Los abogados que presenciaron el operativo y, según la jueza, suscribieron el acta fueron Alejandro Carrió y Roxana Piña.
Arroyo Salgado afirmó que "el comisario que estaba a cargo del procedimiento me ha transmitido que se interceptó una camioneta que conducían los letrados pero que en ningún momento hubo un hecho de violencia ni de muestra de armas, simplemente se los interceptó estando próximos y llegando al domicilio".
"Cuando fue la requisa más íntima sólo estuvo presente la técnica especialista, que debe asegurar el elemento que está secuestrando, y una testigo, nada más. Se hizo en presencia de dos personas, no en presencia de siete personas", dijo la jueza.
La magistrada agregó: "Ordené, como lo manda el código, que la requisa se hiciera por separado cuidando preservar el pudor de las personas teniendo fundamentalmente en cuenta que se trata de víctimas de un hecho denunciado, por lo cual que se realizara de la manera menos lesiva cuidando de no revictimizar".
En cuanto a las denuncias de que habría sido un operativo "vejatorio" e "intimidatorio", Arroyo Salgado comentó que "tengo muy presente lo que trascendió en los medios de comunicación que pude consultar pero lo que me llama la atención es que en todo lo actuado los abogados no dejaron constancia de nada de esto".
"Los abogados presenciaron toda la diligencia de allanamiento y requisa y firmaron de conformidad las actas y ninguna cuestión de esta naturaleza hicieron constar en las actas", enfatizó.
También indicó que en algunas informaciones publicadas en la prensa "se han fragmentado extractos de las órdenes que yo emití que se prestan a confusión y se han interpretado confundiendo la cuestión: jamás yo autoricé una requisa personal en la vía pública, eso no se ajusta a la realidad, la requisa debía llevarse a cabo dentro del domicilio".
Además remarcó, en declaraciones a radio Mitre, que al hablar el viernes en el juzgado con Marcela y Felipe les hizo saber que "ellos no serían las únicas presuntas víctimas de este hecho como tampoco son las únicas presuntas víctimas las dos familias querellantes sino hay potenciales y plurales víctimas de este hecho".
"En el mejor de los casos desde hace nueve años que (las víctimas) están buscando la verdad porque esta causa se inicio en 2001 y en el peor de los casos, se trata de 34 años, sin justicia y sin verdad si tenemos en cuenta que es un hecho que data de 1976", agregó.
La titular del juzgado federal de San Isidro recordó que la Cámara Federal de San Martín "me instruyó a abocarme a la instrucción del sumario sin más demora sin más dilaciones" porque, agregó, "se trata de un hecho que no es un delito de acción privada es un delito de acción pública por los bienes jurídicos protegidos, la libertad".
Por último, admitió que "no puedo definir" cuándo estará listo el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos que determinará si los Noble Herrera son hijos de desaparecidos porque "depende de la fecha en que el banco fije para comenzar el peritaje.
"También hay un tiempo para que las partes puedan designar su perito de parte para vigilar el modo en que se realiza el peritaje", añadió.
