En forma oficial se explicó que el motivo por el que Arroyo le pidió la renuncia fue porque ella "no estaba conforme con la política oficial con respecto a temas de minoridad, que no sólo tienen que ver con proyectos de baja de edad de imputabilidad".
Arroyo y Pérez anunciaron que asumirá en su lugar la abogada Cristina Tabolaro, que en el gobierno de Felipe Solá fue subsecretaria de Promoción de los Derechos del Niño.
En declaraciones publicadas por el diario La Nación, Arriola arremetió duro contra la política oficial del área que conducía y criticó con aspereza los desempeños de los ministros de Seguridad, Carlos Stornelli, y de Salud, Claudio Zin.
"La inseguridad que vivimos no se resuelve criminalizando a los chicos", dijo Arriola sobre el proyecto de Scioli para bajar la edad de imputabilidad, tras una serie de delitos violentos.
Para Arriola "no se está en condiciones de afrontar la catástrofe social que soportan los pibes", y denunció que se trasladaron y liberaron menores sin autorización judicial. "Por esas y otras declaraciones formuladas en privado y que llegaron a oídos del gobernador, se decidió el viernes pasado su separación" aunque "se postergó por unos días para mantenerla a resguardo y tratar de tener una salida decorosa", dijeron voceros oficiales.
Quien fue subsecretaria del Departamento de Relaciones con la Comunidad en la gestión de León Arslanián en Seguridad, ya había cuestionado el proyecto de reducción de la edad el 28 de octubre pasado, cuando calificó como "letal y lacerante criminalizar" a adolescentes y consideró una "barbaridad" e "irresponsabilidad" decir que ellos son los culpables de la inseguridad.
Según dijo Pérez, Arriola "no es todo lo eficaz que nosotros queremos. Creemos que hay que reforzar con otro tipo de planteo. Todos los que colaboramos con el gobernador somos reemplazables cuando el gobernador lo crea conveniente, como en este caso. Estamos seguros que este cambio va a ser positivo". Sobre el proyecto oficial, explicó que "en Provincia tenemos un régimen de fomento de los derechos del niño que da a los chicos de 16 a 18 años un debido proceso" ante sus delitos.
"Ahora estamos pidiendo que a nivel nacional se cree un régimen penal juvenil. La diferencia es que pase de 14 a 18 como pasa en muchos países de América Latina, para que sean juzgados con esta metodología, donde se los contenga", añadió.
"Hoy el gobernador interpreta que la sociedad reclama esta política que él está proponiendo. Quienes no consideren eso, lo dejamos a un lado, como hicimos el viernes", agregó Pérez, que señaló que Tabolaro "está de acuerdo con un régimen de promoción de derechos a nivel nacional como se hizo en la Provincia".
Por su parte, Arroyo adelantó que en 2009 aumentarán el presupuesto del área de niñez y adolescencia de 190 a 300 millones de pesos "para llevar a cabo políticas que tengan que ver con promoción y protección de los derechos" de los menores.
Arroyo fue cauto al hablar del alejamiento de Arriola, a la que calificó de "honesta, trabajadora y capaz, y ha dedicado mucho esfuerzo para una tarea muy compleja".
Empero, explicó que se apunta a un sistema penal juvenil "de avanzada en Argentina y que permite a los chicos tener un juicio justo en su condición de adolescentes y no de adultos". "Entendemos que para esta segunda etapa necesitamos nuevas modalidades de intervención donde el nuevo sistema penal juvenil requiere un tratamiento especializado, con otros conocimientos y modalidades", detalló Arroyo.
Añadió que en 2009 habrá "120 nombramientos de personal para fortalecer los recursos humanos y se abrirán seis instituciones para contener a los chicos en conflicto con la ley penal". "Estamos reemplazando cien años de Patronato, un modelo sostenido por gobiernos de facto que resolvimos cambiar para encarar una nueva política de niñez acorde con los tratados internacionales", sostuvo Arroyo.
En un comunicado se anunció que Tabolaro decidirá "el ordenamiento administrativo y de recursos humanos que permita el cumplimiento de las responsabilidades primarias del organismo, y el monitoreo y diagnóstico de las instituciones penales por parte de organismos de derechos humanos".
