El juzgado que quedó a cargo de las causas es el Federal Uno de San Isidro, cuya titular es Sandra Arroyo Salgado, quien le reclamaba desde hacía tiempo al juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, que llevaba adelante el expediente en el fuero ordinario, que inhibiera de seguir interviniendo.
La divergencia llegó a la Corte nacional que, en una resolución de menos de una carilla, en la que se remite al dictamen de la procuradora fiscal Irma Adriana García Netto -quien propició la medida finalmente adoptada-, dispuso la competencia en favor de la Justicia Federal.
En su fallo, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, consideraron: "Si no puede descartarse por el momento la existencia de una o más organizaciones narcocriminales detrás de los homicidios de los ciudadanos colombianos y la determinación de ilícitos propios que están siendo investigados por el fuero de excepción -narcotráfico y lavado de activos-, estos hechos podrían haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo, por lo que deben ser juzgados por un único magistrado".
El fallo de la Corte fue concordante con el dictamen de la procuradora fiscal, quien el 30 de diciembre consideró que los crímenes de los tres colombianos deben investigarse en la Justicia federal porque puede haber bandas narcocriminales involucradas y un presunto encubrimiento de las mismas por parte de la fiscalía general de San Isidro.
"Existe la razonable presunción de que tanto las víctimas del homicidio como sus ejecutores se encontraban implicados en una red de narcotráfico, que ése es el motivo de las muertes, y que la existencia y composición de esa red es lo que se pretende ocultar a través de las acciones desplegadas por los funcionarios de la fiscalía general de San Isidro) denunciados", expresó en su escrito García Netto.
Se trata de los asesinatos de Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, alias "Monoteto" cometidos el 24 de julio de 2008 en el estacionamiento de ese centro de compras de la localidad bonaerense de Martí¬nez, y el de Juan Sebastián Galvis Ramí¬rez, perpetrado en San Fernando el 23 de febrero de 2009.
Hasta ahora esas causas tramitaban ante el juez Rossignoli, pero Arroyo Salgado le reclamó que se inhibiera de seguir interviniendo.
La resolución de Arroyo Salgado se basaba en los resultados de la investigación de Rossignoli, en la que interviene el fiscal Luis Angelini, la cual estableció que los colombianos emigraron hacia Buenos Aires luego de que el grupo paramilitar "Autodefensas Unidas de Colombia" quedara desarticulada y su máximo lí¬der detenido en los Estados Unidos por narcotráfico.
"Estos antecedentes, sumados a que las ví¬ctimas no tení¬an aparentemente ingresos compatibles con su lujoso estilo de vida, hací¬an sospechar relaciones con el tráfico de drogas o blanqueo de capitales originados en ese delito, y aún más, que tales actividades no eran ajenas al motivo de homicidio, pues la evidencia sugerí¬a que aquél se trató de un crimen por encargo", señaló la jueza.
En el dictamen, la procuradora fiscal recordó que Arroyo Salgado también refirió que los acusados de los homicidio serían, según testigos, barrabravas del club Boca Juniors y que los teléfonos móviles que usaban registraban contactos con la empresa Federal Aviation, de Gustavo Juliá, condenado y preso en España, junto a su hermano Eduardo, por tráfico de una tonelada de cocaína.
En ese marco, estableció que los imputados tenían contactos con otro sospechoso, Martí¬n Magallanes, dueño de la droguería Unifarma y ex socio de Sebastián Forza (34), asesinado en General Rodríguez junto con Damián Ferrón (37) y Leopoldo Bina (35) por su vinculación con el tráfico de efedrina.
La jueza federal también mencionó la denuncia del fiscal Angelini contra el entonces fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y sus adjuntos, actualmente suspendidos en el cargo, a quienes acusó de conspirar contra el desarrollo de la causa por los homicidios para presuntamente encubrir a Juliá.
El expediente contra Novo, acusado de encubrimiento y otros delitos, también tramita ante la misma magistrada.
"Para la jueza federal, la causa que lleva adelante relativa a la presunta existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes se encuentra estrechamente vinculada tanto a los homicidios como al presunto encubrimiento organizado desde la fiscalí¬a general", destacó la procuradora.
En esa causa, los investigadores determinaron la existencia de una relación de amistad entre Novo y Juliá, así¬¬ como que el abogado de Juliá, Carlos Broitman, es el esposo de Mariana Busse, una secretaria que se designó especialmente para "trabajar" con Angelini y luego se descubrió que mantení¬a gran cantidad de comunicaciones con defensores de los sospechosos.
