Según subrayaron, “para tomar esta decisión el Grupo de Trabajo consideró la información sobre todas las causas judiciales contra Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones como por el propio Estado”.
“Y concluyó que 'la privación de libertad de la señora Milagro Sala es arbitraria' y que debe ser liberada. También le encomendó al Estado informar sobre las medidas de seguimiento de la resolución, entre las que se incluyen la fecha de su liberación”, enfatizaron.
Las entidades que habían impulsado el reclamo ante la ONU señalaron que “la decisión del Grupo se dictó en aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dos instrumentos que tienen jerarquía constitucional en nuestro país”.
“Su ejecución, lejos de ser una opción, es un deber del Estado ante la comunidad internacional y el sistema jurídico argentino”, resaltaron en el pedido a Malcorra, que también fue entregado al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Y agregaron: “Ante decisiones de órganos internacionales de derechos humanos, el Estado no puede utilizar como excusa que se trataría de una supuesta interferencia indebida en otros poderes o jurisdicciones. Tal proceder significaría desconocer sus obligaciones internacionales, el rol que tiene el Estado federal como garante y numerosos antecedentes”.
