El debate sobre el clientelismo y la financiación estatal de organizaciones sociales a las que se acusa de fomentar la violencia, acaparar armas y hasta tener vínculos con el narcotráfico siguió ayer provocando cruces entre funcionarios y referentes de la oposición.
Desde la Casa Rosada, Florencio Randazzo, calificó de "repudiables" la agresiones que sufrió Gerardo Morales la semana pasada en Jujuy pero desvinculó al Gobierno de los incidentes. "Jamás vamos a financiar una organización social para que tenga gente armada o sean concebidas como grupo de choque. Eso es un verdadero disparate", afirmó el ministro del Interior, que también consideró que "hay un componente de sobreactuación de algunos dirigentes que quieren sacar con esto algún rédito político" y pidió que "si alguien sabe de esta situación, tiene que denunciarlo a la Justicia".
El miércoles, Morales acusó en el Senado a la organización Tupac Amaru de actuar como una "mafia" que "gobierna" la provincia de Jujuy "aterrorizando a la gente" y apuntó a la "línea directa" que tiene su líder, Milagro Sala, con el matrimonio presidencial.
La bancada oficialista sumó su repudio al ataque contra el presidente de la UCR y apoyó el pedido de informes al Ejecutivo sobre el dinero que reciben las organizaciones sociales jujeñas y si tienen gente armada entre sus integrantes. Pero rescató la tarea social y rechazó la pretensión de vincular al Gobierno con la violencia.
Ayer, el diputado radical jujeño Miguel Giubergia, fue el primero en salir al cruce de Randazzo: "Pasaron casi siete días desde la agresión y el ministro del Interior se despierta recién ahora. Hubiera sido mejor que siguiera escondido", respondió. "Le aviso a Randazzo que ya hicimos la denuncia en la Justicia Federal de mi provincia", continuó. Y remató: "No cabe en la cabeza de ninguno de los que fuimos agredidos sacar rédito político de esta grave situación. El que busca sacar ventaja, usando el clientelismo, es el Gobierno, que financia sin ningún tipo de control a los piqueteros amigos".
En tanto el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, volvió a reivindicar a Sala al remarcar que gracias a la tarea social y las viviendas que construye la Tupac "perdió espacio la lacra del clientelismo político, el narcotráfico y los grupos mafiosos". También dijo "entender" que "a las estructuras políticas conservadoras de esa provincia les moleste una organización social que ya no tiene ningún tipo de ataduras clientelares".
Luis D'Elía negó cualquier vinculación de los grupos piqueteros con la violencia y aseguró que los "únicos que ejercen violencia, que matan y asesinan" o "crean un escuadrones de la muerte para moler a palos a los indigentes" son los "terroristas de derecha". Y se lamentó de que en esta sociedad "vale más un huevazo contra un blanco que la vida de un indio".
El líder de Quebracho, Fernando Esteche, también defendió a Sala y negó que su agrupación tenga armas de fuego. Mientras el legislador porteño kirchnerista Juan Cabandié acusó a la dirigencia opositora de "promover un golpe de Estado". En términos similares, el diputado K Edgardo Depetri, afirmó que Morales y Elisa Carrió azuzan el "clima destituyente".
Anoche, en San Salvador de Jujuy, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, donde se produjo el ataque contra Morales, realizó una marcha por la paz.
AVANZA LA REFORMA POLITICA
Con la presencia de la militancia habitual, la presidenta Cristina Kirchner presentará el miércoles próximo el proyecto de reforma política, que promueve un sistema de comicios internos abiertos, obligatorios y simultáneos para elegir candidatos a presidente y legisladores nacionales.
La intención del Gobierno es conseguir la aprobación de la ley antes del recambio legislativo del 10 de diciembre, cuando el kirchnerismo perderá la supremacía parlamentaria.
"La idea es que estos anteproyectos sean presentados la semana que viene y, por supuesto, si podemos tratarlos este año, mejor", dijo ayer el ministro del Interior, Florencio Randazzo, a cargo de la redacción de las iniciativas que anunciará la Presidenta.
Una de las medidas que provocarán más polémica en los partidos más chicos es que quien quiera presentarse como candidato deberá obtener, al menos, el 3% de los votos del padrón general. De esa manera, las fuerzas políticas más pequeñas podrían ver fuertemente restringido el acceso a una candidatura nacional. Esto las obligará a formar alianzas para concretar sus postulaciones. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, lo explicó ayer con ironía. "Vamos a estar todos garantizados de que los que se presentan tienen detrás una masa crítica que los acompaña y los clubes de admiradores no podrán presentarse; tendrán que tener forma de partido político con afiliados que los respalden".
El proyecto prevé un sistema de elecciones internas copiado del que se emplea en la provincia de Santa Fe. El Gobierno impulsará que en 2011, unos meses antes de las elecciones generales del cuarto domingo de octubre, todos los partidos definan el mismo día y en todo el país a sus candidatos. Las primarias serán obligatorias para todos los ciudadanos, independientemente de que estén afiliados o no a un partido.
Aunque el Gobierno lo niegue, el proyecto cierra el círculo para la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Y si bien gran parte de los partidos coinciden en instalar las primarias para definir las postulaciones, entrevén una jugada a la medida del ex presidente.
El proyecto del Gobierno que será debatido por el Congreso antes de que finalice el año prevé que ningún candidato podrá presentarse si antes no pasó por la elección interna. Tampoco podrá competir aquel que haya perdido. En la Casa Rosada refuerzan que Kirchner mantiene hoy un 30% del electorado en la provincia de Buenos Aires, y que en el resto del país controla al peronismo, lo que le posibilitaría mediante su alianza con los gobernadores dejar en el camino a otros competidores internos, como el senador santafecino Carlos Reutemann o el ex presidente Eduardo Duhalde.
OPOSICION MIRA CON TEMOR LA REFORMA POLITICA DEL GOBIERNO
La oposición encendió una luz amarilla de alarma ante la inminente llegada al Congreso de un proyecto de reforma política que alienta el Gobierno. Teme que se trate de "otra trampa" del Poder Ejecutivo para imponer la candidatura de Néstor o de Cristina Kirchner en 2011 y restarles poder de fuego a los partidos opositores.
Según trascendió, la iniciativa del Gobierno contempla la introducción de elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias, como también el financiamiento estatal de las campañas electorales. Asimismo, incluiría fuertes exigencias a los partidos políticos que deseen participar de elecciones nacionales, como la necesidad de acreditar una importante cantidad de afiliaciones en todo el territorio nacional.
No le resultará tarea sencilla al oficialismo aprobar en tiempo récord esta norma, antes del 10 de diciembre. Primero, porque este tipo de legislación requiere mayoría agravada en ambas cámaras y, segundo, porque la oposición en su conjunto ya planteó algunas disidencias de fondo, aunque de manera dispar.
El radicalismo no mira con malos ojos la posibilidad de elecciones internas, abiertas y simultáneas, pero reclama la instrumentación de la boleta única (en reemplazo de la boleta sábana) y exige una fuerte regulación del uso de los fondos públicos por parte del Gobierno en momentos de campaña.
"Debe quedar muy claro que quien gobierna no debe sacar ventaja usando la caja pública para la campaña", advirtió el jefe del bloque de diputados radicales, Oscar Aguad.
En el PJ disidente, en cambio, observan que la obligación para los partidos de convocar a elecciones internas, abiertas y obligatorias estaría concebida para entronizar a Kirchner como candidato del PJ. "Sospecho que la reforma política es una nueva trampa del oficialismo para el proyecto reeleccionista de Néstor Kirchner", advirtió ayer el diputado Francisco de Narváez (Unión Pro), quien reclamó, al igual que Aguad, que se incluya la aplicación de la boleta única, mecanismo que el oficialismo no contemplaría.
También el Partido Socialista alienta la boleta única. Y cuestiona las fuertes restricciones a los partidos para participar en los comicios nacionales. Según los borradores de la iniciativa que circulan por algunos despachos legislativos, se obligaría a las agrupaciones a reunir al menos el 4 por mil de afiliados sobre el total del padrón nacional.
"No estamos de acuerdo con esto, y reclamaremos una fuerte regulación de la publicidad oficial", sostuvo la diputada Silvia Augsburger (Partido Socialista).
Las restricciones para participar de elecciones nacionales ya desataron preocupación en los partidos más pequeños, como los de la centroizquierda, que pusieron el grito en el cielo. "No vamos a consentir que se pretenda eliminar la participación de los partidos minoritarios", enfatizó Claudio Lozano (Proyecto Sur).
En “El Cronista”: La primera minoría en ambas cámaras, el radicalismo, anunció a través de su Mesa Nacional la conformación de un grupo de trabajo técnico para analizar la propuesta del Gobierno junto a las iniciativas con estado parlamentario sobre reforma política. La intención del partido es debatir la propuesta oficial, aunque el diputado Pedro Azcoiti, quien estudia el tema, advirtió que aun resta saber “si el tratamiento va a ser a libro cerrado”.
STRASSERA, CONTRE EL PROYECTO DE ADN COMPULSIVO
El ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, salió al cruce del proyecto de ADN que impulsa el kirchnerismo y que podría tener el miércoles media sanción en Diputados. Strassera puntualizó que los niños que fueron adoptados durante la dictadura militar "tienen derecho a negarse" a ser sometidos a extraerse sangre compulsivamente para determinar cuáles son sus padres biológicos.
"No se puede tratar de defender los derechos humanos contra los derechos humanos", afirmó Strassera en una entrevista concedida a radio Continental.
El proyecto de ley kirchnerista establece que un juez puede ordenar pruebas de ADN en base a la "extracción de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas" en el caso de los imputados por sustracción o sustitución de identidad.
La iniciativa provoca una fuerte polémica. La primera en salir con los tapones de punta fue la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. En una conferencia de prensa brindada la semana pasada, señaló: "Es terrible que se vote la ley para la extracción compulsiva de ADN en la búsqueda de identidad. Esa ley no está dirigida a proteger los derechos humanos sino que está dirigida, y tiene nombre y apellido, a los hijos de la señora (Ernestina) Herrera de Noble. Quiero denunciar al matrimonio. Esto es fascismo puro".
Carrió asoció el proyecto a una "venganza personal" de Kirchner y se mostró dispuesta a que sus legisladores den pelea en el Congreso: "Los hijos de Herrera de Noble son nuestros hijos", dijo.
Horas más tarde, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien respalda a la ley, criticó con dureza a la chaqueña. Lo mismo hicieron los habituales voceros del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
DUHALDE, POR LOS ACUERDOS
Este es el país más fácil para gobernar de Sudamérica. Falta que nos pongamos de acuerdo. Propongo que hagamos acuerdos o pactos en seis temas importantes para gobernar a partir de 2011", dijo ayer Eduardo Duhalde durante el "Foro Plural de Reflexión Institucional", que se realizó en el Club Español y en el que participó un variopinto grupo de dirigentes políticos.
El discurso del ex presidente se centró en críticas hacia el sistema presidencialista que impera en la Argentina. "No tenemos todavía un traje a medida. El traje a medida de Estados Unidos, que copiamos, nos vino muy mal a nosotros", señaló.
En la misma mesa estaban, entre otros, Rodolfo Terragno y Ricardo Gil Lavedra y José Octavio Bordón. El gobernador santafesino Hermes Binner y el ex jefe de Gabinete K, Alberto Fernández, estaban invitados pero se excusaron por "problemas de agenda".
LEY DE MEDIOS: COMISION EJECUTIVA COMIENZA SIN LA OPOSICION
Con dos decretos reglamentarios publicados ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno avanza a paso redoblado para poner en marcha la nueva ley de medios, aún cuando parte de la oposición plantee su nulidad, o que debe esperarse hasta el 10 de diciembre -recambio legislativo- para designar a quienes integrarán los organismos creados por la norma.
El decreto 1525 firmado por la presidenta Cristina Kirchner es una muestra de que el Gobierno quiere implementar la Ley en tiempo express, y en una carrera contra reloj que hace sudar a los funcionarios kirchneristas encargados de que las cosas lleguen a puerto.
El decreto establece que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el nuevo COMFER, iniciará sus funciones el 10 de diciembre. Y el artículo 3° dispone que el Directorio de siete miembros también lo hará desde esa fecha "con los miembros designados".
De esa manera, para el Gobierno la autoridad de aplicación se pondría en marcha aún si la oposición no designase a ocho legisladores para integrar la Comisión Bicameral, que debe a su vez elevar al Ejecutivo los nombres de tres postulantes para el Directorio.
Otros dos directores serán designados por el Ejecutivo. Y dos más, por el Consejo Federal de 38 miembros (con mayoría de gobernadores) que también fue invitado por decreto a integrarse.
De acuerdo con la norma, el Gobierno deberá recibir los nombres de los postulantes a directores en un plazo máximo de 30 días corridos previo a la fecha de inicio del mandato. Significa que a más tardar el 10 de noviembre, tanto la Bicameral como el Consejo Federal deberían haber designado sus candidatos. Quedan menos de tres semanas, y esos organismos aún no están constituidos.
En una jugada para darle "transparencia" y evitar críticas opositoras, el Gobierno dispuso que el procedimiento para la designación definitiva de los postulantes tendrá como referencia el decreto 222 de 2003, por el cual Néstor Kirchner se autolimitó en sus facultades presidenciales y sometió a los candidatos al escrutinio de la sociedad.
LEY DE MEDIOS: UCR RECLAMA A LA JUSTICIA SUSPENDER SU APLICACIÓN
El radicalismo pedirá ante la Justicia que se suspenda la aplicación de la ley de medios, hasta que se defina si existieron irregularidades en el trámite legislativo de la sanción y publicación de la norma, tal como denunció la oposición. La presentación la hará a principios de la semana próxima, a través de una impugnación judicial a la ley ante el fuero contencioso administrativo federal, adjuntando la solicitud de una medida de acción inmediata.
El escrito cuestionará el procedimiento de formación y sanción de la norma, y pedirá la suspensión de su aplicación, alegando que el texto fue publicado con modificaciones que no fueron aprobados en el Congreso. También pedirá que se investigue el presunto delito de "adulteración de documento público". A su vez, los radicales ingresaron ayer en las dos Cámaras un pedido de nulidad de la controvertida "fe de erratas" que entró desde Diputados la noche en la que los senadores debatían el proyecto de ley. El secretario parlamentario Juan Estrada, que responde al kirchnerismo, no puso a consideración los cambios a dos artículos que remitían a otros en forma equivocada.
En la presentación se argumenta que al tratarse la ley en Diputados se autorizó a Eduardo Fellner, titular de esa Cámara, a incluir sólo "correcciones ortográficas y de numeración en el articulado", que resultó "sugestiva" la demora de 23 días en ingresar las modificaciones "sin informar a los senadores". Para los radicales, "se modificó sustancialmente" lo aprobado por la Cámara alta.
También para María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica, Samuel Cabanchik (Probafe) y el interbloque de peronistas disidentes y provinciales analiza llevar el reclamo a la Justicia.
Ante el pedido de impugnación en las dos instancias, administrativa y judicial, el radicalismo decidió no proponer los nombres de sus representantes en la Comisión Bicameral que tendrá entre una de sus funciones designar a los tres miembros parlamentarios de la autoridad de aplicación. El resto de los sectores de la oposición con lugar en esa comisión anunció una postura similar.
DOS DIPUTADAS OPOSITORAS EN CARACAS
"Nuestros gobiernos se asemejan en el intento de concentrar poder comunicacional", afirmó ayer la diputada radical Silvana Giúdici en Caracas, durante el Primer Encuentro por la Libertad de Expresión e Información Venezuela-Argentina 2009. Además de la titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, en la reunión estuvo su colega Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, quien acusó al gobierno argentino de apelae a "leyes restrictivas y la distribución de recursos" para "fragmentar la voz privada y fomentar la voz pública". La apertura estuvo a cargo del Concejal Metropolitano de la capital venezolana, Freddy Guevara -opositor al presidente Hugo Chavez-, quien resaltó la importancia de tener "medios y periodistas libres, que puedan llevar el reclamo social ante los diferentes sectores de la sociedad". Por su parte, Giúdici denunció que le impidieron visitar al prefecto de Caracas Richard Blanco -otro opositor a Chavez- detenido en la cárcel de Yare. "La hegemonía comunicacional es un pilar de la autocracia", afirmó la diputada.
MORALES Y COBOS SE REUNIERON POR LA UNIDAD DEL RADICALISMO
Llegaron muy tarde, y se sentaron a una larga mesa, lejos de miradas indiscretas. Rodeados de dirigentes de confianza, el vicepresidente Julio Cobos y el jefe del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, dieron en la madrugada de ayer el primer paso hacia la unidad partidaria, más allá de que la desconfianza mutua y los intereses contrapuestos continúan.
Pasadas las 23 del miércoles, el vicepresidente y el titular de la UCR llegaron al hotel Howard Johnson, en la zona de Recoleta, con objetivos compartidos: bajar los decibeles de la pelea pública por el control de la UCR y la candidatura presidencial, que desde hace meses dividen aguas en el partido.
Del lado de Morales se sentaron el cordobés Mario Negri; el chaqueño Angel Rozas; el bonaerense Ricardo Alfonsín y el porteño Ricardo Gil Lavedra. Junto al vicepresidente estuvieron los bonaerenses Leopoldo Moreau y Federico Storani; el intendente de Junín, Mario Meoni, Enrique Nosiglia y su hijo Juan, titular de la Juventud Radical.
Según asistentes al encuentro, el primer acuerdo al que Morales y Cobos arribaron fue esforzarse por encontrar una "conducción unificada" antes de la elección de la futura conducción partidaria, el 4 de diciembre.
No se habría hablado de candidatos, aunque la eventual reelección de Morales incomoda a Cobos, que sigue prefiriendo al senador Ernesto Sanz en ese lugar. El legislador mendocino ansía luchar por la gobernación de su provincia en 2011 y propuso para ese lugar a Morales.
"No estoy peleando un cargo para mí", dijo Morales para calmar los ánimos. "No debemos repetir errores del pasado", asintió Cobos, aunque dejó en claro su no a las reelecciones de cualquier tipo. Los dos acordaron no definir, por ahora, el respaldo radical a una eventual candidatura de Cobos a la presidencia. También dejaron las próximas jefaturas de los bloques en Diputados y el Senado "a criterio de los legisladores", aunque cada sector tiene sus candidatos: el cobismo apuesta a la continuidad de Oscar Aguad en Diputados, mientras que el sector de Morales postula a Ricardo Alfonsín. El propio Aguad participó también de la reunión de ayer.
A pesar de las buenas intenciones, los problemas de fondo se mantienen. Cobos quiere el levantamiento de las sanciones contra los miembros de su espacio para que puedan regresar a la UCR, de la que fueron suspendidos luego de haberse sumado a la concertación kirchnerista. Es el paso previo a contar con el apoyo radical para su candidatura a suceder a Cristina Kirchner en 2011.
Para mostrar que su acercamiento al partido que lo expulsó "de por vida" va en serio, Cobos acortará su estadía en la República Dominicana y estará el viernes 30 en un homenaje al ex presidente Raúl Alfonsín en el cementerio de Recoleta. No estará, sin embargo, en el multitudinario festejo que esa noche organizará Morales, en plena calle, frente a la vieja sede partidaria de la calle Alsina.
COBOS RECIBIO A EMBAJADORA NORTEAMERICANA
La embajadora y el vicepresidente En el despacho de Julio Cobos creen que viniendo de una diplomática fue toda una señal: la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, fue a visitar ayer a Julio Cobos, apenas tres días después de haber atravesado las alfombras de la Casa Rosada para presentar las cartas credenciales a Cristina Kirchner. El comunicado oficial señala que coincidieron en promover la democracia y los derechos humanos. También de lo bella que es Mendoza, la provincia del vicepresidente, donde estuvo la embajadora la semana pasada. No revelaron si en el menú de temas se incluyó algún comentario sobre el mal trago que pasó Martínez en la provincia al toparse con un escrache "made in Argentina". Como muestra de lo nutrida que está la agenda de Cobos, por la tarde pasó a verlo Gabriela Michetti, la ex vicejefa de Gobierno macrista. Dicen que fue a pasarle datos sobre el affaier de espionaje en la Ciudad. Entre una audiencia y otra, el vice se dio tiempo para atender la interna radical, donde acaba de acercar posiciones con el sector de Gerardo Morales, al que aceptó cederle la designación del futuro jefe del Comité Nacional.
BUSTO Y HOMENAJE A RAUL ALFONSIN
Después de las críticas al busto de Raúl Alfonsín de la Casa Rosada por su escaso parecido al fallecido ex mandatario, nadie puede dejar de comparar la obra con la otra que acaba de terminarse y que en los próximos días será emplazada en el mausoleo de la Recoleta, donde yacen los restos del primer presidente del período democrático iniciado en 1983. El hecho coincidirá con una serie de homenajes al último prócer radical, por tratarse del mes en que les dio la alegría del primer triunfo sobre el peronismo a los que calzan boina blanca. Por eso, el 30 se descubrirá una placa en el mítico departamento que ocupó el ex presidente, en la avenida Santa Fe al 1600. El homenaje correrá por cuenta del Gobierno de la Ciudad, a propuesta de la Legislatura.
CRECE LA CONTROVERSIA POR AEROLINEAS
El Gobierno negó ayer que los sindicalistas Pablo Moyano (camioneros) y Omar Viviani (taxistas) hubieran viajado en el controvertido vuelo 1204 de Aerolíneas Argentinas a Montevideo, agregado la semana pasada, el día del partido entre la Argentina y Uruguay por las eliminatorias, que incluyó a funcionarios y dirigentes políticos. Confirmó, de todos modos, la presencia en ese vuelo de Facundo Moyano (el otro sindicalista hijo de Hugo, líder de la CGT), la del diputado porteño Juan Cabandié (Frente para la Victoria) y la de directivos de la línea aérea como el presidente, Mariano Recalde, y el director Eduardo de Pedro.
La respuesta corrió por cuenta del propio Recalde, que dijo que todos habían pagado el pasaje de su bolsillo y criticó a este diario. Anteayer, LA NACION había incluido, tras consultar a fuentes aeronáuticas, a Pablo Moyano y a Viviani en el pasaje. En el mismo texto, sin embargo, se consignaba la negativa de voceros de los gremios.
"La publicación supone deshonestidad intelectual de parte del periodista", dijo Recalde al canal América 24. "LA NACION toma notas que le pasaron los periodistas del diario Crítica , que es de un ex directivo de Aerolíneas [por Antonio Mata]. Me gustaría que mañana el diario saque una desmentida aclarando que por lo menos se equivocó al publicar eso", afirmó a Radio Continental.
LA NACION intentó ayer, sin éxito, obtener la lista de viajeros. Al asistir a una reunión de la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones en el Congreso, Recalde confirmó ayer la presencia de Facundo Moyano, De Pedro y Cabandié, y dijo haber remitido la nómina al Ministerio de Planificación. Una hora después, el portal Infobae.com publicaba una de las listas, la correspondiente al vuelo de ida (1204), de 41 pasajeros
No incluyó sin embargo la lista de regreso (vuelo 1205), que volvió de Montevideo con unas 15 personas más. Tampoco la del vuelo 1961, que trajo a los futbolistas hasta Ezeiza y en el que también viajaron extras, lo que provocó quejas en algunos jugadores esa noche. Voceros de Aerolíneas confirmaron, por ejemplo, que Recalde había vuelto con los jugadores, no en el Boeing. "No podemos dar las listas, hay tipos que no tienen por qué salir en los diarios", se excusaron. Los mismos ejecutivos agregaron que Pablo Moyano había ido al partido "pero en Buquebus", lo que contradijo al vocero del sindicalista, que aclaró que "Pablo no fue al partido".
Recalde recibió ayer, desde temprano, según fuentes cercanas a la empresa, muchas llamadas del Ministerio de Planificación y la orden de aclarar la cuestión. Al mediodía, la compañía difundió tres versiones de un comunicado en el que afirmó que la decisión de agregar el avión había obedecido a que los vuelos 1202 y 1203, que salieron ese día por la mañana, estaban sobrevendidos. Sin embargo, empleados de la empresa dijeron a LA NACION que el primero de los aviones de ese día, el de las 7, había salido con una ocupación de apenas 70%.
En la conferencia, dada junto al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, Recalde le atribuyó al controvertido vuelo una ganancia "superior a 10.807 pesos". El Boeing 737-700 utilizado tiene 144 plazas y voló, según Recalde, sólo con 41 pasajeros, lo que fue considerado por el sector una medida de escasa racionalidad económica.
DAS NEVES FORMA BLOQUE PROPIO
El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, anunció ayer en el Congreso que dos diputados y una senadora nacional que le responden se alejarán del oficialismo y formarán bloques separados. El motivo de la decisión fue la disconformidad de la provincia con la negativa de la Casa Rosada a conceder la coparticipación del impuesto al cheque.
Un día antes de anunciar la medida, Das Neves había recibido con elogios al ex presidente Eduardo Duhalde en Chubut.
Das Neves dijo también que el próximo martes su provincia presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda por la supuesta "inconstitucionalidad" del mecanismo de percepción del impuesto al cheque.
Los legisladores que se separarán del Frente para la Victoria son los diputados Manuel Morejón y Eva García de Moreno y la senadora Silvia Giusti. Formarán el bloque Trabajo y Dignidad. A partir de diciembre, los bloques "dasnevistas" quedarán integrados por Morejón, Oscar Currilén -reemplazará a García de Moreno- y Graciela Di Perna, que asumirá en la banca de Giusti.
REABREN EN CANJE DE DEUDA
El Gobierno anunció la reapertura del canje para todos los tengan en su poder bonos argentinos en default. Se reabre así la operación que concretó el Gobierno de Néstor Kirchner en 2005, y que en ese momento logró una aceptación del 76%.
Para relanzar el canje, se iniciarán trámites con los organismos reguladores de mercado de Estados Unidos, Italia y Alemania. El lunes la Casa Rosada enviará al Congreso un proyecto de ley para que se suspenda temporalmente la vigencia de la llamada "Ley cerrojo", y así poder reabrir la operación sin ninguna traba legal.
El ministro de Economía, Amado Boudou, hizo el anuncio ayer en conferencia de prensa. "Esta decisión de la presidenta Kirchner se inscribe en el marco de retorno de la Argentina al mercado financiero internacional", explicó.
Aunque se desconocen aún los detalles técnicos, la oferta pública involucrará unos 20.000 millones de dólares en títulos aún en default, más los intereses acumulados. Tendrá una quita superior al 65%, aseguró Boudou. Además consideró que espera "un piso de aceptación del 60%". En el mercado local, el anuncio disparó una suba de los bonos.
El Ministro explicó cómo será el trámite en el Congreso. El lunes "se enviará al Congreso el proyecto de ley para suspender la ley cerrojo". "Queremos que este instrumento de regreso al mercado financiero internacional tenga el máximo nivel institucional". Y recordó que la decisión surgió a partir de la oferta de tres bancos: Barclays, Citigroup, y Deutsche.
Boudou recalcó que el canje "no tendrá ningún costo porque la Argentina no pagará comisiones".
Un punto importante de esta operación es que el Gobierno pondrá como condición que quienes entren al canje (o al menos parte de ellos) también aporten plata. "Queremos recibir en efectivo al menos el equivalente al 10% del valor nominal de los bonos que se canjean". Como Boudou se conforma con una aceptación del 60%, podría estimarse que Economía espera recibir "cash" por 1.000 millones de dólares, aunque no se aclaró a qué plazo. Boudou dijo que espera poder pagar por esa plata una tasa de "un dígito".
