Había sido encontrado muerto el lunes en su lugar de detención en Tigre, cuatro días antes de que se conociera el veredicto en el juicio que se le seguía desde octubre por las torturas y el secuestro de cuatro personas que sobrevivieron al mayor centro clandestino de detención de la dictadura, la ESMA.
El estudio fue realizado el miércoles en la Morgue del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y se completará en dos semanas más, con el resultado del análisis toxicológico realizado sobre sus vísceras.
Eso permitirá establecer si ingirió algún tipo de sustancia que le provocó la muerte. La autopsia contó con la participación de especialistas de la Policía Federal para evitar la intervención de la Prefectura Naval, la fuerza de seguridad que integró Febres durante la dictadura y la misma que lo custodiaba al momento de su muerte.
El tribunal que juzgaba a Febres ya suspendió la audiencia que estaba prevista para este viernes. Febres debía afrontar un pedido de pena de 25 años de prisión, formulado tanto por la Fiscalía como por los querellantes. El miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF) desechó también un pedido de la querella de dictar sentencia aún con Febres muerto.
"El Código Penal es claro: con la muerte del acusado se declara la extinción de la acción penal y se dicta su sobreseimiento", explicó una fuente judicial a Clarín. Otra fuente vinculada al caso dijo que nunca le había pasado algo similar en 14 años de carrera judicial.
Febres tenía antecedentes cardíacos y sufría de diabetes, aunque no era insulino-dependiente, según determinó la autopsia. "Todo indicaría que fue una muerte natural por infarto, pero hay que esperar 20 días para conocer los resultados de los análisis que determinarán si ingirió alguna sustancia que le provocó el deceso", dijo uno de los abogados querellantes, Rodolfo Yanzón.
Los querellantes pidieron participar de la autopsia ante las dudas que surgieron entre ellos sobre las causas de la muerte del represor. Febres iba a ser el primer represor condenado por los crímenes de la ESMA desde la anulación de las leyes del perdón y la reapertura de un millar de causas penales paralizadas a fines de los 80.
