En otra muestra de unidad parlamentaria contra el kirchnerismo, diputados de distintos partidos opositores salieron ayer a defender las atribuciones del fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, que fue limitado en su capacidad para actuar en distintos casos de corrupción.
Las principales espadas de la UCR, la Coalición Cívica y Pro en el Congreso cuestionaron la decisión del procurador general, Esteban Righi, que restringió las atribuciones de Garrido, y pidieron la puesta en marcha de la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Fiscal.
"En la Argentina, los jueces no tienen autonomía para juzgar al poder. Por decisión propia o ajena, tienen limitado su campo de acción", afirmó el titular del bloque de la UCR en la Cámara baja, Oscar Aguad.
El dirigente radical recordó que en junio distintos candidatos opositores le habían pedido a Righi que aclarara cuáles eran las atribuciones de la fiscalía de Garrido. "La respuesta llegó con esta resolución", ironizó.
El jefe del bloque de diputados de Pro, Federico Pinedo, aclaró que la oposición insistirá en un nuevo proyecto, que especifica que Garrido podrá intervenir en casos de corrupción que afecten al Gobierno. "La ley actual le permite a Righi hacer lo que hizo. Por eso lo queremos cambiar", aclaró Pinedo.
El titular del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, apuntó al Gobierno.
"Este es uno de los países más corruptos del continente, y este índice tiene relación con medidas del Gobierno que generan esa falta de control." Para el diputado cercano a Elisa Carrió "es evidente que esta fiscalía estaba molestando al Gobierno y por eso fue limitada".
RIGHI DEFENDIÓ SU POSICIÓN
El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, afirmó ayer que "al doctor Garrido no se le han recortado funciones ni se le ha despojado de la posibilidad de intervenir en ninguna causa, aunque no la haya iniciado".
"Si es necesario reformar la ley para adjudicarle mayores funciones a la FIA, como promueven diputados de diversos bloques, ello demuestra que las atribuciones de Garrido no le fueron recortadas". Righi fue ministro del Interior de Héctor Cámpora. Actualmente es el jefe de todos los fiscales nombrado Néstor Kirchner.
AEROLÍNEAS: DIPUTADOS OFICIALISTAS INTENTAN VOTAR EN DOS SEMANAS LA EXPROPIACIÓN
Presentarán hoy o mañana un proyecto de ley. La oposición hará otro distinto.
Entre hoy y mañana estarán listos e ingresados por la Mesa de Entrada de la Cámara de Diputados dos proyectos referidos a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El oficialismo empujará el trámite para que los despachos de comisión estén listos la semana próxima y el proyecto con despacho de mayoría pueda ser tratado en el recinto de la Cámara baja a comienzos de diciembre.
Tras el dictamen del martes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones -recomendó al Poder Ejecutivo la expropiación de las dos compañías-, diputados del Frente para la Victoria anoche estaban redactando su propio proyecto de expropiación, encabezado por le titular de la Bicameral, Mariano West (FPV).
Ese proyecto hará eje en la expropiación de las acciones de las dos compañías que están en poder del grupo español Marsans: 94,41% de Aerolíneas y 97% de Austral. "Entre mañana (por hoy) y pasado será presentado", dijeron voceros del legislador.
El proyecto de la oposición, apuntará únicamente a la expropiación de los activos de las empresas. Esto es, quitarle a Marsans los aviones, edificios, marcas comerciales y otros bienes, pero sin tocar las acciones de Marsans. Por lo tanto, el Estado tampoco se haría cargo de las deudas contraídas durante la prolongada gestión (casi ocho años) del grupo español.
"El mecanismo que proponemos es tomar únicamente los activos y calcular su valor según el trabajo que ya realizó el Tribunal de Tasaciones de la Nación", dijo Rubén Lanceta (UCR), autor del proyecto junto a su correligionario Juan Carlos Marino y Esteban Bullrich (PRO). "Una vez determinado el valor de esos activos, se les resta las acreencias por parte del Estado. Si la diferencia arrojara un resultado en su favor, ese sería el monto que cobraría Marsans". El diputado Ariel Basteiro, quien adhiere al proyecto del oficialismo, descartó esta alternativa porque -argumentó- significaría dejar de pagar deudas vencidas a los proveedores que siguen abasteciendo a Aerolíneas y Austral.
"La ley de rescate de acciones y ahora la expropiación son para garantizar la continuidad del servicio de las dos empresas. No se puede dejar de pagar a los proveedores la deuda vieja, con la excusa de que había sido contraída por los gerentes designados por Marsans", dijo. En ese sentido, Basteiro sugirió que mientras dura el trámite parlamentario de expropiación, el Gobierno podría avanzar en la intevención de las gerencias y el directorio de Aerolíneas. "Eso está sujeto a los obstáculos que ponga Marsans durante estas semanas", dijo.
MARSANS QUIERE RETOMAR EL CONTROL DE AEROLÍNEAS Y EMPIEZA LA PELEA JUDICIAL
Los españoles de Marsans ya diagramaron una estrategia para enfrentar la expropiación de Aerolíneas que impulsa el oficialismo. Primero retomarán parte del control de la empresa, que hoy administra el Gobierno. Luego, jugarán la carta de la presión internacional. Y si eso no surge efecto, harán juicio reclamando entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de indemnización.
En julio, el ministro de Planificación Julio De Vido firmó con los dueños de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, un Acta Acuerdo en la que los españoles se comprometían a vender sus acciones en Aerolíneas. Ese Acta establecía que el Estado tendría la conducción del día a día de la empresa, que quedó a cargo del ex intendente de La Plata Julio Halak.
"El martes próximo, el directorio de Aerolíneas definirá que de ahora en adelante todas las resoluciones de la empresa tendrán que tener la firma de Halak y la del subgerente general, que soy yo", explicó Jorge Molina, director de la empresa por Marsans.
Molina explica que esa decisión se basa en resoluciones de Halak que el directorio objetó, como el acuerdo firmado con la Asociación de Pilotos en el que se acepta que estos tengan a sus disposición cuartos en appart hotel y auto.
"También vamos a presentar ante la justicia una declaración de certeza respecto a la vigencia del Acta Acuerdo firmada con el Gobierno", agregó Molina. Buscan que De Vido responda si ese convenio está vigente. En el Gobierno ya han dicho que el Acta se cayó por incumplimientos de Marsans. Pero los españoles pretenden que eso quede por escrito. "Para nosotros el Acta está vigente y por tanto hay que ir a la tercera valuación de la empresa", insisten.
Concretamente, el Acta decía que el Estado y los españoles, cada uno por su lado, valuaría Aerolíneas, y, si no había acuerdo, se haría una tercera valuación, inapelable. Para el Estado, Aerolíneas tiene un valor negativo de más de US$ 700 millones. Para Marsans, un valor positivo de 350 a 500 millones de dólares. "Si su valuación está bien hecha, ¿por qué no quieren ir a la tercera?", dijo Molina.
En medio, juegan otra carta, la presión internacional: los dueños de Marsans habrían vuelto a plantear esta semana el tema Aerolíneas al Rey de España, quien ya habría conversado al respecto con el Jefe de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
"No queremos ir a juicio --continúa el ejecutivo--, pero si expropian la empresa, haremos una demanda en el CIADI. Ya contratamos al estudio norteamericano King y Spaldny, que ganó 3 de los 7 juicios en el CIADI que hizo contra la Argentina. Y reclamaremos una indemnización. Y serán entre US$ 1.000 y 1.500 millones.
LA PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA SE VOTARÁ EL MIÉRCOLES PRÓXIMO
Obediente al mandato de la Casa Rosada, el oficialismo de la Cámara de Diputados apuró los tiempos y emitió ayer dictamen favorable a la prórroga, por otro año más, de la ley de emergencia económica.
Esta iniciativa, que se concibió en plena crisis de 2002, le otorga al Poder Ejecutivo facultades especiales para subir o bajar impuestos, renegociar contratos con las empresas privatizadas, ampliar los planes sociales o encarecer las indemnizaciones por despido, entre otros aspectos de alto impacto.
Con el argumento (que suena a excusa para la oposición) de que la crisis financiera internacional ya comenzó a impactar en la economía de la Argentina, el oficialismo estampó su firma en el dictamen en la Comisión de Presupuesto, que preside Gustavo Marconatto (FPV-Santa Fe). La intención del kirchnerismo es debatir la iniciativa el miércoles próximo, en una sesión especial, junto con la prórroga, por otro año más, del impuesto al cheque y otros tributos.
El debate de la ley de emergencia económica siempre ha despertado polémica en el Congreso por las facultades especiales que se delegan en el Poder Ejecutivo (que se suman a las que se otorgaron al jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias).
De hecho, cuando la presidenta Cristina Kirchner era senadora justicialista, evitó apoyarla con su voto -aun cuando se trataba de una iniciativa propiciada por el gobierno de su marido, el ex presidente Kirchner- y, cuando asumió como jefa del Estado, en diciembre pasado, dejó que la ley de prórroga de ese año se promulgara automáticamente, sin estamparle su firma.
Pese a que el kirchnerismo asegura, cada vez que se debate este tema, que será la última prórroga que impulsará, lo cierto es que la emergencia económica se ha convertido en un clásico legislativo de fin de año. Si bien ya transcurrieron siete años consecutivos, todavía siguen pendientes de renegociación varios contratos con empresas de servicios públicos privatizados; entre ellas, las telefónicas, Metrogas, TGN, Ferrovías, Gas Nea, Metrovías, Puentes del Litoral.
La oposición ya anticipó su rechazo a la nueva prórroga. "Es inconcebible seguir delegando facultades en el Poder Ejecutivo", enfatizó el radical Miguel Giubergia (Jujuy).
Por su parte, el diputado Claudio Lozano, si bien justificó la prórroga de la emergencia en el contexto de la crisis financiera internacional, consideró insuficientes las medidas que en ese marco se aplican a nivel social. Lozano propuso, en coincidencia con la CTA, a la que pertenece, que en el capítulo social incluya prohibir despidos durante 180 días e instaurar un ingreso universal a la niñez.
EN DICIEMBRE TRATARÍAN EN EL CONGRESO LA MODIFICACIÓN DE LA LLAMADA TABLITA DE MACHINEA
Desde la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja adelantaron que antes de fin de año el Poder Ejecutivo enviará la modificación del impuesto a las Ganancias, con un escalonamiento más progresivo de la famosa “tablita de Machinea”.
Algunos sectores del oficialismo interpretaron que esta modificación “ayudaría a evitar una caída en el consumo de los sectores medios”, en un contexto de crisis económica.
DOS DIPUTADOS DEJARON EL BLOQUE K: UNO SE FUE CON SOLÁ Y OTRO CON CARRIÓ
La bancada de diputados del kirchnerismo se quedó con dos butacas menos. El cordobés Jorge Montoya se integró al bloque que comanda desde las últimas horas Felipe Solá. En tanto, la santiagueña, Marta Velarde formó un interbloque para trabajar con la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
GESTO HACIA MOYANO: EL GOBIERNO ANALIZA LA DOBLE INDEMNIZACIÓN
El Gobierno dejó ayer en evidencia que su alianza con Hugo Moyano por ahora es inquebrantable. Apenas recibió las noticias desde Buenos Aires, la presidenta Cristina Kirchner pidió al ministro del Interior, Florencio Randazzo, que instalara en los medios la idea de que la Casa Rosada analizará la propuesta de la CGT de implementar una doble indemnización para evitar despidos.
"Nosotros no tomamos distancia ni desaprobamos nada. Es una propuesta de la CGT con el objetivo de mantener el empleo y vamos a analizarla", sostuvo el funcionario, temprano en la mañana, por orden de Cristina Kirchner.
La nueva postura del Gobierno pareció una aclaración a los dichos del jefe de Gabinete, Sergio Massa, que anteayer había descartado la posibilidad de instalar nuevamente la doble o triple indemnización que pide Moyano. Todavía estaba en Túnez, en la segunda escala de su gira por los países del Magreb, cuando la Presidenta pidió hablar con Randazzo. Según contaron funcionarios que trabajan con la Presidenta, Cristina Kirchner pidió explicaciones sobre las palabras de Massa. "¿Qué dijo?", consultó. "Hay que trabajar en soluciones prácticas para el momento y no atarse a otras que son duraderas y después cuesta trabajo desarmar", habían sido las palabras del jefe de Gabinete.
La Presidenta ordenó a Randazzo que hiciera una aclaración: "La prioridad será cuidar el empleo. Nunca podemos descarar una propuesta como la de Hugo", le dijo Cristina Kirchner, según una alta fuente del Gobierno. Pero pidió expresamente que las declaraciones del ministro del Interior no fueran leídas como una desmentida a Massa, sino más bien como un mensaje conciliador a Moyano.
LA NACIÓN, PÁGINA 6 / EL CRONISTA, PÁGINA 6
LA CTA TAMBIÉN SALIÓ A PEDIR QUE SE PROHÍBAN LOS DESPIDOS
La Central de Trabajadores Argentinos, CTA, formalizó ayer su pedido de que se sancione un instrumento legislativo que prohíba los despidos por 180 días, como uno de los instrumentos propuestos para enfrentar los efectos de la crisis financiera internacional sobre el país.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA, acompañado por su antecesor en el cargo y actual secretario de Relaciones Institucionales, Víctor de Gennaro, y otros dirigentes, reiteró el planteo de la prohibición de despidos por un lapso de 6 meses, definida en el Congreso Nacional.
Ese planteo fue retomado por el diputado de la CTA, Claudio Lozano, quien pidió que se la incluya expresamente en la ley de Emergencia Económica, de la que el Gobierno pretende que el Congreso apruebe prorrogar su vigencia por un año más.
Yasky y los otros integrantes de la mesa nacional de la CTA anunciaron, además, que propondrán que esa prohibición interactúe con la creación de un Consejo Federal de Desarrollo, integrado por empresarios, representantes sindicales y del Gobierno.
LOS BANCARIOS DENUNCIAN
El gremio bancario que encabeza Juan José Zanola advirtió que "sigue recibiendo denuncias" sobre "despidos encubiertos" de empleados en ese sector de los servicios, pese a la vigencia de la conciliación obligatoria que dispuso el ministerio de Trabajo.
En un comunicado, el vocero de prensa de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, aseguró que siguieron llegando "denuncias de presiones y acoso laboral" para que abandonen sus puestos de trabajo a "empleados de bancos privados". Y apuntó al Gobierno: "de pacto social solo puede hablar si el Estado no demuestra capacidad para garantizarlo".
GENERAL MOTORS ACUERDA BAJAR SUELDOS PARA EVITAR DESPIDOS
Luego de más de dos semanas de tensas negociaciones, General Motors y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) quedaron a las puertas de un acuerdo para bajar sueldos y dejar sin efecto los 435 despidos del 24 de octubre pasado en la planta de la firma posee en Alvear, al sur de Rosario.
Las cesantías, sin efecto tras dictar el Ministerio de Trabajo de Santa Fe la conciliación obligatoria, serán reemplazadas por un sistema de suspensiones.
Así lo acordaron ayer la firma y el gremio, que obtuvo la garantía para sostener los empleos hasta diciembre de 2009, seis meses más de lo que proponía la automotriz. La alternativa de suspensiones elevada por la empresa alcanzaría a 160 empleados de planta permanente, quienes habían recibido el telegrama de despido y a los que se les reduciría el sueldo gradualmente. En una primera etapa pasarían a cobrar el 80 por ciento de su sueldo, para terminar recibiendo a fines del año próximo sólo el 40% de sus ingresos actuales.
EL SENADO VOTA EL FIN A LAS JUBILACIONES PRIVADAS
El Senado se dispone hoy a poner fin al régimen de capitalización previsional, a quince años de su creación por una ley -la 24.241- que le costó al peronismo de entonces mucho mayor esfuerzo que la que se apresta a votar.
El bloque oficialista, que preside el rionegrino Miguel Pichetto, da por seguro que contará con suficiente número, más allá, incluso, de que un par de senadores de sus filas lo hagan en contra, como los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero. Desde la misma oposición calculan que rondarán los 45 sobre un total de 72 integrantes de la Cámara.
El debate que vino transcurriendo hasta ahora en el Congreso preserva la misma cuestión. Hay diagnósticos, no soluciones.
DICTÁMENES OPOSITORES
La UCR y el socialismo presentaron proyectos alternativos a la iniciativa estatizadora de las AFJP, aunque con disidencias entre sí, ya que la UCR propone el rechazo frontal y los socialistas aprobarán en general la iniciativa oficial y cuestionarán aspectos puntuales.
El bloque radical presentó un dictamen en el que propone, entre otras cosas, la "indisponibilidad de los fondos" y encomienda a dos comisiones de Diputados y Senadores que elaboren en 180 días una nueva propuesta de reforma del sistema previsional. Por su parte, el dictamen socialista también reclama restricciones y límites para resguardar el valor de los fondos y garantizar así la sustentabilidad del sistema.
PROTESTA DE EMPLEADOS DE AFJP
Con mucha menos gente que en marchas anteriores, empleados de AFJP y autoconvocados se reunieron ayer frente al Congreso para evitar "que nos saquen nuestro dinero", como exhibían en los carteles.
Allí se mantuvieron protestando con bombos y canciones durante dos horas. El gran ausente fue Alfredo De Angeli, quien sólo pudo mandar una remera autografiada que expresaba su apoyo a los manifestantes.
CRISTINA ADMITIÓ QUE EN EL PAÍS SE SENTIRÁN LOS EFECTOS DE LAS TURBULENCIAS
En su cuarto día en el norte africano, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó ayer cuatro convenios con el presidente de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, abrió un seminario de empresarios argentinos y tunecinos y luego se embarcó hacia El Cairo, con un balance “estupendo”, al decir de la comitiva. Ante los hombres de negocios, la Presidenta admitió que los efectos de la crisis llegarán a Argentina “porque no estamos alejados del mundo” pero insistió en que en esta ocasión el país está preparado para que “se sienta lo menos posible”.
La Presidenta fue ayer por tercera vez en 24 horas al Palacio Cartago, donde firmó convenios de cooperación en comercio internacional, en ciencia y tecnología, en cultura y –el más importante– en temas agrícolas. Según contó el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi, los convenios implican asistencia argentina en tecnología, fertilizantes, siembra directa, control de la desertificación y procesos lácteos. En dos semanas enviarán a Túnez un equipo de técnicos para comenzar a trabajar.
Los temas políticos ya los habían abordado la Presidenta y Ben Ali en los encuentros que mantuvieron el martes. De todas maneras, ayer ratificaron darle continuidad a la relación iniciada en esta visita, articulando ambos gobiernos con los empresarios de cada país una política de intercambio comercial.
La Presidenta, como ya lo había hecho con el presidente de Argelia, Bouteka Anaflika, invitó ayer a Ben Ali a visitar la Argentina. La invitación fue aceptada y se concretará seguramente el año próximo.
Antes, Cristina Kirchner había abierto el seminario sobre posibilidades de inversiones en la cámara de comercio e industria de Túnez. Allí admitió que la crisis financiera mundial de un modo u otro afectará a la Argentina “porque estamos dentro del mundo”. Pero a la vez destacó que el país está “bien preparado para que el efecto de la crisis se sienta lo menos posible”. En ese sentido, puntualizó como datos favorables el superávit fiscal, el comercial, las reservas disponibles y el bajo nivel de endeudamiento de las empresas argentinas.
“La oportunidad de complementariedad entre ambas economías, la argentina y la tunecina, no tiene techo”, dijo la Presidenta. Y al destacar la capacidad de Argentina de producir alimentos y enlazándolo con la crisis internacional, ejemplificó: “Alguien puede dejar de comprar un auto, un iPod o alguna otra cuestión del mundo moderno, pero al contrario va a necesitar muchos alimentos, es algo de lo que no se puede prescindir”.
LA UCR NEGOCIA CON COBOS LA UNIFICACIÓN PARTIDARIA EN 2009
El tema ya está prácticamente acordado. Después de muchas idas y venidas y de negarlo en infinidad de declaraciones públicas, la UCR les abrirá las puertas a los seguidores del vicepresidente Julio Cobos y los incorporarán en sus listas para las próximas elecciones.
El acuerdo tendrá un solo ausente: Julio Cobos, que tanto por exigencia de su partido como por convencimiento propio, se mantendrá al margen de todo el proceso. La decisión tendrá un peso interno importante (significará la unidad de la UCR donde ahora está dividida) e influirá en el frente opositor que los radicales arman con la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, y al que convocaron al socialismo.
Por eso, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, ya le avisó a Carrió y al titular del Partido Socialista, Rubén Giustiniani, de sus intenciones. Era imposible ocultarles que la UCR negocia a toda máquina el regreso de los intendentes y dirigentes cobistas en todo el país de cara a las elecciones legislativas de 2009.
SUMA CARRIÓ EX MONTONEROS QUE DEJAN EL KIRCHNERISMO
Elisa Carrió se prepara para entregarse hoy a la recepción de una tropa peronista que le rendirá honores a la Coalición Cívica y que, además, reporta entre sus filas a kirchneristas desencantados. Casi una ilusión que se cumple para la candidata y que tiene base en las pasadas elecciones porteñas.
Con los oficios de Patricia Bullrich, está prevista para hoy una cena en un restorán que oficia de local gastronómico de la política (sus dueños tributan a distintos campamentos), donde se coronará el pase del grupo que pilotean Pablo Unamuno y su madre, la ex legisladora porteña Lidia Saralegui, y Horacio Lenz (hermano de la diputada kirchnerista María Lenz).
Con ellos avanzará una hilera de ex pejotistas que se encolumnarán en la Coalición Peronista, ala que albergará la Cívica, porque, como suele pasar en estas migraciones, «no queremos perder nuestra identidad», dicen los protagonistas.
Unamuno se desempeña desde hace más de una década en el Congreso y actualmente lo hace para la vicepresidenta en Diputados, Patricia Vaca Narvaja, quien debe soportar ahora ese desencanto. Pero este ensayista fue más conocido cuando, como vocero de Mario Firmenich, tramitó ante Carlos Menem el indulto del montonero. Antes de esa integración, sin embargo, más joven, en los 70, Unamuno era ya un dirigente de la Juventud Peronista. Otros compañerosde ruta del funcionario del Congreso de aquellos años también tienen silla hoy en la mesa de Carrió.
Lenz, actualmente dedicado a la actividad privada, fue hasta el año pasado el lazo entre el Gobierno porteño de Jorge Telerman y la Legislatura. Junto a ese ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, llegan a la Coalición Cívica otros que compartieron funciones en la administración telermanista. Es decir, de alguna manera Carrió se queda ahora con el apoyo de quienes fueron sus socios en la elección de Capital, cuando se presentó la fórmula local Telerman-Macri, pero no con el protagonista de la tira. Con el ex jefe porteño, que no alcanzó la segunda vuelta derrotado por Mauricio Macri y el kirchnerista Daniel Filmus, la ex candidata no tiene lazos hoy.
Tampoco ese puñado de peronistas que festejarán el pase a la Coalición Cívica y que ven en Telerman a una suerte de indeciso que coquetea ahora con un sector del kirchnerismo que lo propone candidato a legislador porteño y le llenará la lista con propios.
La relación de la incipiente Coalición Peronista comenzó cuando el grupo le envió un documento de su autoría y a los cinco días se sentaban en el living de Carrió para presentarse.
POR LA CRISIS DEL SECTOR, ENVÍAN HOY A FAENA A UNAS 1.500 VACAS LECHERAS
El Mercado de Liniers amanecerá hoy en blanco y negro, los colores característicos de las vacas lecheras Holando Argentina. En repudio a la política lechera del Gobierno, los tamberos decidieron enviar allí unos 1.500 ejemplares, que serán rematados y luego viajarán hacia el matadero. La postal de las vacas camino al frigorífico no es nueva: debutó a fines de 2007, a días de la asunción de Cristina Kirchner.
La protesta tiene el apoyo de la Mesa de Enlace. Y algunos de sus dirigentes, como Eduardo Buzzi, se harán presentes en el viejo mercado de Mataderos. En distintos comunicados, CRA, la Federación Agraria y CARBAP hablaron de "políticas nefastas", de la "enorme ineficacia del Estado", y de una "creciente y profunda distorsión en la actividad láctea".
Semejantes calificativos tienen como destinatario al secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Los productores lo cuestionan por haber promovido un acuerdo de precios que no se cumple. En ese pacto, firmado en octubre, el Estado prometió garantizar a los tamberos un precio de $ 1 por litro de leche. Pero se les paga de 70 a 85 centavos.
Los industriales sostienen que los precios reflejan el valor internacional que se derrumbó de US$ 5.000 la tonelada de leche en polvo a los actuales 2.400.
Al titular de la ONCCA, el organismo de Control, Ricardo Echegaray la Mesa de Enlace lo acusa de "haber trabado las exportaciones en momentos en que los precios externos se encontraban en niveles históricos, generando así un elevado stock que hoy no se puede vender y deprime los precios". El titular de Agricultura, Carlos Cheppi, aparece como convidado de piedra en esta discusión: el 5 de setiembre recibió al sector lácteo y prometió reuniones quincenales. No volvió a convocarla.
Guillermo Giannasi, de la Federación Agraria, explicó que con el envío a Liniers se quiere "mostrar que con la actual política la actividad dejó de ser rentable". Aclaró que la medida tendrá valor testimonial, pues los animales que van a faena se encuentran en el ocaso de su vida productiva. A esas vacas se las llama "de descarte".
Ese dato fue recogido ayer por Echegaray, quien consideró que "la protesta solo tiende a confundir". Explicó que "ninguna persona enviaría una vaca lechera a Liniers considerando que su valor va de $ 2.200 a 3.000, y en cambio su cotización como vaca de rechazo ronda los 990 pesos".
PEDIRÁN QUE PROCESEN A DIRIGENTES RURALISTAS
El fiscal de San Nicolás, Juan Murray, pedirá hoy el procesamiento de los cinco principales exponentes de la llamada Mesa de Enlace del conflicto con campo, a quienes acusa de “entorpecer e interrumpir” el tránsito de “vehículos, personas y mercaderías” en los cortes de la Ruta 9 realizados en marzo. Los implicados son el actual presidente de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcati, su antecesor, Luciano Miguens, el titular de Confederaciones Rurales (CRA), Mario Llambías, el de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y el de la Confederación Agropecuaria (Coninagro), Fernando Gioino.
El fiscal requerirá también que se procese a la dirigente de la Coalición Cívica Margarita Stolbizer, la funcionaria santafesina María del Carmen Alarcón, a funcionarios de San Pedro –incluso el intendente, Mario Barberi– y dirigentes agrarios bonaerenses.
La rueda de indagatorias de todos estos imputados, 16 en total, terminó una semana atrás. En rigor, sólo declararon Stolbizer, Buzzi, Alarcón y Silvio Corti, de la Federación Agraria de San Pedro, quienes negaron cualquier responsabilidad y buscaron ampararse en el derecho a peticionar. El resto no contestó preguntas o presentó descargos por escrito.
El fiscal Murray evaluó, en base a testimonios y filmaciones de su investigación, que está acreditada la responsabilidad de todos ellos en los cortes y que incluso se les debería ampliar la indagatoria por la quema de pastizales, que implicaría el “delito de incendio doloso con peligro común” para quienes intentaban circular por la Ruta 9 a la altura del puente sobre el río Tala. Ahora, la posibilidad de dictar o no los procesamientos y ampliar los interrogatorios depende del juez Carlos Villafuerte Ruzzo.
LA PELEA POR OTROS MEDIOS
Unos 500 productores "autoconvocados" reunidos ayer en Azul decidieron realizar nuevas manifestaciones el 10 de diciembre, en coincidencia con el primer aniversario de gobierno de Cristina Kirchner. La decisión contó con el respaldo del entrerriano Alfredo De Angeli, quien arengó a los chacareros a "seguir peleando para solucionar los graves problemas que continua atravezando el campo".
La iniciativa será analizada hoy por la Mesa de Enlace, donde prima la idea de no impulsar nuevas protestas y canalizar el reclamo sectorial hacia el Congreso. En ese sentido, los dirigentes de CRA, Sociedad Rural, Coninagro y la Federación Agraria analizarán hoy un proyecto de ley que promueve una fuerte baja de las retenciones. El bloque rural, además, dará a conocer el texto de una "carta del campo al pueblo argentino", en la que explicará la situación del agro luego de la derogación de las retenciones móviles.
PROCESAN A VIDELA POR LA REPRESIÓN ILEGAL EN CÓRDOBA
El dictador Jorge Rafael Videla fue procesado por primera vez por la Justicia cordobesa. Ayer, en un escrito de 103 fojas, la jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lazcano lo imputó por delitos de lesa Humanidad contra 31 presos políticos que estaban detenidos en una cárcel del Estado entre abril y octubre de 1976. La causa se conoce como "UP1", y las víctimas fueron torturadas, estaqueadas y asesinadas con la aplicación de la llamada "ley de fugas".
Además, Videla fue embargado por 200 mil pesos junto a una veintena de represores de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, que tenía a su cargo la Unidad Penitenciaria Nº1, UP1.
Entre los más destacados figuran Vicente Meli, Raúl Eduardo Fierro, Jorge González Navarro y Mauricio Carlos Poncet; además del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, Gustavo Adolfo Alsina, Carlos "Tucán" Yanicelli y Yamil Yabour, ex policías que encabezaban una de especie de Gestapo cordobesa que tenía sede en el Cabildo Histórico, a pocos pasos de la Catedral.
LA RETRACCIÓN DEL CONSUMO ES MAYOR EN LOS HOGARES POBRES
En la retracción del consumo que se registró en el tercer trimestre del año, los hogares del segmento socioeconómico más bajo fueron los más castigados. Lejos de mantener sus volúmenes de compra en los supermercados y almacenes, esta parte de la población retrajo sus compras un 9%, mientras que los sectores medios, lo hicieron en un 2%.
En cambio, los consumidores de mayor poder adquisitivo, aquellos que forman parte de la punta de la pirámide social, fueron los únicos que mantuvieron sus posibilidades de compra, aumentando sus consumos un 3%.
Así lo señala un informe de la consultora LatinPanel, que adelantó Clarín hace unos días, según el cual las ventas de los alimentos y los productos de limpieza, cosmética y tocador cayeron un 10% en ese período respecto del primer trimestre del año.
