Es para él", afirmó Elisa Carrió con un hilo de voz. Acababa de referirse al ex presidente Raúl Alfonsín, quien padece una grave enfermedad, y la líder de la Coalición Cívica se quebró. Al cierre de una conferencia de prensa donde presentó su programa contra la inseguridad, la chaqueña admitió ayer que su decisión de concurrir esta tarde al Comité Nacional de la UCR para abrir las negociaciones de un eventual frente electoral para el 2009 es una respuesta al llamado que hizo Alfonsín en el acto del 30 de octubre -a través de video proyectado en el Luna Park- para "unir a la oposición".
Carrió se sentará por primera vez a dialogar formalmente con el jefe radical, Gerardo Morales, para tantear la posibilidad de acordar listas conjuntas en los principales distritos, a las que podrían acoplarse el socialismo y el juecismo cordobés, entre otras fuerzas. Ambos estarán rodeados por las primeras líneas de la Coalición que encabeza Lilita y de la UCR.
"Escuché lo que pidió Alfonsín, quise darle eso, mostrárselo, a una persona que amé y con quien tuve enormes diferencias. Es para él", soltó Carrió cuando se le preguntó si el armado de un frente opositor estaba condicionado a que sus socios acepten catalogar a Néstor Kirchner como "jefe de una asociación ilícita", tal como definió al ex presidente durante la primera parte de su exposición.
"El diálogo con otras fuerzas será institucional. Y haremos todos los esfuerzos para un acuerdo. La denuncia contra Kirchner será a título personal", explicó la chaqueña, quien confirmó que mañana presentará en la Justicia una acusación formal contra el esposo de la presidenta Cristina Kirchner.
STOLBIZER Y COBOS TRABA ACUERDO DE LA UCR Y CARRIÓ
El acuerdo entre la Coalición Cívica de Elisa Carrió y la UCR de Gerardo Morales ya comenzó a sufrir las primeras complicaciones. La radical Margarita Stolbizer, ex candidata a gobernadora bonaerense de la CC, repudió cualquier intento de acuerdo con el radicalismo bonaerense de Leopoldo Moreau y Federico Storani, y le advirtió a Carrió que ni siquiera estaba dispuesta a pisar el comité nacional de la UCR, donde hoy estaba prevista la cumbre opositora.
Los operadores radicales intentaban anoche mudar el encuentro de Morales, Carrió y Stolbizer al despacho del mendocino Ernesto Sanz en el Senado. Buscaban así que el jefe de los senadores radicales, el más dialoguista dentro del partido -dispuesto incluso a amnistiar a Julio Cobos- se convierta en el anfitrión del encuentro.
Stolbizer, la segunda candidata a la gobernación bonaerense más votada detrás de Daniel Scioli, había abandonado la UCR enemistada con la dupla Moreau-Storani, artífices del acuerdo con Eduardo Duhalde para postulara Roberto Lavagna a la presidencia. Tanto que ni siquiera Carrió había aceptado la convocatoria que Morales realizó en 2007, antes de las elecciones presidenciales, para armar un frente opositor compacto.
Para colmo, la cumbre UCR-Coalición Cívica llega en medio de los cortocircuitos entre la jefa de la Coalición Cívica y el Partido Socialista de Rubén Giustiniani por la estatización de las AFJP. Carrió viene de denunciar a Néstor Kirchner como el presunto «jefe de una asociación ilícita que busca quedarse con la caja previsional» justo cuando el socialismo votó en el Congreso el proyecto de estatización de las AFJP que presentó
Cristina de Kirchner ante el Poder Legislativo.
El PS de Giustiniani, presente en la última convención nacional de la UCR en Mina Clavero -Córdoba-, es la tercera pata opositora de este trípode antikirchnerista. Giustiniani fue candidato a vicepresidente de Carrió en las últimas elecciones, pero ahora su apoyo es disputado por el radicalismo de Morales y hasta por Cobos.
El vicepresidente es la viuda negra en este armado opositor. Expulsado de su partido de por vida por Morales, su figura también es repudiada por Carrió y hasta por socialistas de la talla de Miguel Lifschitz, intendente de Rosario, quien calificó al jefe del Senado de figura mediática. Para compensar su aislamiento, Cobos intentará hoy que lo reciba Ricardo López Murphy.
"QUEREMOS SABER SI KIRCHNER ES EL JEFE DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA", DIJO CARRIÓ
Elisa Carrió arremetió ayer en una fuerte ofensiva política con dos ejes: por un lado, denunció por asociación ilícita a Néstor Kirchner y a varios colaboradores del ex presidente y, por otra parte, anunció que comenzará las negociaciones para lograr acuerdos con otros sectores de la oposición.
En la sede del Instituto Hannah Arendt, la líder de la Coalición Cívica presentó un plan contra la inseguridad cuyo capítulo central es atacar la supuesta corrupción del Gobierno. En ese escenario, Carrió ratificó que mañana presentará en la Justicia pruebas contra Kirchner por "asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero".
Además del ex presidente serán incluidos en la denuncia de Carrió el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex funcionario Claudio Uberti, y los empresarios Lázaro Báez, Rudy Ulloa y Cristóbal López. "He excluido expresamente a la presidenta de la Nación para que esta denuncia no tenga alcance en términos institucionales", advirtió Carrió.
La dirigente de la Coalición Cívica no hará público su convencimiento de que Cristina Fernández de Kirchner tiene alguna responsabilidad en los delitos que expondrá en la presentación judicial. "Asumí la responsabilidad histórica de denunciar a un ex presidente de la Nación", aseguró Carrió. Y agregó: "El daño que hicieron es imperdonable desde el punto de vista moral y desde el costado legal es gravísimo, hasta incluye la traición a la Patria".
"Queremos saber si Néstor Kirchner es el jefe de una asociación ilícita; si Lázaro Báez es el testaferro de Néstor Kirchner", dijo Carrió después de reseñar con un grupo de legisladores de su coalición los principales puntos del proyecto de seguridad pública.
La dirigente simbolizó en el recorte de atribuciones sufridas por Manuel Garrido, el fiscal de investigaciones administrativas, a los negocios ilegales que en su sospecha llevan adelante funcionarios y empresarios amigos del poder. "Fue a los efectos de garantizar la corrupción del Gobierno para tener una mayor política de impunidad", aseveró.
La decisión del procurador general Esteban Righi fue duramente criticada por Carrió: "Righi se convirtió en el garante más escandaloso de los delitos del Gobierno. No me equivoqué cuando lo impugné".
Las repercusiones del reportaje de LA NACION a Guido Antonini Wilson, publicado en la edición del domingo último, no estuvieron ausentes en el mensaje de Carrió: "La Justicia deberá investigar la relación ilícita entre Néstor Kirchner y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez".
"SIN LA LEY, HUBIERAN QUEBRADO DOS O TRES AFJP", DIJO TOMADA EN EL SENADO
El ministro de Trabajo y Previsión Social Carlos Tomada y el secretario ejecutivo de la ANSeS Amado Boudou atravesaron ayer sin sobresaltos el informe compartido ante el plenario de comisiones del Senado acerca de la liquidación de las AFJP. Por el mismo trámite habían pasado días atrás en Diputados.
"Podríamos haber dejado pasar el tiempo (para impulsar la ley), pero hubieran quebrados dos o tres AFJP por la crisis de los mercados y entonces hubiera habido un clamor para que el Estado interviniera", dijo ayer Tomada ante los legisladores.
La oposición hizo sus planteos pero desaprovechó la oportunidad de profundizarlos. Arrancó el jujeño Gerardo Morales, radical, presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, cabecera del plenario, con un largo discurso en buena medida sobre un proyecto radical -tema que no estaba en cuestión-, y desaprovechó la oportunidad de ponerle el diente al texto que recibían del Senado.
Uno de los asuntos todavía no bien determinados son los cambios que la nueva ley introduce a su propia madre, la controvertida 24.241 votada en calientes jornadas de 1993. Vanguardia en aquella resistencia fueron los legisladores radicales que hoy también están en contra de esta norma.
El presidente del bloque radical Ernesto Sanz lamentó ayer en el debate, por ejemplo, la desaparición del papel del Banco Central en la calificación de riesgo. O sea que las decisiones en materia de inversiones dependerán exclusivamente de la ANSeS, en la interpretación del senador. Lo aceptó Boudou al explicar que ese capítulo será eliminado, pero no el que se relaciona con las penalidades.
Amplió después Sanz que en la ANSeS, que tendrá una cartera de 120 mil millones de pesos, todo dependerá de la voluntad de su conductor. Los controles previstos de la SIGEN, de la Auditoria General de la Nación y de una comisión bicameral que crea la norma serán posteriores a los hechos, en este caso las inversiones.
El proyecto originado en el Poder Ejecutivo y aprobado con algunas modificaciones en Diputados en la madrugada del último viernes será ley la próxima semana. La sesión está convocada para el jueves 20 y se da por seguro que el oficialismo impondrá su cómoda mayoría.
Sin dudas acerca del resultado, la preocupación de Tomada pareció haber estado en la pérdida de oportunidad por parte de las grandes corrientes -obvia alusión al radicalismo- al no ser parte de una decisión consensuada. "La decisiones tienen que ser prontas para ser eficaces", dijo como para explicar la sorpresa que generó el proyecto. Tomada insistió en asegurar plenas garantías para los trabajadores de las AFJP. Y de paso rechazó que haya despidos en otras áreas, incluyendo las automotrices. Boudou, por su lado, descartó la posibilidad de eventuales juicios porque, aseguró, "siempre será mayor lo que pague el sistema de reparto y más en un período de turbulencia financiera". La ronda de consultas continuará hoy y finalizará mañana, luego de lo cual los legisladores del bloque de la mayoría firmarán su dictamen.
Hoy continuará la sucesión de visitas para exponer ante los miembros de las comisiones. Será el turno de Sebastián Palla, que preside la Unión de Administradoras de Fondos de Pensión. También estará el especialista en derecho previsional, el abogado Guillermo Jáuregui, que apoya esta ley, pero es un duro crítico de la norma que fijó la movilidad.
ADVERTENCIA DEL GOBIERNO A LOS SENADORES
El Gobierno plasmó ayer en el Senado su nueva línea discursiva de cara al tramo final del debate sobre la estatización de la jubilación privada: cuánto más se demore en sancionar el proyecto, más fuerte impactará la crisis financiera mundial en la Argentina, y quienes no apoyan la iniciativa están con los "intereses concentrados" de la economía.
Esa fue la línea discursiva que trazó ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ante las comisiones de Trabajo y Previsión, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, donde dijo, además, que con este proyecto el Poder Ejecutivo está evitando lo que, según su óptica, es el catastrófico futuro que le espera al sistema de jubilación de capitalización. "Hemos evitado un 2001 previsional", sentenció.
En su defensa de la propuesta oficialista, Tomada también se tomó su tiempo para responder a las críticas que hay desde algunos sectores de la oposición contra el Gobierno.
"Cada vez que se presentan proyectos que vayan en otro sentido a los intereses concentrados, vamos a tener resistencia, con augurios de catástrofes que nunca ocurren y terminan con agravios personales", afirmó el ministro, en una frase que pareció dirigida a Elisa Carrió y su nueva embestida de denuncias judiciales contra la administración kirchnerista.
Junto a Tomada también asistió al Senado el director de la Anses, Amado Boudou, quien hizo hincapié en señalar las "promesas incumplidas" por el sistema de jubilación privada en los 14 años que lleva de existencia.
AFJP EN EL SENADO: SE ESPERA UN DEBATE DE ALTO VOLTAJE
El debate por la reforma del sistema previsional que impulsa la Casa Rosada promete tomar un alto voltaje político en su paso por el Senado, en el que oficialismo y oposición pondrán sobre la mesa todo tipo de argumentos políticos para defender sus posturas enfrentadas.
Esto quedó demostrado en algunas de las intervenciones que se escucharon ayer en el inicio del debate en comisiones del proyecto, en el que sobresalieron duras críticas cruzadas entre radicales y peronistas.
El que abrió el fuego fue el senador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, quien adjudicó el proyecto previsional del Gobierno a las necesidades electorales del matrimonio presidencial. "Kirchner está obsesionado con las elecciones del año que viene porque sabe que, si pierde, se acabó su proyecto político; por eso lo que quieren es la caja", afirmó.
"Este proyecto es tan precario y genera tanta inseguridad jurídica que va a haber una lluvia de juicios contra el Estado", aventuró el legislador en declaraciones a la prensa antes de ingresar a la primera reunión de comisión donde se discutió la iniciativa previsional.
La respuesta peronista estuvo a cargo de la pampeana Silvia Gallego, quien tomó la palabra en el plenario de comisiones para criticar a sus colegas de la oposición, como el propio Morales, que plantearon la posibilidad de que la Nación restituya a las provincias el 15% de la coparticipación de impuestos que aportan para financiar el déficit de la Anses.
"La coparticipación no la podemos modificar nosotros si no es con un acuerdo de las provincias, así que, si ponemos este tema sobre la mesa, es porque, como dicen en mi pueblo, queremos empastar la discusión", replicó la legisladora, pero su intervención no generó respuesta.
Más allá de estos roces, el debate se desarrolló sin mayores estridencias y en un salón que quedó grande ante la menguada presencia de legisladores.
DEBATEN POR LOS AÑOS DE APORTES PARA LA JUBILACIÓN
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, se refirió ayer a la necesidad de un debate para instrumentar, tras la reforma previsional que impulsa el Gobierno, jubilaciones proporcionales para quienes no completen la cantidad de años de aportes requeridos y un esquema de fondos complementarios que, en general y sobre todo en países con sistemas de reparto, tienden a integrarse con el ahorro voluntario de los trabajadores, que a su vez es incentivado con beneficios fiscales.
El texto del proyecto impulsado por el Ejecutivo busca anular algunos mecanismos previstos por la ley vigente, que tienen vinculación con esos dos temas, como son, por un lado, la posibilidad de deducir de la base imponible de ganancias los aportes voluntarios al sistema previsional o a un seguro de retiro y, por el otro, el derecho a acceder al ahorro jubilatorio sin importar la cantidad de años en los que se hicieron aportes.
La posibilidad de establecer prestaciones proporcionales en función de la cantidad de años aportados cuando no se llega a los 30 exigidos por el sistema de reparto es un tema que se debatió con fuerza en los primeros años de gestión kirchnerista. El objetivo planteado en el análisis del tema, promovido por la cartera laboral, era dar una respuesta de largo plazo ante el problema de falta de cobertura que enfrentarán muchos de los actuales afiliados a la seguridad social.
El proyecto enviado al Congreso el mes pasado no incluye ese elemento de política previsional. Pero, según confirmaron fuentes oficiales, tampoco se previó nada, al menos por ahora, en cuanto a la situación de las personas afiliadas a una AFJP que ya saben que no accederán a una jubilación completa.
La ley 24.241 les garantiza a los afiliados a capitalización el acceso al saldo de la cuenta individual administrada por la AFJP con el único requisito de haber cumplido la edad de retiro, de 60 años las mujeres y de 65 años para los varones. Para el cobro, se prevén diferentes modalidades de retiro mensual del fondo.
Con la reforma en debate, todos los trabajadores deberán cumplir con la exigencia de 30 años de aportes para acceder a un beneficio al cumplir la edad del retiro o bien esperar a los 70 años, si se cuenta por lo menos con 10 de aportes, para cobrar una prestación especial. En el sistema actual, los afiliados a una AFJP deben cumplir el requisito de los 30 años para acceder al pago de una prestación básica que reciben tanto quienes se jubilan por el sistema público como por el de capitalización, y que actualmente es de entre $ 200 y 230, aunque ya está definido que se elevará a 326.
El compromiso que asume el Estado al prometer esta prestación a los afiliados a las AFJP tiene su contraparte en el hecho de que el sistema público recibe toda la recaudación de contribuciones patronales correspondientes a quienes están en capitalización. Es algo que ven con claridad los autónomos, que pagan mensualmente un aporte equivalente al 27% de una renta presunta: de ese porcentaje, 11 puntos van a la AFJP y 16, al Estado.
Se estima que los recursos que van al fisco son por lo menos el equivalente a tres veces los $ 4000 millones que se derivan a pagar prestaciones a los jubilados de capitalización. En esta última cifra está incluido el pago de las prestaciones por los aportes realizados al fisco antes de la existencia de las AFJP.
En cuanto a la creación de fondos complementarios, el proyecto no prevé mecanismos, aunque indica que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirá los recursos de quienes en los últimos años hicieron aportes voluntarios al sistema de las AFJP para aplicarlos a mejorar los haberes futuros, según un esquema que debería ser reglamentado, de acuerdo con el proyecto, por el Ejecutivo.
EL ESTADO INTERVIENE EN EL MERCADO PARA FAVORECER LOS CRÉDITOS AL CONSUMO
Cada día es más complicado conseguir un crédito o financiar las compras de algunos bienes, como los electrodomésticos. Por eso el Gobierno aparece ahora dispuesto a rescatar los fideicomisos de consumo, un instrumento que permite a las grandes cadenas comerciales -en particular de electrodomésticos- impulsar las compras en cuotas para aquellos clientes que no tienen cuenta bancaria ni poseen tarjetas de crédito.
Para evitar que el mercado de los fideicomisos de consumo sufra otra paralización como la que ya tuvo apenas se conoció la decisión del Gobierno de eliminar las AFJP -que eran las principales jugadoras del mercado en este rubro-, el Gobierno comenzó a participar de las ofertas públicas que las empresas realizan en busca de plata fresca para alimentar el circuito.
Sin ir más lejos, la semana pasada la ANSeS compró el 10% de los $ 30 millones que la cadena de electrodomésticos Frávega colocó en el mercado, a una tasa del 28,91%. El organismo estatal ya posee un fondo que puede invertir una parte en este tipo de activos.
El resto de los fondos que consiguió Frávega fue aportado por bancos y por las AFJP, que ya fueron desinhibidas por la Justicia y pudieron volver a operar en el mercado de los fideicomisos de consumo. Pocos días antes, la ANSeS había invertido también en otros fideicomisos que sacó al mercado el Banco de Santa Fe.
"El Gobierno está dando señales de que seguirá participando en la compra de fideicomisos a través de la ANSeS, por lo cual estimamos que la herramienta seguirá funcionando aunque nos preocupa la previsibilidad", dijeron en Tarshop, la emisora de Tarjeta Shopping, la división de IRSA que ofrece financiamiento no bancario.
Lo que les preocupa a las compañías que recurren mucho al fideicomiso para ofrecer a sus clientes un financiamiento propio es qué ocurrirá una vez que se haya aprobado la ley que elimina las AFJP. "Nos preocupa el nivel de tasas de interés ya que hace un año nos prestaban al 14% anual y hoy las tasas subieron a niveles del 28%", dijeron en Tarshop.
Enrique Germano, gerente comercial de Garbarino, señaló también que "tal vez a futuro las tasas puedan ser un poco altas". Pero aclaró que por ahora, ellos no han aumentado el interés que le cobran a sus clientes. "No modificamos la tasa de los préstamos propios que ofrecemos, que sigue siendo fijas y en pesos", aseguró. Garbarino colocó su último fideicomiso hace poco más de un mes, antes de que se conociera la decisión del Gobierno de eliminar las AFJP. Pero aseguran que pronto saldrán al mercado.
La otra pregunta que todos se hacen es si las compras de la ANSeS alcanzarán para compensar la desaparición de las AFJP del mercado, una vez que sea aprobada la ley que modifica el sistema previsional.
"Las AFJP son jugadores anticíclicos, que se vuelven muy importantes en momentos de crisis como éstos", dijo Enrique Algorta, gerente de INTL Capital. Pero advirtió que "desde el Gobierno han dado señales de que no quieren destruir este mecanismo que otorga financiamiento a gente a la que nadie les presta".
LA RENTABILIDAD DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES RETROCEDIÓ EN ONCTUBRE UN 19,11 %
La rentabilidad anual promedio de los fondos de jubilaciones y pensiones registró en octubre pasado un retroceso del 19,11%, según informó ayer la Superintendencia de AFJP. Pero, a la vez, el informe oficial refleja que la rentabilidad histórica aún mantiene signo positivo: asciende a 12,73% desde 1994 a la fecha.
La fuerte baja que registró en octubre la rentabilidad de los fondos acumulados por los afiliados a las AFJP se desencadenó en los últimos meses por el impacto de la crisis financiera que afecta a los principales mercados del mundo. A esto se sumó la caída adicional que sufrieron los bonos de la deuda pública argentina -que componen casi 50% de la cartera de las administradoras- debido a la desconfianza que generó entre los inversores la manipulación de los datos de inflación del INDEC. Esto afectó sobre todo a los papeles en pesos que ajustan según la evolución del índice de precios.
Actualmente quedan 10 administradoras en el mercado. Cuando en 1994 comenzó el sistema eran más de 20, pero algunas fueron vendidas y otras se fusionaron. Actualmente tienen una rentabilidad histórica promedio positiva, del 12,73 por ciento.
Según el informe de la SAFJP, la AFJP Futura, con un resultado negativo del 20,13 por ciento, encabeza el ranking de las mayores pérdidas en octubre, seguida por Arauca Bit (-20,05 por ciento); Consolidar (-19,51 por ciento); Unidos (-19,35 por ciento) y Máxima (-19,05 por ciento).
KIRCHNER PRESIONÓ Y LOGRA APOYO A LA LEY DEL CHEQUE
La crisis financiera internacional y los reclamos de Néstor Kirchner finalmente jugarán en favor de la Casa Rosada: la Presidenta podrá contar con el apoyo de varios gobernadores del PJ y de sus legisladores para impulsar la prórroga de la ley de emergencia económica y la continuidad del impuesto al cheque, que se pedirán al Congreso en los próximos días.
A pesar del malestar que exponen en privado algunos gobernadores por el reparto "desigual" de lo recaudado por el impuesto al cheque, unos 22.000 millones de pesos anuales, el Poder Ejecutivo mandará en un solo proyecto de ley la prórroga de la emergencia económica y del impuesto al cheque sin cambio alguno.
No será un debate fácil en el Congreso y es probable que el PJ tenga que contar hasta último momento sus votos, pero los diputados y senadores oficialistas aseguran que la ley saldrá aprobada antes de fines de año. Y hay indicios firmes para sostener esta teoría.
Según confirmaron calificadas de la Casa Rosada y del Congreso, el ex presidente se encargó en los últimos días de llamar a muchos mandatarios provinciales que eran muy críticos de la ley del cheque y exigían coparticipar este impuesto en mayores proporciones.
De la recaudación de ese impuesto sólo un 15 por ciento va a parar a las provincias. El resto lo utiliza la Nación para su presupuesto. Hubo varios gobernadores que exigieron un mayor reparto de esa recaudación. Pero al parecer se tendrán que quedar sólo con la retórica.
Ya sea por la excusa de la crisis internacional o por las llamadas que hizo Kirchner dando promesas de obra pública para el año electoral que se viene, ya hubo algunos gobernadores que adelantaron su respaldo al proyecto de ley que girará la presidenta Cristina Kirchner al Congreso.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, que hasta hace un mes expresaba abiertamente la necesidad de modificar la ley de cheque, ayer expresó que "con la crisis internacional hay que repensar las políticas económicas y apoyar un Estado nacional sólido".
Scioli admitió que el impuesto al cheque o la ley de emergencia económica eran discutibles antes de la crisis financiera mundial, pero, aclaró, "ahora es necesario redefinir hasta la economía de un hogar".
En esta misma línea se mostró ayer el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, que dijo: "Todos quisiéramos que lo recaudado por el impuesto al cheque tenga una coparticipación mayor para las provincias, pero hay que entender que necesitamos mecanismos seguros que le garanticen al país que la crisis mundial nos afectará lo menos posible".
Gioja señaló que levantar un discurso contrario al Gobierno en estos momentos sería "lo más fácil y redituable" desde el punto de vista político. Pero evaluó que "en un año complejo para la economía no podemos interponer intereses personales con las necesidades de la Nación".
RETOMA EL GOBIERNO EL PLAN DE BLAQUEO
Aunque sería una forma de introducir capitales destinados a la inversión, objetivo prioritario del gobierno en el contexto de crisis actual, algunos expertos cuestionan el deseo oficial de implementar un mecanismo de blanqueo para repatriar fondos del exterior.
Las dificultades para hacer una oferta atractiva y el riesgo de lavado de dinero latente (ante la posibilidad de que no se audite la procedencia de los fondos que podrían ser del narcotráfico o la venta de armas) será uno de los principales puntos que cuestionará la oposición si eventualmente debe tratar la norma en el Congreso.
El titular de la bancada oficialista en el Senado, Miguel Angel Pichetto, volvió sobre el tema. En declaraciones radiales reiteró que “hay mucha gente que quiere traer sus depósitos del extranjero. Creo que habría que explorar la posibilidad de que se efectivice un blanqueo para que pueda entrar dinero que se encuentra en el mundo y que indudablemente hoy también están en fuerte riesgo”, dijo.
La idea, que circuló con fuerza hace un mes, fue luego superada por decisiones más complejas, como el traspaso de las jubilaciones privadas al Estado, que la solapó. Pero en ámbitos oficiales sigue latente. El contexto enciende la aspiración: obligaciones que vencen, precios internacionales de commodities que bajan y desaceleración en la actividad económica llevan al gobierno a idear este tipo de medidas que mejoran la recaudación.
Pero los técnicos en materia tributaria encuentran algunos problemas. “Uno de los puntos centrales de la norma debe ser la justificación del origen de los fondos que se van a repatriar. La Argentina está asociada a normas internacionales de lavado de dinero y si no se encuadra en ellas para tomar decisiones locales, se generaría un escándalo internacional”, explicó Santiago Artagaveytia, socio del estudio Llerena & Asociados.
LÍMITES A LA FISCALÍA DE INVESTIGACIONES: RIGHI LE CONTESTÓ A GARRIDO
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, defendió ayer su resolución de la semana pasada que limitó las atribuciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), dirigida por Manuel Garrido. En un comunicado publicado en la página de Internet de la Procuración, Righi acusó a Garrido de haber hecho "manifestaciones inexactas". Dijo que su resolución no había limitado ni acortado atribuciones de la FIA, sino puesto fin a una "interpretación antojadiza" de la ley, y desmintió que pudiera paralizar las causas de corrupción.
"Si se considera conveniente modificar la ley, para convertir la FIA en algo distinto de lo que es, debe hacerlo el Poder Legislativo y no el procurador general", afirmó Righi, e insistió en que es la ley "y no la voluntad omnímoda de ningún procurador" la que define las atribuciones de la fiscalía de Garrido.
La resolución cuestionada fue firmada por Righi el miércoles pasado y delimita las facultades que la ley otorga a la FIA para intervenir en las causas judiciales contra funcionarios públicos. De aquí en más, Garrido ya no podrá pedir medidas en expedientes que no se hayan iniciado por su denuncia. Y en las causas que sí hubieran comenzado por iniciativa de la FIA, su participación también está acotada: sólo podrá intervenir cuando el fiscal del caso decida no hacerlo.
Garrido había advertido que se estaba "vaciando de contenido" a la FIA y que se estaba beneficiando a los "funcionarios poderosos" investigados. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime; la ex ministra de Economía Felisa Miceli, y el secretario de Medios, Enrique Albistur, son algunos de los acusados por Garrido, que pidió incluso la reapertura de la causa contra el ex presidente Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito.
"Es posible reconsiderar la ubicación institucional de esta oficina [por la FIA] -dijo Righi-. Pero independientemente de preferencias de la opinión pública y sugerencias a este respecto, lo que no se puede negar es que el ejercicio de la acción penal en estos casos es adjudicado a los fiscales titulares y no a la FIA".
Según Righi, lo único que hizo su resolución fue "poner fin a una situación inadmisible", ocasionada por "una interpretación antojadiza" de la ley del Ministerio Público, que establece que el rol principal de la fiscalía de Garrido es la "investigación administrativa" de los funcionarios y no la intervención en las causas judiciales. "La FIA nunca fue concebida como una fiscalía penal temática, investida de la facultad de monopolizar la representación del Ministerio Público Fiscal en casos de corrupción", afirmó el procurador.
MARSANS DICE QUE SI NO VENDE AEROLÍNEAS LE INYECTARÁ CAPITAL
El grupo español Marsans dijo ayer que estudiaba la posibilidad de capitalizar Aerolíneas Argentinas en caso de que la empresa, cuyo último balance anual registró un patrimonio neto negativo de $ 81 millones, no se venda al Estado.
Marsans tiene el 94,6% del control de la compañía, por lo que deberá aportar la proporción correspondiente de esos 81 millones si no quiere perder participación. "Capitalizamos porque vamos a vender la empresa, no a regalarla", dijo Jorge Molina, miembro del directorio de la firma.
La situación patrimonial será uno de los puntos que se abordarán mañana durante la asamblea de accionistas de Aerolíneas, la continuación de un encuentro celebrado hace un mes, cuando se aprobaron los estados contables de 2007. "Vicente Muñoz (director corporativo de Marsans) va a traer el miércoles el mandato de los accionistas, que creo que seguramente va a ser lo que ya se dijo en la última reunión de directores, en la que se habló de la capitalización si es que no se llegaba a la venta", dijo Molina.
"Obviamente", contestó el directivo cuando se le preguntó si la empresa era capaz de hacerlo. "Tiene solvencia económica para seguir adelante con esta compañía y para capitalizarla."
La situación será tratada también hoy por la tarde, cuando el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se reúna, en el anexo de la Cámara de Diputados, con miembros de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
En tanto, el fiscal Federico Delgado le pidió ayer al juez Daniel Rafecas que indagara a los miembros del directorio de Interinvest, sociedad creada por Marsans para controlar Aerolíneas, por supuesto fraude por sobreventa de boletos. En un escrito elevado al juez, el fiscal dijo que sus investigaciones habían permitido determinar que durante el primer semestre del año Aerolíneas y Austral habían vendido "numerosos pasajes sabiendo perfectamente que, con la infraestructura operativa disponible, jamás podrían cumplir los compromisos asumidos". Según Delgado, esta supuesta maniobra les permitió a las empresas recaudar "anticipadamente las ganancias respectivas" de la venta de esos boletos.
EN EL GOBIERNO ESTUDIAN OTRA VEZ INTERVENCIÓN DE AERROLÍNEAS
Un ala del Gobierno analizaba anoche intervenir por decreto Aerolíneas Argentinas-Austral en las próximas horas, un día antes de que se realice otra asamblea de accionistas considerada clave. De concretarse, el Poder Ejecutivo se escudaría en el código aeronáutico y en la condición de servicio público esencial del transporte aerocomercial. Así se busca desplazar al Grupo Marsans de la conducción.
Para Marsans la negociación sigue e insisten en quedarse con una minoría accionaria en Austral y el gerenciamiento a cambio de entregar Aerolíneas Argentinas por cero peso. Para lograr este fin, en la asamblea de accionistas de mañana aceptarán capitalizar las empresas por los balances consecutivos con patrimonio neto negativo, tal como lo exige la ley de sociedades comerciales pero no inmediatamente.
El objetivo es estirar hasta acercarse lo máximo posible al 31 de diciembre –fecha límite que fijó la norma aprobada por el Congreso para rescatar a las dos empresas – y así obligar al Gobierno a entregarles algo. Los representantes del Estado y de los empleados en la compañía pedirán cubrir ya el agujero financiero. La intervención vía decreto es la otra salida que se analizaba anoche en el Poder Ejecutivo. Se busca correr a Marsans y sus directivos de la gestión operativa de Aerolíneas-Austral ya que la tensión entre las partes pone en peligro la operatividad.
La Casa Rosada rechazó varias veces la alternativa de ceder Austral, y lo volverá a hacer. Sus representantes y los de los empleados exigirán mañana en la asamblea que se reintegre el patrimonio neto perdido en los ejercicios 2007 y parte de 2008, estimado en $900 millones.
Los españoles ofrecerán la capitalización en proporción a su tenencia accionaria pero siguiendo los tiempos legales y no los del Gobierno. Otras fuentes dicen que si no se resuelve nada en la asamblea la intervención por vía decreto del Poder Ejecutivo sería la salida y así evitar el engorro de la disolución societaria, la otra vía que prevé la ley de sociedades ante un resultado con patrimonio neto negativo. En la anterior asamblea, Marsans impuso un cuarto intermedio al llegar el punto de cubrir el bache financiero.
Del lado de los empleados, no lo ven tan así. “La asamblea tiene que resolver. No se permite plantear otro cuarto intermedio”, dijo una fuente cercana al Programa de Propiedad Participada, que tiene un representante en el directorio.
En algún punto, el creciente deterioro de la empresa juega a favor de los españoles. El 31 de diciembre vence el plazo que el Congreso fijó en la ley de rescate estatal de las dos empresas. En el grupo español no creen que la Rosada se anime a una expropiación, teniendo en cuenta el daño al valor de los bonos y acciones en Buenos Aires y a la relación con España que le hizo el anuncio de la estatización de los fondos de las AFJP.
EL JUEZ INSISTE EN TRAER A ANTONINI
El juez del caso de la valija, Daniel Petrone, presentó una nota ante el Ministerio de Justicia para que le informara qué respuesta tuvieron sus pedidos al gobierno de los Estados Unidos: cómo avanza el trámite para extraditar a Alejandro Antonini y qué contestó Washington a su solicitud para acceder a las pruebas obtenidas por la justicia norteamericana.
El pedido de extradición tiene más de un año. Fue realizado en agosto de 2007, pocos días después del decomiso de los 800.000 dólares que Antonini declaró como suyos. Por el momento, la justicia argentina no recibió respuesta.
Petrone también espera una autorización para viajar a los Estados Unidos a recoger documentos y entrevistar a los protagonistas del juicio realizado allí contra el venezolano que, según los tribunales de Miami, intentó silenciar a Antonini.
MENSAJE FIRME PERO CONCILIADOR DE BERGOGLIO AL PLENARIO DE OBISPOS
El presidente del Episcopado, cardenal Jorge Bergoglio, abrió ayer el plenario de obispos con un mensaje en el que exhortó a sus pares a actuar con mucha calma frente a los desafíos que se le pueden presentar a la Iglesia. En la homilía de la misa de apertura, Bergoglio insistió en la necesidad de vivir "la gran virtud de la mansedumbre sacerdotal".
El llamado llegó luego de que el vicepresidente segundo de ese organismo, monseñor Agustín Radrizzani, declaró este fin de semana que hay obispos que "piden una presencia más dura, por así decir (al Episcopado), o una mayor influencia en los temas políticos y sociales", aunque aclaró que éstos constituyen sólo "un puñadito".
Durante el plenario -que se realiza hasta el sábado en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar podría aprobarse un documento con aportes para el Bicentenario, que destacaría el valor del diálogo. Además, los obispos deben elegir a sus autoridades para los próximos tres años. Se descuenta que Bergoglio será reelegido en la conducción.
Consultado sobre su reelección, Radrizzani -de fuerte perfil dialoguista-, dijo tener dudas porque "hay obispos que prefieren una personalidad con mayor puño, envergadura, fuerza. Unos dicen que hay que acompañar procesos y otros, que es necesario timonear la crisis; el tema es que no es una crisis de la Iglesia sino del país y el mundo".
Ayer, Bergoglio pareció dejar en claro de qué lado está. "La virtud de la mansedumbre sacerdotal -dijo- es una actitud que congrega, que se hace acogedora que atrae, pacifica, armoniza, deja crecer, saber esperar los tiempos de Dios para cada uno. Actitud que se expresa en gestos de misericordia y se encarna en hombres con entraña de misericordia".
Pero aclaró que la "mansedumbre que le pide San Pablo al sacerdote no se confunde con una permisividad indolente que se transforma en laissez-faire soberano; no es la búsqueda de la paz a cualquier precio, pues el corazón irenista que procede así está lleno de ansiedades y miedos, es cobarde: tampoco se trata de timidez natural o temperamental que se acoquina en un aura de 'beatitud psicológica', no haciéndose cargo de las tormentas que debe enfrentar para defender al rebaño. Al contrario, la mansedumbre sacerdotal es fuerte, no negocia la verdad".
Y añadió: "La mansedumbre sacerdotal se forja y se manifiesta, fundamentalmente, en las contradicciones que debe soportar y sufrir el pastor y en la constancia con que las sobrelleva. Allí aparece su grandeza y fortaleza de alma, pues, con su corazón en tensión por las persecuciones de fuera y las angustias por dentro, descubre que cuando es débil entonces es fuerte".
Finalmente, Bergoglio destacó que "la mansedumbre sacerdotal expresa y acentúa aún más el trabajo de mediador propio del sacerdote (.) que se entrega a sí mismo, se desgasta a sí mismo para unir a las partes, para consolidar el cuerpo de la Iglesia". Y concluyó que "el pastor manso (.) sabe de tener las manos alzadas, en alto, mientras dura la batalla de su pueblo y no tiene vergüenza de llorar en la presencia del Señor por la salvación de su gente".
Se calcula que hoy por la tarde quedará conformado el máximo órgano de conducción (la mesa chica). Con el paso de los días, se cubrirán las comisiones del Episcopado, como la de Pastoral Social, donde sería reelegido al frente de ella el obispo de San Isidro, Jorge Casaretto.
LOS MECÁNICOS SE MOVILIZARON CONTRA LAS SUSPENSIONES
La industria automotriz, de fuerte crecimiento desde 2003, atraviesa una situación complicada por despidos y suspensiones, que están afectando la actividad en terminales como Renault, Iveco, Volkswagen y General Motors.
Por lo que consideran una "falta de solución" al conflicto económico general que golpea a la industria, unos 8.000 trabajadores afiliados al SMATA, el sindicato de los empleados mecánicos, se concentraron ayer para marchar hacia la sede del Ministerio de Trabajo.
El SMATA que lidera José Rodríguez, viene reclamando un aumento salarial del 50 por ciento, que es rechazado por las cámaras empresarias.
Ayer los afiliados se manifestaron, entre otras cosas, contra el "único convenio laboral fallido de los 50 que logramos para nuestra estabilidad laboral, el de ACARA (Asociación de los Concesionarios de Automotores)", le contó a Clarín, Ricardo Pignanelli, secretario gremial de SMATA. También, agregó que "si esto no se soluciona, no nos va a quedar otra que ir a arreglar la situación concesionaria por concesionaria", expresó.
Actualmente hay problemas de inestabilidad laboral en las tres provincias donde produce la industria automotriz. De hecho, en seis de las nueve fábricas que mueven la producción local ya hubo suspensiones e intentos de despido, según relató Pignanelli.
"Vamos a hacer tantas marchas como sean necesarias para cumplir nuestros objetivos", se sinceró Pignanelli quien agregó que "hay que terminar con los contratos en las empresas que aumentan los niveles de precaridad laboral". El dirigente gremial señaló finalmente que "actualmente la producción bajó un 20 por ciento, si bien se espera que la tendencia se revierta y no sea necesario aplicar despidos".
AUTOMOTRICES: PRESIÓN DE MORENO PARA FRENAR DESPIDOS
La política del gobierno de presionar a los sectores díscolos sigue en marcha: ayer, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, realizó otra ronda de llamadas y en esta oportunidad les tocó el turno a las automotrices que desde hace unas semanas tienen en vilo al gobierno por los anuncios de suspensiones.
Es que el sector que fue la vedette durante la presidencia de Néstor Kirchner, debido al crecimiento récord que registró tras la devaluación de 2002, está entrando en una profunda crisis y ya no es una usina de buenas noticias. Pero, no es la primera vez que las terminales sienten la presión de este funcionario. Un par de años atrás, recibían llamadas intimidatorias para frenar la suba de precios lo que concluyó en un acuerdo «de palabra» para que los valores de los 0 km no superaran el índice de inflación que difundía el INDEC.
En esta oportunidad, el objetivo es -de manera indirecta- lograr limitar lo máximo posible las suspensiones en el sector que, tomando a los autopartistas, ya afecta a unos 5.000 trabajadores.
A cambio, el gobierno promete un paquete de medidas para reactivar que se están negociando con el secretario de Industria, Fernando Fraguío, un hombre que conoce el sector ya que hasta el año pasado era presidente de IVECO.
CONTRA EL DESPIDO, DOBLE INDEMNIZACIÓN
Las garantías que ofreció el Gobierno a través del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, sobre la preservación de las fuentes de trabajo en el contexto de crisis no alcanzaron para llevar tranquilidad a las filas kirchneristas. Tres proyectos de ley presentados por legisladores aliados al oficialismo proponen restablecer la doble indemnización como herramienta para disuadir a las patronales de eventuales despidos masivos.
Una de las iniciativas fue presentada por el entrerriano Raúl Solanas, diputado por el Frente para la Victoria. La segunda está firmada por Delia Bisutti, integrante del SI, bloque que también mantiene una innegable afinidad con el gobierno nacional. La última en ingresar fue la de Cecilia Merchan, integrante, junto a Victoria Donda, de la corriente Libres del Sur. Liderado por Humberto Tumini, se trata de un sector que da un “apoyo crítico” a Néstor Kirchner.
Los tres textos sólo difieren en el tiempo de vigencia de la medida. Solanas prevé un lapso de seis meses y deja en manos del Poder Ejecutivo la facultad de prorrogarlo. En caso de suspensiones temporarias, dispone que “deberán comenzar por los trabajadores con menos antigüedad y sin cargas de familia”, no podrán exceder de 30 días al año y se implementarán exclusivamente en casos de fuerza mayor y previa comunicación a la cartera correspondiente con una antelación mínima de diez días.
La ex arista Bisutti propicia declarar “la emergencia laboral en todo el territorio nacional” por el plazo de un año. El de Merchan, por su parte, sostiene que la suspensión de los despidos debe mantenerse a lo largo de 18 meses. El oficialismo tomó distancia de la iniciativa de Merchan, cuyo grupo ve profundizarse la distancia que lo separa de Olivos porque ha hecho público su desacuerdo con la “pejotización” del proceso conducido por el matrimonio santacruceño.
CHICHE DUHALDE SALIÓ A PEGARLE A CARRIÓ
La senadora del PJ anti K Hilda "Chiche" Duhalde acusó a Elisa Carrió de valerse de "mezquindades políticas".
En declaraciones radiales, dijo que la líder de la Coalición Cívica "no se puede arrogar en sí misma el derecho a ver quiénes conforman la oposición. Así no se construye".
DE NARVÁEZ INSISTE CON INTERNAS ABIERTAS
El diputado Francisco De Narváez, del PJ anti K, reiteró ayer que la oposición bonaerense debe llegar a un "acuerdo sobre políticas de Estado" y luego "convocar a una elección interna abierta".
De Narváez quiere renovar su banca en 2009. Compite en ese espacio con Felipe Solá.
“HAY FORMAS SUTILES DESTITUYENTES”, DIJO CRISTINA FERNÁNDEZ
La presidenta Cristina Kirchner alertó anoche que existen "formas sutiles de comportamientos destituyentes". Fue durante un acto en Parque Norte que compartió con su marido, Néstor Kirchner, en un homenaje por los 25 años del regreso de la democracia.
Desde ese escenario, la jefa del Estado fustigó a quienes, a sus entender, son "desconocedores de la voluntad popular", pero evitó dar nombres. "En este año de gobierno me han tocado vivir cosas que no hubiera imaginado, otras sutiles formas de desgastes, de ataques, de desconocimiento, de formas destituyentes", cuestionó. "Muchas veces pueden aparecer camufladas en luchas que parecen democráticas y cívicas, pero que encierran comportamientos antidemocráticos, destituyentes y desconocedores de la voluntad popular", amplió.
Cristina Kirchner estuvo anoche junto con el ex presidente en una cena en la que homenajeó a artistas, cantantes, periodistas y escritores que padecieron la última dictadura militar. "Siempre las máscaras caen", afirmó la Presidenta, y consideró necesario que el país logre "un buen gobierno, una buena sociedad y una buena oposición".
Después del primer triunfo en la Cámara de Diputados a su proyecto de reestatización de las jubilaciones y el quiebre que logró el Gobierno entre la dirigencia opositora, Cristina Kirchner también había cuestionado por la tarde a sus adversarios políticos.
"Algunos creen que hacer política es hablar mal del otro o estar anunciándole a la gente que siempre cosas terribles van a pasar", había desafiado la jefa del Estado, desde un acto en Hurlingham, donde anunció inversiones de 65 millones de pesos en viviendas para esa localidad y para Chascomús, Pilar y Mar Chiquita.
Con videoconferencia de por medio, la Presidenta se conectó con el resto de las ciudades para dejar inauguradas en paralelo las 1058 casas construidas con fondos nacionales. "Hace meses o años (hablaban) del apagón porque nos quedábamos sin energía, que después iba a ser la inflación que iba a llegar a no sé cuántos miles por ciento por año y hoy parece que es anunciar catástrofes económicas", insistió.
"Sigo apostando a otra forma de hacer política. A que te quieran por hacer cosas buenas", agregó Cristina Kirchner, después de escuchar los testimonios de los nuevos dueños que ayer recibieron las casas prometidas.
La Presidenta volvió a defender la obra pública como sostén de la economía. "Este esfuerzo que hoy estamos haciendo genera actividad económica y más puestos de empleo. Esa es la clave de todo este proceso", explicó.
A pesar de que el Gobierno todavía no presentó el plan de obra que anticipó que lanzará a partir de los próximos meses para amortiguar los efectos de la crisis económica mundial, la jefa del Estado volvió ayer a ratificar esa política. "La infraestructura, la producción, la generación de bienes y servicios generan miles de puestos de trabajo", apuntó.
Cristina Kirchner puso en marcha ayer toda una nueva estrategia de comunicación para poder estar en todos los lugares al mismo tiempo. Mediante una videoconferencia en simultáneo con Chascomús, Pilar y Mar Chiquita, dejó todas las viviendas inauguradas en el mismo momento.
CONSTRUIRÁN ESTATUA DE PERÓN A 100 METROS DE LA CASA ROSADA
Una estatua del presidente Juan Domingo Perón de cuatro metros de alto, ubicada debajo de un arco de triunfo de 11 metros, vigilará en poco tiempo más la Casa Rosada.
Después de 22 años de haberse aprobado la ley que mandó construir el monumento, sólo hace tres semanas se habilitó la obra, en el lugar que pretendían sus promotores: a unos 100 metros de la Casa Rosada, dentro del estacionamiento y helipuerto presidencial, por la calle Teniente General Perón.
Claro que la enorme estatua, que costará 2,5 millones de pesos, estuvo a punto de no ser autorizada. Tanto la burocracia como intereses políticas postergaron su construcción, ordenada en 1986 por la ley 23.452, que impulsó el entonces diputado Antonio Cafiero.
La discusión enfrentó a la seguridad del helipuerto, ubicado a un costado de la Casa de Gobierno y que está a cargo del Ejército, con la comisión pro monumento de Perón, integrada por Cafiero, el sindicalista Gerónimo Venegas y el secretario del Instituto de Estudios Históricos Juan Perón, Lorenzo Pepe, entre otros. La pelea tuvo como protagonista, aparentemente pasivo pero sin resolver el conflicto suscitado, al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y al presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner.
La figura del general a metros de la Plaza de Mayo, aunque esta vez fuera una estatua de bronce, volvió a suscitar controversias. La culpa de la demora también la tuvieron los peronistas, admiten en círculos de ese partido, porque diez años después de que se aprobara la ley, en 1996, la Secretaría de Cultura de la Nación declaró desierto el llamado a concurso para construir la obra y demoró la cuestión. Y sólo la ley modificatoria 25.734, de 2003, precisó que había que formar una comisión para determinar el lugar y pedir las autorizaciones para erigir el monumento.
En diciembre de 2007, se adjudicó la construción de la obra al escultor porteño Enrique Savio. La obra será abonada por la Comisión Pro Monumento a Perón, sin fondos del Estado, según dijeron los miembros de esa organización. El jefe de las 62 Organizaciones, Gerónimo Venegas, aclaró que costará 2.500.000 pesos, y ratificó, junto con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, que se costeará "con donaciones".
"Los trabajadores camioneros también aportarán a voluntad. Un peso, dos pesos cada uno, lo que puedan... Se trata de Perón", señaló el líder de los camioneros. Un decreto presidencial dispuso que se abriera una cuenta bancaria única, que estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Cultura de la Nación.
UN DEBATE QUE NO UNE A LA OPOSICIÓN
El homenaje que se tributará a Perón generó adhesiones y polémicas entre distintos dirigentes políticos.
El diputado nacional de Pro Federico Pinedo dijo que le parecía bien "que se cumpliera con una ley sancionada hace 22 años" que mandó a emplazar el monumento. "Su participación en la vida política de nuestro país -dijo el dirigente conservador- generó un cambio sustancial en la sociedad argentina de la época."
Explicó su punto de vista: "Creo que Perón, al igual que otros presidentes democráticos que marcaron la vida y la historia de nuestro país, merece tener su monumento".
En cambio, para el diputado nacional del radicalismo por Córdoba Oscar Aguad, "las pasiones sobre Perón no se han acallado aún. Son motivos todavía de desencuentros", puntualizó, a pesar de que advirtió su postura favorable a que "las sociedades recuerden a sus hombres ilustres, sobre todo si se trata de ex presidentes", dijo el titular del bloque del radicalismo en la Cámara de Diputados.
Aguad consideró que "quizá sí en el caso de Eva Perón ahora haya un consenso que supera los desencuentros de tantos años. Esa Evita como artífice del área social ya no tiene discusión".
Aunque enrolado actualmente en la Coalición Cívica, el ex diputado justicialista Gerardo Conte Grand consideró "un acierto que se rinda un homenaje a un personaje como Perón, que es parte de la historia y que además fue tres veces presidente institucional". Además de destacar que se cumpla con una ley pendiente, juzgó favorablemente a Perón. "Aunque con errores, sobre todo su gobierno entre 1945 a 1955 tuvo progresos sociales innegables", fundamentó.
Respecto del culto que hace el peronismo a sus figuras, Conte Grand dijo que "en Europa también se recuerda a los personajes trascendentes" y que se debe "pensar en el presente. Si no, caeríamos en desplazar los monumentos a Roca o a Sarmiento".
PASTERAS: EL GOBIERNO URUGUAYO MARCA DIFERENCIAS CON LA ARGENTINA
Al cumplirse el primer año de producción de pasta de celulosa en la planta de Botnia, Uruguay reivindicó su estrategia de atracción de inversiones extranjeras y de ampliación de mercados para la exportación fuera de la región. El gobierno de Tabaré Vázquez destacó que Uruguay se distingue por varias "características de perfil a nivel regional".
Sin mencionar a la administración Kirchner, los más altos funcionarios orientales dijeron que Uruguay "es visualizado" en la zona "como un país serio, un país responsable (y) un país cumplidor de sus contratos", a la vez que se salió al cruce de los trascendidos sobre posible "venganza" por el veto uruguayo al ex presidente argentino, que pretendía liderar la Unión de Naciones Sudamericanas.
Todo eso en un día en el que se puso énfasis en destacar que tras un año de funcionamiento de Botnia no se ha generado la contaminación ambiental que temía la gente de Gualeguaychú.
En la mañana las radios locales se habían hecho eco de una información sobre la intención del gobierno de Cristina Fernández de cuestionar internacionalmente el régimen uruguayo de las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI). Históricamente hubo críticas a este régimen jurídico porque era visto como un instrumento utilizado por extranjeros, fundamentalmente argentinos, para eludir impuestos en su país.
En esa información se hacía referencia al veto que Uruguay aplicó a la propuesta de nominar a Néstor Kirchner como secretario general de la Unasur.
Tras la reunión del Consejo de Ministros, fue el propio responsable de Economía y Finanzas, Alvaro García, quien respondió. "El otro aspecto es una aclaración de información referida a algunas versiones que escuchamos hoy en la prensa con respecto a las sociedades anónimas financieras de inversión", dijo el ministro García.
Recordó que "a través de lo que fue la reforma tributaria se generó un proceso de eliminación de las sociedades anónimas financieras de inversión". También dijo que "en un primer plazo no se han autorizado nuevas" firmas de este tipo y que hace más de un año quedó establecido "que a partir de diciembre de 2010" todas las SAFI "deberán ser modificadas hacia una forma jurídica de sociedades anónimas normales".
En el gobierno uruguayo hay fuerte malestar con los Kirchner, y altos funcionarios habían advertido que se esperaba "alguna venganza" del matrimonio argentino por el veto en la Unasur. "Nos quieren afectar con las SAFI y ni se enteraron de que ya está dispuesto el cese de ese régimen. Habrá que esperar otro golpe", dijo un legislador oficialista.
UN SECTOR DE PIQUETEROS K SE PLANTÓ CONTRA KIRCHNER EN EL PJ PROVINCIA
Néstor Kirchner no tiene paz. Primero fueron los desgajamientos en el peronismo, cuya recomposición le demanda horas de trabajo de albañilería fina en el living de Olivos. Y ahora aparecieron las fisuras en otro de los pilares de su construcción política: los movimientos sociales.
Dos de las cuatro patas principales entre los "piqueteros K" se plantaron ante Kirchner en los últimos días en una disputa con indisimulable aroma setentista, ya que se trata del enojo de sectores que enarbolan las banderas del progresismo en el Frente para la Victoria (FPV), que le apuntan a su líder por un viraje hacia la ortodoxia más conservadora.
En medio de los resquemores crecientes, se suspendieron dos actos masivos que prometían la palabra del ex presidente y la promoción de su candidatura 2009. El que dio el paso más contundente fue el movimiento Libres del Sur, en el rincón izquierdo del kirchnerismo, que lanzó la candidatura a diputado de Jorge Ceballos por fuera de la estructura del FPV. "Al refugiarse en el PJ, Kirchner abandonó la propuesta transformadora por una propuesta conservadora", explicó a Clarín Ceballos, que aún es subsecretario de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social.
En la otra punta del espectro, el Movimiento Evita, el más peronista de los movimientos sociales, se quejó públicamente por el armado de las listas para las elecciones internas del PJ bonaerense. "Hacía falta menos Ishiis, Othacehés y Curtos y más Díaz Pérez, Giustozzis y Rossis", resumió un importante dirigente del Evita.
Los primeros tres, intendentes de José C. Paz, Merlo y Tres de Febrero y representantes emblemáticos de los históricos caciques del conurbano conservaron espacios destacados en la lista oficial que encabeza Alberto Balestrini. Los otros, intendentes de Lanús, Almirante Brown y Lomas de Zamora, símbolos de la sangre nueva que desplazó en sus distritos al viejo aparato, se quedaron fuera de la lista armada por Kirchner.
En el Evita creen que se perdió una oportunidad para consolidar un cambio de época al interior del PJ. "Queremos más poder para Kirchner y para los sectores populares --explicó Emilio Pérsico, secretario del PJ Nacional--. Pero muchas de las cosas que hace, como ésta, son suicidas".
Por lo pronto, el acto que preparaba Pérsico junto a Edgardo Depetri (Frente Transversal) para celebrar en el Luna Park el Día de la militancia (17 de noviembre) fue pospuesto para más adelante. Lo mismo ocurrió con el que preparaba Luis D'Elía (Federación Tierra y Vivienda) para lanzar la Central de Movimientos Populares.
Con todo, Depetri y D'Elía tomaron distancia de los críticos, reivindicaron su fidelidad a Kirchner y confiaron en que en las listas del FPV para 2009 habrá espacio para los movimientos sociales.
DENUNCIAN POR LAVADO DE DINERO AL EX DUEÑO DE LA AEROLÍNEA LAPA
El fiscal Oscar Amirante, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, denunció al empresario Andrés Gustavo Deutsh, ex dueño de la empresa aérea LAPA, por operaciones que podrían ser descriptas como lavado de dinero.
La causa se inició el 2 de octubre, con una denuncia realizada por Raúl Omar Pleé, fiscal general a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Se basó en una investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, luego de una declaración realizada por los síndicos del estudio Oliveto-Paparatto y Asociados.
Según los síndicos, durante el año 2000 LAPA realizó operaciones en las que participaron Deutsh, Eduardo Daniel Becher --del Consejo de Vigilancia de LAPA--, Walmont SA --accionista mayoritario de LAPA-- y las sociedades Findmore Enterpreses Corp.y Timberthill Inc. Estas dos últimas están "constituidas en países (...) considerados 'paraísos fiscales'" en los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Las operaciones, a juicio de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirige Rosa Falutto "resultan inusuales y carentes de justificación económica", siempre según la denuncia.
Francisco Castex, abogado defensor de Deutsh sostuvo que "por estos mismos hechos, hay una causa en trámite en el juzgado de Instrucción N° 29, donde se estableció que ni Becher ni Deutsch cometieron delito alguno. La falta de mérito quedó firme. Y el mismo Osvaldo Oliveto reconoció que su denuncia fue infundada. Tendrá que justificarla ahora".
En el requerimiento de instrucción fiscal se indica que a LAPA ingresaron 20 millones de dólares, proveniente de la firma 'Findmore Entreprises Co.', a cambio de los derechos y obligaciones de un contrato celebrado en el 2000 con The Boeing Co. para la compra de seis aviones. La operación, finalmente, no se realizó y el dinero quedó como una utilidad para LAPA.
También surge del informe de los auditores que el director de la empresa Findmore Enterprises "es el mismo Deutsch". En la denuncia hablan de operaciones en efectivo, de las cuales se desconoce el "origen de los fondos", sin documentación que respalde el ingreso del dinero, el cual no "fue ingresado al circuito bancario".
MISIONES: UNA RARA VERSIÓN SOBRE JULIO LÓPEZ AFIRMA QUE CRUZÓ AL PARAGUAY
La causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, el 17 de septiembre de 2006, ya tiene su primer procesado. Se trata de un ex agente de la Dirección de Migraciones que registró el paso de López doce días después de su desaparición, por el puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación. Para entonces, López era buscado intensamente por las autoridades y su familia.
La medida procesal dictada por el juez federal de La Plata Arnaldo Corazza, recayó sobre Sergio Miguel Rolón, un docente misionero de 28 años que se desempeñaba como inspector de Migraciones y fue dado de baja debido a este caso. Se lo acusa del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", que prevé penas de un mes a dos años de prisión.
De acuerdo con la investigación que realizó en Misiones la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y que ahora sale a la luz, el desaparecido López viajó supuestamente a Misiones el 20 de septiembre de 2006 en el tren "El Gran Capitán" y llegó a Posadas el día siguiente, según el testimonio de un pasajero de ese tren, Vicente Darío Vallaro.
Un peluquero de la capital misionera aseguró haberle cortado el pelo al desaparecido, pero ese testimonio no fue ratificado luego ante la Justicia. Quizás el dato más importante lo brindó la paraguaya Elfrida Krausse, quien dijo que en la madrugada del 29 de septiembre cruzó junto a López el puente con destino a Encarnación .
El cruce del supuesto López quedó asentado en el registro informático que también alerta a los agentes migratorios sobre las restricciones de salida del país y pedidos de captura o ubicación. En el procesamiento se destaca que esa madrugada una persona con el documento de López salió por la casilla donde atendía Rolón, quien era inspector de Migraciones.
PLAN DEL CENTRAL: SEGUIR CON LAS TASAS ALTAS PARA FRENAR AL DÓLAR
No hay ninguna posibilidad de que bajen las tasas de interés mientras dure la tendencia a buscar refugio en el dólar". Así se lo dijeron fuentes del Banco Central que estuvieron el fin de semana en Brasil. Y agregaron: "Cuando el barco está en el medio de la tormenta hay que timonear con firmeza y precisión para no ir a la deriva".
Es una condición, dijeron, para pilotear la crisis que esta vez se originó en los países centrales. Más claramente, agregaron: "Las tasas sólo van a bajar cuando se restablezca la demanda de pesos".
El Banco Central dejó en claro este fin de semana cuál es su prioridad: mantener los depósitos en pesos para asegurar una liquidez indispensable. No hay que olvidar por otra parte, que los bancos están "fondeados" en los depósitos del sector privado. Y si estos se corren al dólar tienen un doble efecto perverso: acentúa la volatilidad de las divisas estadounidense y desprotege al sistema financiero.
"Es esencial actuar con sintonía muy fina sobre la demanda de dinero para garantizar que se sostenga y eso requiere mantener atractivas las colocaciones en pesos frente a otras monedas", insistieron las fuentes.
Los funcionarios, que pasaron más de 48 horas con sus colegas de los países centrales y los emergentes, dijeron que toda la región, y la Argentina no es una excepción, registra una salida de capitales "hacia el país que originó la crisis: van a los bonos del Tesoro de Estados Unidos".
Por otro lado, los argentinos aportaron sus propias peculiaridades, a saber "las cuatros crisis que hemos soportado desde octubre del año pasado: primero estalló la de las subprime, luego vino el conflicto del campo, después nos impactó la caída del Lehman Brothers (el cuarto banco norteamericano) y ahora la de las AFJP".
Dijeron entonces: "Todo eso crea dolarización y tenemos que demostrar que no la vamos a permitir bajo ninguna circunstancia". Según informaciones del mercado, sólo en octubre el Banco Central habría perdido 4.000 millones de dólares de reservas, una sangría que en el año podría llegar a 16.000 millones.
VEN A LA OBRA PÚBLICA COMO UN MOTOR ALTERNATIVO PARA 2009
Con una desaceleración muy fuerte de los segmentos que vienen liderando el crecimiento de la economía desde 2002, varios analistas están viendo a la obra pública como una suerte de "motor alternativo" que deje algún margen para un aterrizaje no tan brusco en 2009. El fenómeno tiene su explicación económica, pero también política: la obra pública será un elemento "disciplinador" de la tropa oficial de
