Fuentes judiciales informaron que la magistrada dictó el procesamiento por “encubrimiento agravado” de Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani; y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.
Los cuatro procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.
El procesamiento había sido solicitado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien el año pasado los citó a indagatoria, mientras que se conformó un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y la Suprema Corte de Justicia bonaerense los suspendió por 120 días.
Y en reemplazo de Novo, Caro y Vaiani la Procuración General de la Corte provincial nombró a Beatriz Molinelli como fiscal general y John Broyard como su adjunto.
Por su parte, Carrió y otros legisladores nacionales y provinciales de la Coalición Cívica ya habían pedido en 2010 el Jury para el fiscal Novo pero ese requerimiento fue rechazado en su momento.
Luego, en 2013, Carrió declaró como testigo en la causa por encubrimiento y aportó “todos los hechos que conocía sobre el rol de Novo, los hermanos (Eduardo y Gustavo) Juliá (condenados por narcotráfico en España) y (el ex jefe de gabinete kirchnerista) Aníbal Fernández”, explicó a Télam una fuente de la investigación.
Es que la acusación a Novo y sus colaboradores apunta a un presunto encubrimiento del doble crimen de los ciudadanos colombianos Jorge Alexander Quintero Gartner (35) y Héctor Edilson Duque Ceballos (35), acribillados a balazos en 2008 en el Unicenter Shopping, el cual se cree fue ideado por Gustavo Juliá.
Para el fiscal federal Domínguez, los imputados “instrumentaron una deliberada y sistemática maniobra compuesta de diversos actos de entorpecimiento, frustración y obstaculización del normal desarrollo” de la investigación por el doble crimen, a cargo de los instructores judiciales Luis Angelini y Diego Grau.
Según el acusador, los ahora procesados tuvieron “el fin de brindar cobertura e impunidad a la red narcocriminal que contextualizó y motivó los homicidios de Unicenter”.
Y entre las maniobras utilizadas por los imputados precisó “la desafectación de funcionarios encargados de las pesquisas, la quita o no asignación de personal y recursos, las exhortaciones informales destinadas a archivar las actuaciones, situaciones de amedrentamiento y violencia psicológica laboral y filtración de información reservada que privó de éxito diversas medidas probatorias”.
