"Cada niño al cual le devolvamos un ámbito familiar y lo saquemos de un lugar de encierro, y por tanto de conflicto, va a ser a futuro una apuesta para integrarlo normalmente a la sociedad", dijo la titular del Ministerio Público de la Defensa, Stella Maris Martínez, durante la presentación del encuentro.
"Esto es un modo de construir democracia y de construir futuro, a esto los convoco", expresó Martínez a defensores provinciales y nacionales públicos de todo el país que participaron de la jornada.
De acuerdo con el informe de los especialistas, que las madres permanezcan con sus hijos en prisión reduce las consecuencias negativas de la separación y hasta evita en muchas ocasiones que los niños sean institucionalizados, pero los riesgos que deben afrontar pueden llegar a ser mayores.
Los niños padecen las mismas dificultades del encierro que las personas adultas pero con un grado mayor de vulnerabilidad en cuanto protección de derechos en materia de salud, educación y vínculos con el exterior.
Incluso, resulta aún peor cuando al cumplir la edad límite deben separarse de sus madres e insertarse en ámbitos desconocidos.
Según los autoridades de la Defensoría, "las deterioradas condiciones de las cárceles y el nivel de ansiedad y angustia que provoca el encierro pueden afectar la salud física y emocional de las mujeres embarazadas y de las niñas y niños".
A su vez, estudios internacionales demuestran que los niños que no permanecen junto a su madre en la cárcel también sufren consecuencias negativas y presentan problemas psicosociales, como depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento y regresión, entre otros. Naciones Unidas instó a los Estados a evitar que se extienda el uso del encarcelamiento como sanción para estas mujeres embarazadas o con niños, sin embargo, pocas veces el arresto domiciliario o la morigeración de la pena son consideradas a la hora de establecer una medida de privación de la libertad.
En noviembre de 2007, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que impulsa estas medidas alternativas y, en diciembre, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió un dictamen favorable pero el proyecto no fue tratado en el recinto en lo que va del año.
En los últimos 15 años la población carcelaria femenina creció aproximadamente un 240 por ciento.
En los establecimientos penitenciarios federales hay 1019 mujeres presas: 18 de ellas embarazadas y 80 encerradas junto a sus hijas o hijos menores de 4 años, que llegan a ser 86, mientras que en los bonaerenses hay 933 mujeres y, al menos, 75 niños viven con sus madres. Además, más de la mitad de las mujeres detenidas en cárceles federales tienen prisión preventiva, es decir, que aún no fueron condenadas, y la mayoría está detenida por delitos no violentos, como infracción a la Ley de Estupefacientes por ser utilizadas como "mulas" para transportar drogas.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires la situación es aún peor ya que de las 933 mujeres presas el 80 por ciento permanece detenida sin sentencia firme.
