El proyecto fue cuestionado, entre otros aspectos, por "inconstitucional", "garantizar la impunidad en la causa AMIA", "blanquear el régimen iraní" y "dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco ciudadanos iraníes", dijeron los opositores.
Para garantizar el quórum de 129 presentes, el oficialismo hizo volver a sus bancas a dos diputados que habían pedido licencia y debieron renunciar a sus cargos provinciales -el chubutense Carlos Eliceche y la tucumana Beatriz Mirkin-, lo cual generó la queja opositora y el planteo de algunas cuestiones de privilegio por el episodio. En realidad, a las 12.15 de ayer, quince minutos antes de cumplirse la media hora de tolerancia, el Frente para la Victoria celebró tener en sus bancas 130 diputados, que treparon enseguida a 132, cuando se ubicaron en sus sitios el jefe del bloque, Agustín Rossi, y su vicepresidenta, Juliana Di Tullio. Al comenzar en lo formal la sesión ya había 135 diputados en el recinto.
Al cierre del debate, a las 2 de la madrugada, Rossi dijo que "nunca como hoy lo que hemos hecho, desde el 2003 a la fecha, en la causa AMIA ha merecido tanto reconocimiento por parte de la oposición".
Según el santafesino, "no es Irán un eje de nuestra política internacional, no es Irán un objetivo de nuestra política. Llegamos a Irán porque la Justicia nos dice que los principales sospechosos son ciudadanos iraníes" y por "un cambio de nuestra política internacional".
Además, manifestó que los "nueve años anteriores" al kirchnerismo "fueron de encubrimiento, vergüenza y de destrucción de pruebas" y enfatizó que el Gobierno lo que siempre hizo es "tomar riesgos" para evitar que "las cosas sigan como están".
"Nosotros buscamos la verdad, no queremos quedarnos sólo con el culpable. Queremos que cumplan con lo que les corresponde a través de la Justicia", abundó.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona, había defendido el proyecto al inicio de la sesión al asegurar que el objetivo "central" del memorándum "es que presten declaración indagatoria los imputados iraníes" por el atentado, cometido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos.
La titular del GEN, Margarita Stolbizer, acusó al Gobierno de "no querer esclarecer los crímenes" por el ataque terrorista y denunció que se sometió la causa "a las necesidades, primero que nada, financieras y fiscales" del Ejecutivo.
El denarvaísta Gustavo Ferrari, en tanto, consideró que "tiene que haber algo atrás" del tratado suscripto para que se pongan "en riesgo los códigos rojos" emitidos por Interpol y para no haber consultado "al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y al fiscal (Alberto Nisman) en estas decisiones".
Pasada la medianoche, el jefe del bloque macrista, Federico Pinedo, rechazó el acuerdo y recordó que "Irán se ha negado a reconocer la jurisdicción de la Justicia argentina en este caso" y que también se negó a aceptar la vía de un tercer país, como propuso la presidenta Cristina Fernández.
A la vez, advirtió que no es cierto que Interpol no pueda levantar la orden de captura para los imputados iraníes, y afirmó que en realidad la Policía Internacional sí puede hacerlo "si no están de acuerdo en un convenio bilateral entre países, y este es un convenio internacional".
El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, igual que su correligionario Mario Negri había hecho horas antes, destacó que el entendimiento con Irán termina "con uno de los consensos básicos más importantes" mantenidos en esta etapa democrática de la Argentina, que es la "búsqueda de verdad y justicia" por el atentado a la mutual judía, y dijo que la propuesta es "un error gravísimo del Gobierno".
El peronista disidente Felipe Solá había dicho que la Comisión de la Verdad, que habilita el memorándum, es en realidad "una comisión pseudo-judicial" que contará con "un carácter supranacional por encima del Código Penal Argentino" y acusó al canciller Héctor Timerman de ser "tibio" y favorecer a un "blanqueo" de Irán.
Mientras, el jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, indicó que el memorándum es "un error", y reclamó "la desclasificación total de los archivos de la SIDE que tienen que ver con la causa de la AMIA, y la creación de una comisión investigadora independiente".
El referente del bloque Unidad Popular, Claudio Lozano, afirmó que su bancada, junto con sus socios políticos del FAP, no iban a canjear "verdad y justicia por geopolítica, intereses económicos y comerciales" y apuntó que, como hace 19 años, "en lugar de avanzar sobre la participación del Estado argentino en el crimen de la AMIA, se coloca el devenir de la causa AMIA en el marco del conflicto de Medio Oriente".
