La defensa de Schoklender había cuestionado la validez de un allanamiento, de declaraciones testimoniales, los balances y estados contables de la Fundación y la negativa del juez federal Norberto Oyarbide (entonces a cargo del sumario) de acumular la causa con otra que tramita el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi.
La defensa impugnó, también, los informes de distintos organismos que colaboraron durante la instrucción del sumario, entre ellos los presentados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Banco Central de la República Argentina.
Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Gemignani y Mariano Borinsky afirmaron que los planteos de las defensoras no reúnen las características de una “cuestión federal”, requisito que habilita la intervención del tribunal.
Con relación a la “arbitrariedad” invocada por la defensa, los camaristas señalaron que “es preciso recordar que para que prospere la impugnación con ese respaldo, es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida, que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido”.
Sobre la recusación de Oyarbide, el tribunal indicó que se trataba de un tema “abstracto”, porque la causa pasó al juzgado de Martínez De Giorgi.