La red busca centralizar el trabajo que los comunicadores sociales, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de periodistas, vienen desarrollando en pos de la libertad de información y expresión en América Latina, detalla en la gacetilla que brindó ADC.
También se realizó una charla-debate, en la sede de la Universidad de Palermo, en la que participaron periodistas en la que contaron sus experiencias al momento de pedir algún tipo de información a los organismos del Estado, tanto nacional como provincial y los obstáculos con lo que se encontraron.
Daniel Valencia, que pertenece al periódico digital elfaro.net de El Salvador, dijo que la situación en este país es muy compleja, ya que no existe una ley sobre el acceso a la información, y uno de los principales problemas es que la Constitución salvadoreña se contradice en, primero, señalar que hay una obligación de dar información pero a continuación dice que “el funcionario debe guardar reserva de la información”.
Asimismo sostuvo que el presidente de la Nación, Elías Saca, cuando estaba en la oposición tenía una postura a favor de una normativa, pero al asumir dijo que “no iba a ser ninguna proposición de ley, porque la mejor ley es que no exista”. A pesar de la difícil situación, Valencia afirmó que seguirán peleando por la ley.
En tanto, Mariana Carabajal, periodista del diario Página 12 realizó una autocritica hacia el periodismo “por la falta de gimnasia para hacer pedidos, que muchas veces por la vorágine de las redacciones y los tiempos de los organismo de Estado se diluyen los pedidos”.
Siguiendo la línea de Carabajal, el periodista del portal de noticias MDZ on line la provincia de Mendoza, Jorge Hirschbrand expresó “un mea culpa” porque “muchos desconocen o no le dan importancia de pedir información a los organismos del Estado”.
En cuanto a los pedidos, comentó el que realizó a la Gobernación sobre la pauta publicitaria oficial que daba a los medios locales que terminó en fracaso y en un enredo burocrático y con justificaciones que no se sustentaban en la ley provincial que señala que el Ejecutivo cada tres meses debe rendir cuentas sobre la publicidad, “de que no se cumple”, indicó.
El periodista del diario Clarín y autor de “El club K de la obra pública, el caso Skanska”, Pablo Abiad expresó el desconocimiento que existe sobre la herramienta de pedir información entre los periodistas, y contó que después de 8 meses de presentar notas a Cancillería por el costo de los abogados que llevan adelante el conflicto por las pasteras en La Haya, y las constante negativas la Presidenta de la Nación ordenó que se publicara el dato y lo hizo a través de la agencia de noticias Telam, “para luego llegarme una mail donde me decían que me iban a enviar la información cuando ya se había publicado. No se si fue un éxito o un fracaso, pero es evidente las debilidades y las bondades que tiene el sistema”, concluyó.
El director de ADC, Roberto Saba afirmó que la información en un derecho, del que en Argentina hay poca conciencia por eso se deben exigir mecanismos de facilitación como también generar conciencia social para su demanda.
Luis Viviant
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