"En ningún momento la Comisión -que denunció presuntas irregularidades cometidas por el magistrado- actuó en busca de un plan de seguridad, sino haciendo uso de las facultades constitucionales que son otorgadas a los efectos del control", apuntó Villegas en un comunicado.
El CELS y otros organismos de derechos humanos señalaron en un documento que "Sal Lari está siendo acusado por hechos falsos", que se "buscan emparentar los reclamos de seguridad con restricciones en el ejercicio de derechos" y que el Jury es "impulsado por una campaña política y mediática que utilizó la figura del juez como chivo expiatorio".
El documento del CELS también lleva la firma de la Comisión por la Memoria (CPM), el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires (RJP), entre otros.
"Sal Lari -reiteró el legislador- será juzgado no por garantista, sino por no cumplir con la ley, tanto al momento de liberar detenidos como al momento de dejar 7 meses detenida a una persona a la que se le había ordenado liberar".
Villegas también rechazó la existencia de "presiones", como denunciaron esas entidades: "La Comisión Bicameral sólo ha recibido mensajes telefónicos y escritos intentando ejercer presión sobre la decisión de los legisladores que la componen provenientes de estos organismos que hoy tildan el caso como una campaña política y mediática".
