Si bien minimizó el impacto del fallo de la Corte porque recayó sólo sobre en el 26% del consumo total de gas (que son los hogares) y el restante 74% (industria y comercios) tendrá que pagar el reajuste, advirtió que habrá un “costo fiscal importante” y el dinero tendrá que salir de otra área, aunque evitó dar precisiones sobre la magnitud.
Las tarifas para las industrias y comercios seguirán de acuerdo con el cuadro tarifario que entró en vigencia el 1 de abril, por lo que esos sectores de la economía tendrán que abonar incrementos de hasta 500 por ciento respecto del mismo mes del año anterior.
Peña dejó en claro que el espíritu de la gestión es, una vez realizada las audiencias públicas, avanzar con la “actualización” de las tarifas porque la Argentina necesita generar inversiones que garanticen el aprovisionamiento para reducir la importación el déficit fiscal que ella produce.
“Este fallo confirma que tenemos que trabajar en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis profunda, producto de distorsiones y mentiras y, al final del día, una estafa, porque sin energía no se puede crecer y no hay futuro”, dijo el jefe de ministros.
Acompañado por los ministros de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y de Justicia, Germán Garavano, Peña dejó en claro que no es objetivo de la administración de Mauricio Macri “opinar ni discutir” el fallo del máximo tribunal de justicia, sino sólo “cumplirlo”.
Aranguren aclaró que en la audiencia pública que será convocada en el Boletín Oficial el Gobierno recibirá “todos los comentarios sobre la base del cuadro tarifario que establecimos este año” y, en paralelo, el ministro de Energía volvió a negar versiones de renuncia: “Mentalmente me siento bien”.
En medio de la tensión social que generó el hasta ahora trunco ajuste de tarifas, el Gobierno saldrá a buscar un acuerdo político con la oposición para impulsar la revisión integral de las tarifas de los servicios públicos hacia fin de año.
En ese sentido, el funcionario habló también de una iniciativa oficial de convocar a un “acuerdo federal energético con las fuerzas políticas, los gobernadores, la sociedad civil y el sector empresarial”.
“Es un desafío muy grande que tenemos como sociedad dar ese debate para mirar el largo plazo”, dijo el funcionario y consideró que hubo muchas señales en el primer semestre de que es posible discutir y a modo de ejemplo citó los casos de la salida del default o la reparación histórica a los jubilados.
“Hay que buscar un acuerdo más general en este sentido, por ejemplo tomando el documento que firmaron los principales candidatos presidenciales -excepto el del Frente para la Victoria- con los ex secretarios de energía el año pasado”, dijo Peña.
El funcionario evaluó que el fallo de la Corte “no es el escenario más negativo (para el Gobierno) respecto de lo que podría haber sido una orden de retrotraer el 100 por ciento de los aumentos”.
