La ley entró en plena vigencia este año, luego que fuera reglamentada por el gobierno en diciembre, y en el primer semestre la Justicia recibió 3.488 causas, un promedio de 317 por cada juzgado.
Se trata de casi la mitad de expedientes que ingresaron en los dos años previos, cuando regía la norma anterior.
La nueva ley de medicina prepaga, la 26.682, obliga la inclusión de prestaciones básicas a personas con discapacidad y elimina el período de carencia para el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Asimismo, prohíbe el rechazo de admisión de usuarios con enfermedades preexistentes y el aumento de la cuota por edad a afiliados mayores de 65 años con más de 10 de antigüedad, entre otros cambios.
Esas modificaciones, explicaron las fuentes consultadas, significaron una ley más clara, que puso límites a la discrecionalidad en la aceptación de las coberturas médicas.
La mayoría de los reclamos judiciales tenían que ver con discusiones sobre las prestaciones, por prótesis, cobertura de colegios para chicos con necesidades médicas, algunos de los cuales se siguen recibiendo en el fuero pero que viraron a cuestiones más complejas.
Ahora se presentan reclamos por fertilización asistida, tratamientos de adicciones, coberturas en geriátricos o por las llamadas enfermedades de baja incidencia, que son aquellas poco comunes.
"No es bueno judicializar estos conflictos. A nivel legislativo habría que avanzar en alguna instancia de mediación o administrativa para que las partes pueden establecer un diálogo cada a cara", opinó en diálogo con esta agencia Alfredo Gusmán, juez de la Cámara Civil y Comercial Federal.
"Esto va a acelerar la resolución del conflicto que, en definitiva, es lo que interesa", concluyó.
