Horas después, se alcanzó un entendimiento y el sistema seguirá igual hasta el primero de agosto, cuando se especula con la definición de una ley que los regule.
El Gobierno provincial pretendía que desde el 1 de marzo de este año no puedan ingresar en el servicio de Transportes Escolares los vehículos que superen los 13 años de antigüedad, mientras que desde enero de 2018 esa condición se reducirá a los 12 años de antigüedad y a partir de 2019 a los 10 años.
A esto se suma la obligatoriedad de dotar de GPS a las unidades, un gasto que los transportistas dijeron que no están en condiciones de costear, y un control que no están dispuesto a tener, pues impediría actividades que desarrollan durante los fines de semana.
El nuevo reglamento que impulsaba el gobierno de María Eugenia Vidal, a través de una disposición del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, también bloquea la posibilidad de trabajo en el servicio, como conductores, a quienes superen los 65 años de edad.
“Si esta nueva reglamentación se concreta va a ser devastador para el sector. Muchos trabajadores más se van a quedar afuera de la actividad, y no podemos permitir eso”, indicó el titular de la Cámara del Transporte Especializado de la provincia de Buenos Aires, Roberto Zagame, en la previa a la reunión que mantuvo con el vicegobernador Daniel Salvador y funcionario de Servicios Públicos.
El vicegobernador Salvador comandó la negociación con la Cámara y los funcionarios del ministerio que conduce Roberto Gigante, donde se llegó al acuerdo de no implementar las nuevas disposiciones hasta el próximo 1 de agosto y, al mismo tiempo, se comprometieron a sancionar un proyecto de Ley en la legislatura provincial que regule la actividad, donde ambas partes deberán saldar sus diferencias.
