La decisión del Poder Ejecutivo de no ejecutar la ley del Congreso hay que rastrearla en la negociación de un acuerdo con Marsans, surgido luego de la ley de expropiación. Los términos de ese convenio -que no se termina de plasmar-, son que Aerolíneas asuma la compra de unos 35 aviones Airbus, dentro de un lote de 63 aviones que Marsans había firmado con la empresa fabricante europea, a fines de 2007.
Si bien en el Gobierno esa compra es presentada como una "oportuna" decisión comercial, también operaría como una indemnización encubierta para el grupo español. De hecho, Marsans cedería voluntariamente sus acciones en las dos líneas aéreas y no avanzaría con la denuncia que presentó contra el Estado argentino ante el CIADI, el organismo de arbitraje de disputas del Banco Mundial.
En esa negociación es clave el rol del Gobierno español. Sólo eso explica semejante muestra de tacto con un grupo empresario por parte de una administración que en las últimas semanas viene dedicando parte de su tiempo para nombrar directores del Estado -a través de la Anses- en casi 20 empresas privadas.
El jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamó en forma personal a la presidenta Cristina Kirchner que arribara a un acuerdo amistoso con el grupo Marsans, en más de una oportunidad. Sus funcionarios se pusieron en contacto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, para que el Estado español saliera como garante de los créditos -que otorgan, además, bancos españoles- para financiar esa operación, que sería a diez años y por no menos de 2.000 millones de dólares. Pero también habrían surgido disputas dentro del propio gabinete de Rodríguez Zapatero alrededor de toda la operación por el traspaso de Aerolíneas.
Desde fines de febrero, voceros del Gobierno kirchnerista aseguran que el acuerdo está "casi listo". Pero la única fecha que hoy arriesgan es que podría ser anunciado "antes de las elecciones". Desde que el Estado asumió la gestión de Aerolíneas y Austral, hace diez meses, ambas empresas acumulan una pérdida de aproximadamente 260 millones de dólares.
Con la estatización de facto, además, el Estado se hizo cargo del pasivo de Aerolíneas Argentinas, que acumula otros 200 millones de dólares adicionales. Los últimos números en firme son de febrero, cuando la compañía registró un "rojo" operativo de 18 millones de dólares. En marzo y abril las pérdidas habrían sido levemente superiores, aseguraron fuentes cercanas a la compañía de aviación.
Esas mismas fuentes defendieron la gestión estatal, a cargo del ex-intendente platense Julio Alak, quien redujo las 168 gerencias que tenía la empresa en la época en la que la operaba el grupo español Marsans a las actuales 70. Y ponderaron que Aerolíneas y Austral hayan retomado su función como línea de fomento. "Hace un año, Aerolíneas llegaba a 20 destinos y hoy llega a 34 destinos. La mayor parte de esos vuelos son deficitarios, pero cumplen una función de integración territorial", precisaron.
