La carta será entregada al secretario de Inclusión y Derechos Humanos, Daniel Lipovetzky; al subsecretario de Derechos Humanos, Agustín Berón; y al director general de Atención y Asistencia a la Víctima, Alejandro Collia.
"Les hacemos llegar nuestro repudio por las más de 300 suspensiones al pago de la asistencia económica a aquellos sobrevivientes que la hayan solicitado en virtud de los tratamientos médicos y/o psicológicos que tengan que realizar", afirmaron en el texto.
Al respecto, consideraron que esa "situación" que están "sufriendo es un ejemplo más de la persecución, exclusión y discriminación que los sobrevivientes" soportan "por parte del Estado y de la sociedad desde el momento mismo en que ocurrió el siniestro".
La carta explica que el subsidio comenzó a ser otorgado el 1 de junio de 2005, en un principio por período de siete meses, a las víctimas que salieron con vida de la tragedia pero sufrieron situaciones "vulnerabilidad", "desequilibrio e indefensión" Tras varias prórrogas, debido a las "dificultades" que tienen los sobrevivientes "para insertarse en el mercado laboral", un decreto de 2008 estableció que los sobrevivientes de Cromañón fueran seguidos médicamente por la Subsecretaria de Derechos Humanos.
Además, el gobierno de Mauricio Macri implementó un censo, por medio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que "no abrcó a la totalidad de los sobrevivientes. "Denunciamos que estas suspensiones a los subsidios de algunos de los sobrevivientes revisten, primero, un carácter arbitrario debido a que nunca se ha hecho un seguimiento y un relevamiento efectivo de todos los casos", destacaron.
