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Murió un preso que hacia huelga de hambre en la unidad 9 de La Plata

Un hombre de 40 años detenido en la Unidad 9 de La Plata murió mientras realizaba huelga de hambre en protesta por el endurecimiento de las normas penales y procesales, junto a otros reclusos que siguen la medida de fuerza, informaron fuentes penitenciarias y de los reclusos.
El fallecido fue identificado como Rubén Persagui, estudiante universitario en el interior del penal y quien también era portador del virus HIV, que estaba procesado a la espera del resultado de un recurso ante el Tribunal de Casación bonaerense.

La huelga de hambre ya lleva diez días de duración en la cárcel platense que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense y el pasado fin de semana se ha extendido a los penales federales de Villa Devoto y Marcos Paz, aseguró el colectivo de presos "La Cantora".

Persagui participaba de la huelga de hambre que se inició el lunes 18 para pedir la flexibilización del Código Penal respecto del cómputo de prisión preventiva, libertad condicional y penas perpetuas, como así también contra futuros cambios en el Código de Procesal Penal.

Al inicio de la protesta se señaló que la huelga es "contra el endurecimiento de las normas penales y procesales" por lo que solicitan "que los jueces y los legisladores ejerzan el control de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica".

Los privados de la libertad que protestan son los internos de los pabellones 4,9, 10 y 17 de la Unidad 9 y en las últimas horas se sumaron internos de las cárceles de Marcos Paz y Devoto, extendiéndose la medida a las cárceles federales. Según el documento, se exige la "derogación o inaplicabilidad de la Ley que derogó el 2 x 1", "derogación del Art. 14 del Código Penal, en cuanto a que se les permita a los reincidentes el derecho a la libertad condicional" y la "modificación de los Art. 5 y 6, en cuanto a la derogación de las penas a perpetuidad (prisión perpetua y reclusión perpetua)".

Además reclaman "la modificación de la Ley que acota y limita las excarcelaciones", "fijar un plazo razonable de la prisión preventiva (tope máximo de tres años y seis meses)" y "la unificación de los criterios para la interpretación de los informes criminológicos que nos realizan para acceder a los derechos y beneficios de las leyes de ejecución", entre otros.

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