Luego de 60 días de aislamiento comunitario, algunos empleados plantearon la posibilidad de retornar a sus hogares y que sean reemplazados por otros trabajadores, lo que generó incertidumbre ante el recambio y obligó a la institución a recurrir a la justicia para lograr que el municipio o la provincia realice los test necesarios para "garantizar el aislamiento".
El viernes, el juzgado Civil y Comercial 2 de San Isidro, a cargo del juez Mariano García Franqueira, hizo lugar a la cautelar y ordenó al ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires realizar un cronograma de testeos para que la residencia pueda empezar el recambio de empleados con el correspondiente "test negativo" para no afectar a la población de adultos mayores y evitar una situación que sería "irreparable".
Al respecto, el abogado del geriátrico Ignacio Leguizamón señaló que "recurrimos a distintos entes para ver si podíamos acceder a un protocolo de control y al no encontrar respuestas, decidimos ir a la justicia con un amparo, que ayer se resolvió. El es primer amparo en este sentido para realizar testeos de control, ya que por ahora solo se hace en casos sospechosos".
El caso se conoció a fines de abril cuando Di Fabbio resolvió quedarse desde el 20 de marzo a realizar la cuarentena junto a los residentes, sin que nadie entre o salga del establecimiento para evitar contagios.
"Hace 40 días que estamos blindados, desde principios de marzo, cuando empezamos a ver con mucha preocupación lo que se pasaba en Europa y entendimos que también se va a replicar acá", contó en ese momento Di Fabbio a Télam.
"En ese momento decidimos consultarlo con el personal y la mayoría estuvo de acuerdo en hacer la cuarentena en el hogar, salvo algunos casos excepcionales que tenían hijos muy pequeños a los que no podían dejar", había asegurado la dueña de la residencia San José.
