Nivio había reclamado inicialmente la derogación del Decreto Nº 2.067/08, por el cual el Poder Ejecutivo nacional impuso a los usuarios residenciales un recargo con el supuesto fin de obtener fondos para la importación de gas natural. De acuerdo con el análisis del legislador, se trata en realidad de un nuevo impuesto, medida que solo puede ser establecida por el Poder Legislativo, por lo cual debería anularse por inconstitucionalidad.
El diputado del Partido Socialista, mediante otra presentación legislativa, también reclamó la derogación de las resoluciones dictadas hacia fines del pasado año por la Secretaría de Energía de la Nación, que dispusieron fuertes incrementos tarifarios para el consumo de gas natural. De igual forma, Nivio además planteó la eliminación de la norma dictada por la misma dependencia oficial que impuso recargos por mayor consumo al establecer el Programa de Uso Racional de la Energía, más conocido como PURE.
En la sesión efectuada en las últimas horas por la Cámara de Diputados de la Provincia, los legisladores aprobaron los dos proyectos de Resolución presentados por el diputado Carlos Nivio, por medio de los cuales se reclama la derogación de todas las normas dictadas por el Gobierno nacional y que, en conjunto, impusieron un brutal aumento en las facturas por consumo de gas natural a la gran mayoría de los usuarios del servicio.
Cabe destacar que el legislador del Partido Socialista fundamentó sus iniciativas con un pormenorizado análisis de las disposiciones y procedimientos llevados a cabo por el Poder Ejecutivo nacional para establecer los elevados recargos tarifarios. Dicho estudio le permitió poner en clara evidencia la ilegalidad de los mismos, por no haberse cumplido ni con la Constitución ni con las leyes vigentes.
Particularmente, Nivio resaltó que el Gobierno nacional estaba obligado a convocar a Audiencia Pública antes de disponer un incremento en las tarifas, a efectos de informar a la población sobre los motivos por los que se pretende tomar esa medida, la situación del servicio y de las empresas distribuidoras, entre otros aspectos; y por otra parte conocer la opinión de los usuarios al respecto. De tal forma se garantiza escuchar la voz de los consumidores y el acceso a la información, algo que las autoridades nacionales parecen querer eludir.
El legislador socialista considera que se debe proceder a una revisión integral de la estructura tarifaria del gas natural, atendiendo a la situación socioeconómica de cada uno de los usuarios, de forma tal de posibilitar que los sectores de bajos y medios recursos puedan disponer de dicho servicio público esencial a un costo compatible con los ingresos familiares.
