte de las actuaciones que ordenó en su investigación sobre la primera denuncia penal que presentó el INADI por un supuesto caso de antisemitismo.
La querella impulsada por María José Lubertino señala a un grupo de militantes del partido Convergencia Socialista por su participación en un acto en repudio al “Estado fascista de Israel” ocurrido el 26 de enero.
Oyarbide giró un escrito a la SIDE en el cual solicita, “en carácter de urgente”, que le remita los antecedentes de los miembros de Convergencia Socialista. El juez también pidió a la policía que concrete “discretas tareas de inteligencia”. A raíz de la generalidad y vaguedad de los pedidos judiciales, los militantes de izquierda denunciaron que se trata de una “persecución ideológica”.
Desde el Juzgado Federal Nº 7, a cargo de Oyarbide, aseguraron que los requerimientos a la Secretaría de Inteligencia y a la Policía Federal “son las mejores herramientas para averiguar si existe una movilización interna que promueve actos de violencia contra la comunidad judía, como sostiene el INADI”.
EL MACRISMO BONAERENSE, EN CRISIS: YA HAY UN PRO DISIDENTE
Ya es un clásico en el macrismo. Mauricio Macri sale de gira y en PRO afloran conflictos que llegan velozmente a los medios. Quienes conocen al jefe de Gobierno dicen que es lo peor que le puede pasar.
Ahora, más que un conflicto, estalló una crisis: el PRO de la provincia de Buenos Aires se quebró y, al mejor estilo peronista, ya existe un PRO disidente. No sólo eso: el líder del espacio está distanciado de su primo, Jorge Macri -hasta hace muy poco su protegido-, por episodios que se sucedieron antes y después del acuerdo con Felipe Solá y Francisco De Narváez.
LEY DE BLANQUEO: NO HABRÍA OBJECIONES EN EL GAFI
El Gobierno afirmó ayer que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo integrado por 33 países, que debate sobre el lavado de dinero, no recomendó ninguna acción ni medida contra la Argentina por la polémica ley de blanqueo de capitales, sancionada el año pasado por el Congreso.
Así lo aseguraron ayer el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Poco después de bajar del avión que lo trajo de París, donde expuso ante los representantes del GAFI, Fernández exhibió ante los periodistas un papel con cinco puntos, que -según dijo- resume las conclusiones de la entidad.
Ayer, en la página web del GAFI sólo había una declaración referida a Irán, Uzbekistán, Turkmenistán, Paquistán y Santo Tomé y Príncipe. No había ningún documento sobre la Argentina.
El que exhibió Fernández señala que el grupo entendió que "la Argentina incluyó en su ley las previsiones necesarias que demuestran los controles en materia de Lucha contra el Lavado y Financiamiento del Terrorismo, por lo que no se recomienda ninguna acción o medida contra la Argentina".
Fernández anunció además que se incrementará el presupuesto para investigar los reportes de actividades sospechosas de lavado de dinero.
AEROLÍNEAS: MÁS AVIONES, PERO SIN ACUERDO CON ESPAÑA
El Gobierno argentino está hoy lejos de cerrar un acuerdo con el grupo Marsans y el Gobierno español para -a través de la cesión de un contrato de compra de aviones a Airbus- concluir la disputa por la propiedad de Aerolíneas Argentinas. Así lo hizo saber una fuente cercana a la empresa, que explicó que “cuando viajó la presidente Cristina de Kirchner a Madrid, parecía que estaba todo listo; de hecho, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el principal impulsor del acuerdo. Sin embargo, el ministro de Industria y Turismo, Miguel Sebastián, se opuso, y por ahora, todo quedó en la nada”.
En las conversaciones entre Kirchner y Zapatero se habló de la participación de la banca española como financista de parte de una operación que ronda los u$s 300 millones; otra parte de ese monto sería aportada por Aerolíneas Argentinas con el Gobierno argentino como garante.
Sin embargo, el argumento del ministro Sebastián habría convencido a Zapatero de buscar otro esquema: el funcionario habría aducido que era por lo menos poco serio financiar con fondos de los ahorristas españoles la expropiación por un dólar de una empresa de capitales de ese país, sobre todo en una coyuntura en la que no abundan ni los fondos ni los proyectos de inversión.
PESE AL VETO DEL GOBIERNO, COBOS TUVO SUS "GRANADERITOS" EN YAPEYÚ
Granaderos sí, granaderos no. Esa es la cuestión. Al menos, la cuestión -casi grotesca podría decirse-, que ayer dividió y generó un nuevo capítulo de desencuentros entre el Gobierno y el vicepresidente Julio Cobos.
Se celebraba el año 231 del nacimiento del general José de San Martín. Cobos estaba en Yapeyú, la ciudad correntina donde nació el Libertador. Había ido invitado por el gobernador radical Arturo Colombi, ex aliado del kirchnerismo y devenido en uno de los pilares del espacio que, luego del voto no positivo, está bajo la jefatura del vice. Motivo suficiente para que el Gobierno ordenara el retiro de los granaderos que estaban alistados para el acto.
Como imagen contraste, en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo, no faltó ni uno al acto K que encabezó la ministra de Defensa, Nilda Garré.
"Lo que pasó es una falta de consideración hacia la figura de San Martín", dijo Cobos antes de embarcar rumbo a Buenos Aires. Se lo veía molesto, pero no evitó ante los micrófonos la polémica con el kirchnerismo: "Este hecho es pequeño, desafortunado, un desacierto que, comparado con la trascendencia de San Martín, es insignificante".
Sólo un miembro del histórico regimiento quedó en esta pequeña localidad ubicada a orillas del río Uruguay para hacer la habitual custodia en el templete que guarda las ruinas de la casa natal de San Martín.
Pero no fueron los granaderos los únicos ausentes. Ni la Gendarmería Nacional ni la Prefectura mandaron efectivos. Su lugar quedó en manos de los Cazadores Correntinos, el cuerpo que alguna vez fue custodia de Manuel Belgrano.
Cobos dijo que desconocía si la decisión de retirar los granaderos de Yapeyú salió de la boca de Cristina Kirchner y se mostró irónico: "He escuchado al ministro del Interior (Florencio Randazzo) y pareciera que no hay ningún responsable".
Colombi se plegó a las críticas, contó que el pueblo de Yapeyú "está indignado" y pidió que "alguien del Gobierno dé explicaciones". Hasta el proyecto de retenciones móviles al agro, el gobernador posaba en fotos con el matrimonio Kirchner.
En el otro acto que acaparó los flashes en el día de homenaje a San Martín, la ministra Garré exaltó la unidad latinoamericana: "Nuestros proyectos nacionales, nuestras perspectivas geopolíticas y nuestras doctrinas de defensa tienen que confluir estratégicamente".
Luego, destacó: "Entre la caída del Muro de Berlín, hace menos de 20 años, y ahora la caída del otro muro, el de la codicia y la desregulación irresponsable de Wall Street, se abre un horizonte de posibilidades reales para los ideales de independencia, desarrrollo y justicia".
REPELIERON A TIROS UN INTENTO DE ROBO A LA VICEJEFA GABRIELA MICHETTI
Todo ocurrió apenas pasada la medianoche. Según se pudo confirmar, intentaron robar el auto de la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Gabriela Michetti, minutos después que ella entrara a su casa del barrio de Monserrat.
El episodio terminó en un intenso tiroteo luego de que dos ladrones quisieron llevarse el vehículo en el que esperaba uno de los custodios de Michetti. Allí comenzó el intercambio de disparos, al que se sumó un policía de la comisaría 6°, de ronda por el lugar. Uno de los ladrones fue detenido y el otro está prófugo, informaron anoche fuentes de la Federal.
Todo comenzó cuando la vice jefa de Gobierno volvía a su casa, acompañada por la custodia oficial como todos los días. Minutos después que Michetti entrara en la vivienda de la calle Pasco, dos ladrones se acercaron al Peugeot 607 donde todavía se encontraba uno de los custodios.
Al parecer, los delincuentes no se habrían dado cuenta que éste era policía, ya que, como es habitual en estos casos, vestía de civil. Aún no se sabe con certeza cómo se había iniciado el tiroteo, pero según fuentes de la Policía Federal, cuando los ladrones se vieron sorprendidos por el custodio abrieron fuego. En ese momento, el policía Jorge Lozano, que estaba de ronda en la esquina de Chile y Pasco, al escuchar los disparos se sumó al incidente y pudo detener a uno de los delincuentes.
El otro todavía estaba prófugo al cierre de esta edición, aunque era buscado intensamente por la Policía. En el lugar se encontraron 14 vainas que salieron del arma del delincuente detenido. Uno de los disparos, rozó la pierna del policía de ronda. Según se informó esta madrugada, se hallaba fuera de peligro. Los vecinos contaron que el tiroteo fue muy intenso y se quejaron porque el barrio se volvió un lugar bastante inseguro por la cantidad de casas tomadas.
A las 1 de hoy, la jefa de prensa de Michetti, Paula Schuster, dijo: "Gabriela ya está dormida. Ella venía de una Bienal y está bien, casi no se enteró de lo que pasó. Te diría que no escuchó nada de nada. Lo que sé es que a uno de los ladrones lo atraparon cuando quería esconderse en un camión de basura".
LAS EXPORTACIONES SUFRIERON LA PEOR CAÍDA EN DOS DÉCADAS
Ni la crisis de 2001 ni los coletazos del efecto tequila. Para encontrar una caída tan estrepitosa en las exportaciones argentinas hay que remontarse a los años de la hiperinflación.
Las ventas argentinas al exterior retrocedieron en enero un 36 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. De los 5810 millones de dólares exportados a comienzos de 2008, se pasó a 3730 millones, según difundió ayer el Indec en su informe de intercambio comercial.
El país no registraba una caída semejante desde diciembre de 1989, cuando las exportaciones mostraron un desplome del 37,8 por ciento. Debieron pasar 229 meses para que el sector externo volviera a arrojar un resultado tan negativo.
Las importaciones también registraron un fuerte descenso: pasaron de 4478 millones de dólares a US$ 2759 millones, un 38 por ciento menos de enero a enero. Hacía más de seis años que la Argentina no recortaba tan drásticamente sus compras al exterior. En noviembre de 2002 las importaciones cayeron 40 por ciento, en momentos en que los efectos de la devaluación todavía estaban frescos.
Esta doble caída permitió que el comercio exterior continuara registrando superávit, aunque el saldo de 971 millones de dólares fue un 27,1 por ciento más bajo que en enero de 2008. Los productos que explican la mayor parte de la caída de las exportaciones son los cereales (básicamente trigo), grasas y aceites (especialmente de soja) y el material de transporte terrestre (autos). En las importaciones, se destacan los recortes en bienes intermedios (insumos), como porotos de soja y mineral de hierro.
"Va a ser bastante catastrófico este año", resumió, sin apelar a medias tintas, el presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Enrique Mantilla. El empresario indicó que sus pronósticos para este año hablan de entre 55.000 y 60.000 millones de dólares de exportación, muy por debajo de los 78.300 millones de dólares anticipados por el Gobierno en el presupuesto.
Mantilla argumentó que hay diversos factores que confluyen para esta situación: la caída en los precios internacionales de las commodities , la sequía ("afectará las exportaciones en un 10 por ciento", calculó), la menor demanda externa por la recesión mundial y "el hecho de que por ciertas políticas regulatorias del Gobierno hay menor siembra y menor producción de carnes y lácteos".
DOS CONSULTORAS LE NIEGAN SUS PRONÓSTICOS AL BCRA
La manipulación de las estadísticas por parte del INDEC golpea sobre otras encuestas oficiales. Ayer se supo que ya son dos las consultoras privadas que desistieron de participar en algunos de los ítems del Relevamiento de Expectativas Económicas (REM) que realiza el Banco Central.
La primera en desertar fue la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que el martes avisó que dejaría de sumarse a algunas de las mediciones. Ayer se agregó la consultora Prefinex. Fuentes del Banco Central aseguran que hasta allí llega la sangría, por ahora.
En un comunicado, Prefinex, comandada por el economista Osvaldo Cado, señala que "a raíz de las manipulaciones estadísticas" el REM "ha dejado de respetar el espíritu para el cual fue creado".
Por este motivo sostienen que continuar con la carga de esas variables "es una deshonestidad intelectual" que los llevaría a "formar parte de un juego del cuál no queremos participar".
Por lo tanto, ya no harán estimaciones en el Indice de Precios al Consumidor (IPC), Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), Producto Bruto Interno (PBI), Consumo Total e Inversión Bruta Interna Fija a precios constantes, y tasa de desocupación.
A su vez FIEL anunció que dejó participar en el IPC, el EMAE, el Estimador Mensual de la industria (EMI), el PBI y la tasa de desempleo. La entidad argumentó que "se observan anomalías en diversos indicadores elaborados por el Indec, con errores de diferente naturaleza que afectan severamente su confiabilidad".
MÁS QUEJAS BRASILEÑAS
Jackson Schneider, presidente de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Vehículos (Anfavea) dijo ayer que espera que Argentina garantice "seguridad" jurídica a las inversiones extranjeras del sector automotriz.
La "supervivencia" de la industria en Argentina depende de que se garantice un "clima de seguridad que permita a los empresarios hacer previsiones de largo plazo" para "sus inversiones", señaló Schneider.
La preocupación del dirigente automotriz sobre "la confiabilidad" de las medidas del gobierno argentino coincide, en parte, con la opinión de la Federación de Industrias de San Pablo, que recientemente calificó como "proteccionista" al gobierno de Buenos Aires.
APLICAN MÁS FRENOS A LA IMPORTACIÓN
El Ministerio de Producción fijó medidas antidumping para la importación de cubiertos metálicos provenientes de Brasil y China, equipos de aire acondicionado de Tailandia y bornes de conexión eléctrica chinos y alemanes. Las tres resoluciones fueron publicadas ayer en el Boletín Oficial y se suman a otras medidas similares que, en las últimas semanas, limitaron el ingreso o elevaron el valor de referencia para distintos productos, principalmente de origen asiático.
Aunque fuentes vinculadas al Gobierno dijeron que no se trata de una tendencia proteccionista, sino que se busca atacar la competencia desleal, la situación ya generó tropiezos en la relación con Brasil, principal socio comercial del país, a partir del enérgico reclamo de los industriales de San Pablo.
SUMAN BANCOS AL CANJE DE BONOS
Los astros se alinearon entre los bancos y el Ministerio de Economía para que el canje de los préstamos garantizados (PG) que están en el exterior terminara con una aceptación mejor que la esperada. Fuentes oficiales y privadas confirmaron que entidades que operan en el sistema financiero local "están comprando PG a acreedores extranjeros", en el contexto del canje que culmina mañana.
En este sentido, un informe del banco de inversión Credit Suisse First Boston (CSFB) precisó que "en las últimas dos semanas, instituciones financieras domésticas han venido comprando PG de tenedores no residentes con el propósito de participar en la segunda vuelta del canje, por lo que creemos que la tasa de participación puede ser alta".
En principio, el Ministerio de Economía había dejado trascender que se conformaba con una tasa de aceptación del 40 al 50 por ciento. Ayer, una fuente de la cartera deslizó que la evolución del proceso es "buena", aunque aclaró que seguramente en las últimas horas las ofertas se van a incrementar.
Ante las consultas recibidas por parte de bancos privados, en el área que conduce Hernán Lorenzino ratificaron que el canje cierra mañana. "No se extenderá el plazo ni habrá nuevas oportunidades", indicó una fuente. Tras el espaldarazo de lograr el 99,5% en el canje del tramo local (por $ 15.500 millones), el Palacio de Hacienda comenzó esta segunda vuelta por cerca de $ 8000 millones con cierto optimismo, aunque aclarando que la aceptación sería bastante menor por la "atomización" de los ahorristas en el extranjero.
Sin embargo, calificadas fuentes locales confirmaron la versión de CSFB al indicar que "los bonistas extranjeros sólo quieren salirse de posiciones de la Argentina y los locales ven un negocito en comprarles los PG y quedarse con un nuevo bono".
EN 11 PROVINCIAS HAY RIESGOS DE PAROS
Pese a que el gobierno nacional acordó un aumento del 15,5% para el salario mínimo de los maestros, se complicaron las negociaciones en 11 provincias para extender esa mejora a todos los docentes, con lo que está en riesgo el comienzo de clases en esas jurisdicciones, cuando faltan cuatro días para el inicio del ciclo lectivo.
El Frente Gremial Docente de la provincia de Buenos Aires, donde estudian 4,5 millones de alumnos y hay 18.000 escuelas, resolverá entre hoy y mañana la convocatoria a un paro, al rechazar ayer la oferta del gobierno de Daniel Scioli, que ofreció un aumento de $ 40.
La situación más crítica se registra en Río Negro, donde los maestros cortaron en forma intermitente la ruta nacional 22, a la altura de la localidad de Chinchinales.
Los docentes rionegrinos ya están en paro. Deberían haber empezado las clases el lunes último, pero están en conflicto por una mejora del salario básico, que hoy es el más bajo del país ($ 440), entre otras demandas.
Las otras nueve provincias con alto riesgo de no comenzar las clases son Misiones, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Catamarca.
Los cinco gremios docentes bonaerenses se reunirán con sus bases, hoy y mañana, para preparar medidas de fuerza y esperar una nueva propuesta del gobierno bonaerense. "Nuestra propuesta es una oferta racional. Es lo único que podemos dar en este momento de crisis mundial.
Un aumento similar al de ahora otorgó el gobierno nacional; nosotros lo dimos en septiembre pasado, por eso desde entonces el sueldo inicial de un maestro bonaerense es de $ 1450", dijo un vocero de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.
Los gremios docentes bonaerenses exigen un incremento de $ 200 (un 15%), similar al que otorgó el gobierno nacional. Pero la provincia presentó una propuesta de $ 1490, para mejorar el salario mínimo en la provincia, que desde el año último asciende a $ 1450.
"El comienzo del ciclo lectivo está complicado. Vamos a determinar si hacemos un paro u otra medida de fuerza. De todas maneras, el lunes no habrá clases", anticipó la presidenta de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB), Mirta Petrocini.
"Es inaceptable e inadmisible la propuesta de un aumento de $ 40, muy por debajo de la pauta nacional, que mejoró el piso salarial en $ 200", dijo Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).
La secretaria general de la Ctera, Stella Maldonado, dijo que las situaciones más graves se registran en Misiones, Formosa, Entre Ríos y Jujuy, donde los gobiernos ni siquiera convocaron a las negociaciones paritarias.
"Es toda una definición política de los gobernadores", señaló la dirigente gremial. Y advirtió que "muchos gobiernos provinciales no están decididos a tomar como referencia el aumento del 15,5% acordado con el gobierno nacional".
Citó los casos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén donde hubo negociaciones pero no ofertas. "Es una actitud provocativa", afirmó Maldonado.
En tanto, el conflicto en Catamarca se remonta al año último y aún se mantiene. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofreció a los 17 gremios docentes un incremento de $ 55, en concepto de suma fija bonificable y remunerativa, que fue rechazado. La reunión pasó a un cuarto intermedio y se reanudará hoy, a las 12. "Pedimos un 15,5% de aumento o un monto similar a los $ 200 que dio el gobierno nacional. En cualquier caso, la mejora tiene que ser sobre el salario básico", dijo el secretario general de la Unión Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López.
El dirigente advirtió que "hay un contraste simbólico, pero muy significativo, entre el argumento de que faltan recursos para la educación y el reciente premio de $ 2,6 millones que el gobierno de Mauricio Macri otorgó a sus funcionarios".
