En una rueda de prensa, presentaron el documento y reflexionaron sobre el tema el titular de la comisión de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano; el coordinador nacional de la comisión de Drogadependencia, Horacio Reyser; y los integrantes del organismo, Horacio Castellano y el padre José María 'Pepe' Di Paola.
El documento se inicia con una frase del exarzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio -hoy papa Francisco- en la inuaguración en 2008 de un centro de rehabilitación en la villa 21-24, en la que aseveró que “la sociedad anula a las víctimas de las drogas y las hace sobrantes”.
“La creciente tolerancia social, la disminución en la percepción del riesgo y en gran medida la exclusión social generaron en la sociedad desánimo, desorientación y confusión”, alerta el texto, que exhorta a “no criminalizar al adicto, sino que hay que escucharlo, recibirlo y acompañarlo en un camino que le permita tener una vida digna”.
En ese sentido, Lozano dijo que como sociedad “tendemos a no hacernos cargo del problema, sino que miramos para otro lado” y añadió que “se escucha mucho el mensaje de que cada uno haga lo que quiera con su vida pero después nadie se hace cargo de acompañar adecuadamente a quienes caen en las adicciones”.
Por eso, desde el documento, la Iglesia advierte que -si bien “hay avances significativos en materia de inclusión social- se percibe una “ausencia histórica y estructural del Estado” frente al problema y aclara que “no se trata de ningún gobierno en particular, sino de algo que como sociedad no terminamos de asumir”.
Señalan asimismo que proyectos legislativos, como los planteados el año pasado, en torno a la despenalización estaban centrados en un “análisis apurado y superficial” y se refieren a la necesidad de “crear previamente instrumentos y espacios adecuados para dar contensión y asistencia” a los adictos.
Al respecto, Reyser dio detalles del programa de atención, educación y prevención que desarolla la Iglesia en todo el país, a través de centros barriales y de ayudar a “tomar conciencia” frente al “marketing de la droga” instalado en la sociedad.
Por su parte, el padre Pepe Di Paola -que actualmente cumple su tarea pastoral en villas de José León Suárez- destacó el trabajo conjunto que realizan la sociedad civil, los distintos credos y el Estado en esos centros barriales, cuya experiencia se está
replicando en distintas provincias.
El sacerdote, que en 2009 debió abandonar su trabajo en las villas porteñas tras haber sido amenazado de muerte, remarcó que en los últimos años pudo observar una “presencia mayor del Estado” en el conurbano bonaerense “con mayor cantidad de escuelas”.
Por último, en el texto difundido hoy, la comisión remarca que “no se puede reducir el problema a una dimensión económica, sanitaria, jurídica o de seguridad”, sino que se debe “concentrar en las personas, en los que más sufren, en los pobres y excluidos, en los que están solos y abandonados, y también ayudar a los que, en el medio de la abundancia, han perdido el sentido de la vida”.
