Casal afirmó: "Desgraciadamente acerté en mi presagio" porque hay "un crecimiento del delito que no es cuantitativo sino cualitativo porque han trepado las tipificaciones penales".
"Lo que antes era un hurto hoy es un robo, lo que era un robo simple hoy es robo con arma y hoy los robos se han transformado en robo y homicidios", dijo. Y agregó que "hay una incorporación de violencia y armas que nos causa preocupación".
Casal anticipó que el martes próximo va a "discutir y charlar con los bloques de la Legislatura una limitación a las excarcelaciones para el que usa arma de fuego y el que utiliza a menores, porque hemos visto que en los últimos episodios de muertes en manos de un menor siempre estaba un mayor".
En declaraciones a los periodistas, el ministro rechazó la idea de elevar las penas frente al recrudecimiento del delito: "En mi opinión no creo que sea necesario agravar las penas; ya se intentó, pero acá hay que trabajar con mucha prevención policial y muchísima celeridad judicial para que la gente tenga la certeza de cuándo va a haber una sentencia firme".
El ministro de Justicia se mostró cauteloso ante la denuncia de su par de Seguridad, Carlos Stornelli, sobre un plan de desestabilización por parte de la Policía Bonaerense que, utilizando menores o personas carenciadas, ha generado los últimos hechos violentos ocurridos en la provincia.
"Es importante que un órgano imparcial tenga esta investigación tan específica y compleja. Vamos a estar muy expectantes a lo que dictamine la Justicia sobre esta denuncia", señaló.
Casal confirmó además que en las próximas semanas los efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se harán cargo del traslado de los detenidos de comisarías a juzgados y oficinas periciales, "liberando así a unos 1.800 policías que hoy realizan esa tarea, los que pasarán a cumplir funciones en las calles". Esta semana cuatro reclusos de la comisaría de Lomas del Mirador murieron en un incendio luego de protagonizar un motín, situación que generó nuevas críticas de organismos de derechos humanos por no haber cumplido con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia para desalojar a los reos de las comisarías bonaerenses y remitirlos a otros centros de detención.
